Prohibición indefinida del uso de drones provoca protestas y debate público en provincia afectada

En Misiones, el Ministerio de Ecología tomó esa decisión que afecta a establecimientos rurales de la provincia; fuerte rechazo de cámaras empresariales

POSADAS, Misiones. La Subsecretaría de Ecología y Desarrollo Sustentable de la provincia publicó la Disposición 104 que prohíbe por tiempo indeterminado el uso de drones para la aplicación de productos fitosanitarios, una medida que desató el rechazo inmediato del sector productivo. La suspensión, adoptada sin consulta previa con cámaras y productores, reaviva un conflicto entre control ambiental y prácticas agrícolas que usan tecnología de precisión.

La norma prohíbe explícitamente el empleo de vehículos aéreos no tripulados para tratamientos fitosanitarios y domisanitarios en todo el territorio provincial, mientras que otro artículo del mismo organismo instruye la elaboración de una reglamentación vinculada al artículo 60 del Decreto N° 2556/2022. Esa contradicción, entre suspensión y llamado a reglamentar, generó incertidumbre sobre si el objetivo final es regular o restringir definitivamente la herramienta.

Las cámaras empresarias y productivas de Misiones anunciaron medidas de protesta y convocaron a una reunión con el ministerio, que será encabezada por el ministro Martín Recamán, según confirmó Guillermo Fachinello, presidente de la Confederación Económica de Misiones (CEM). Fachinello, también vinculado con la Asociación de Productores, Industriales y Comerciantes Forestales de Misiones (Apicofom), dijo que el sector pretende llevar aportes técnicos para una regulación que permita el uso seguro de la tecnología.

Desde el Ministerio de Ecología justificaron la medida por denuncias de intoxicaciones en las localidades de San Javier y Pozo Azul, e indicaron que la prohibición busca “proteger la salud de la población y el ambiente”. Esa explicación no conformó a los productores, que plantean que la respuesta debería ser normativa y formativa, no una suspensión general.

Productores y cámaras sostienen que en un territorio de chacras pequeñas, laderas y plantaciones de yerba y té, el dron representa una alternativa segura cuando el tractor no puede operar. Según su argumento, prohibir la tecnología no reduce la aplicación de fitosanitarios pero sí hace recaer la tarea en métodos más antiguos y más expuestos para las personas y el ambiente.

En un comunicado conjunto, la Cámara de Comercio y Producción de Libertador General San Martín resaltó que el dron “permite aplicar la dosis justa, en el lugar justo, con menos producto y mucha menos agua”, y aleja al trabajador del contacto directo con químicos. Esa precisión y reducción de insumo son, para las cámaras, argumentos técnicos que deberían pesar en cualquier decisión regulatoria.

El conflicto aparece en un contexto político donde la provincia ya vivió debates acalorados por la prohibición del glifosato, impulsada por el exgobernador y líder político Carlos Rovira, y por un Registro Provincial de Infractores Ambientales (Repia) que generó rechazo en el campo. La disputa llevó a que la Legislatura derogara la prohibición al herbicida mediante una ley sancionada el 3 de septiembre, lo que dejó en evidencia la tensión entre gobierno y productores.

La CEM advirtió que Misiones necesita previsibilidad para invertir e innovar, un planteo que resonó en sectores en crisis como yerba, té, tabaco y forestoindustria, todos sensibles a cambios regulatorios abruptos. La percepción dominante entre los productores es que normas dictadas sin diálogo profundizan la inseguridad jurídica y afectan decisiones de inversión y tecnología.

Qué está en juego para la producción y la innovación

La disputa por el uso de drones expone un dilema recurrente: balancear la protección ambiental y la salud con la adopción de tecnologías que pueden mejorar la eficiencia y reducir impactos. Si la prohibición se extiende, los productores temen pérdida de competitividad y mayores costos operativos en zonas donde las alternativas mecanizadas son inviables.

Para avanzar hacia soluciones, las fuentes del sector proponen una reglamentación basada en certificación de operadores, protocolos de aplicación, zonas de exclusión y registros de vuelos que garanticen trazabilidad y minimicen riesgos. En esa línea, el objetivo de la mayoría de los actores es conciliar prácticas seguras con la continuidad de herramientas de agricultura de precisión.

El encuentro convocado por el ministerio será la oportunidad para definir pasos concretos entre autoridades, técnicos y representantes del campo, y para que la discusión incorpore evidencia técnica y experiencias de otras provincias. El resultado será clave para establecer si Misiones opta por una normativa que habilite y regule el uso de drones o por restricciones más severas que impacten la producción local.

En el centro del debate están las personas que viven del campo y las decisiones que afectan su seguridad y su renta, por lo que la resolución requiere transparencia y participación. Si las partes priorizan el diálogo técnico, es posible diseñar reglas que protejan la salud pública sin resignar los beneficios de la innovación agrícola.

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