La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal ordenó que Aceitera General Deheza (AGD) reciba la devolución de un excedente abonado por derechos de exportación en una operación de subproductos de soja registrada en julio de 2022. En su fallo, el tribunal declaró inconstitucional el aumento aplicado por el decreto 131/2022 que elevó la alícuota del 31 % al 33 % para esa operación, y reconoció a la empresa el derecho a recuperar la diferencia reclamada.
La exportadora había pedido la devolución de $23.511.622,40 y la Cámara ordenó su reintegro con intereses, además de cargar al Estado nacional las costas del trámite ante el Tribunal Fiscal y la apelación judicial. Los magistrados explicaron que el Ejecutivo no contaba con una base de delegación legislativa suficiente para aumentar la alícuota de derechos de exportación en esa materia.
Qué resolvió la Cámara y por qué importa
Los jueces José Luis López Castiñeira y Luis María Márquez sostuvieron que el decreto que subió la alícuota careció de la “clara política legislativa” exigida por la Constitución para gravar tributos. Para fundamentar su decisión, remitieron al criterio de la Corte Suprema en el caso Camaronera Patagónica, que definió a los derechos de exportación como tributos cuyos elementos esenciales debe fijar el Congreso.
La Cámara explicó que la diferencia a reintegrar surge por la aplicación indebida del decreto 131/2022 en lugar del decreto 790/2020 y dispuso que los intereses se calculen desde la presentación del reclamo ante la Aduana hasta el efectivo pago, conforme a las tasas vigentes en cada período. El fallo revierte decisiones previas de la Aduana y del Tribunal Fiscal de la Nación, que habían rechazado el reclamo de AGD por mayoría.
Impacto práctico sobre exportadores y productores
Los especialistas advierten que aunque la carga tributaria se liquida en la exportación, el aumento puede repercutir en el precio que el exportador paga al productor por la materia prima. El contador Héctor Tristán puso un ejemplo ilustrativo: en una operación hipotética por US$ 1 millón en subproductos de soja, una retención del 31 % equivale a 310.000 dólares, mientras que al 33 % asciende a 330.000 dólares, una diferencia de 20.000 dólares.
Ese incremento, explicó Tristán, puede trasladarse en parte al productor aun cuando no sea quien ingresa formalmente el impuesto ante la Aduana, porque afecta el precio de compra de la materia prima y la dinámica comercial del sector. Por eso, en actividades que negocian millones de toneladas, dos puntos porcentuales pueden representar sumas relevantes en la cadena de valor agrícola.
Casos similares y el antecedente de LDC
La decisión llega en un contexto judicial con otros fallos sobre retenciones que benefician a exportadores, como el caso de Louis Dreyfus Company (LDC Argentina), cuya demanda por derechos pagados de más en operaciones de trigo fue confirmada por la Corte Suprema. En ese expediente, los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti declararon inadmisible el recurso extraordinario de la Dirección General de Aduanas, dejando firme una sentencia que había cuestionado la falta de ratificación legislativa de impuestos instaurados por normas administrativas.
Los especialistas señalan que cada exportador debe revisar sus operaciones, la normativa aplicable y los plazos procesales para evaluar posibles reclamos similares, ya que la sentencia de la Cámara es favorable pero podría recibir recursos. Además, la Cámara advirtió que la resolución podría no ser definitiva en el plano procesal, por lo que el seguimiento judicial es necesario para quienes quieran reclamar devoluciones.
En lo inmediato, la resolución trae alivio financiero a AGD y marca un precedente para otros exportadores afectados por el mismo aumento de alícuota, al reconocer expresamente el derecho al reintegro de lo abonado sin causa. Para el sector agroindustrial, el fallo refuerza la exigencia de que los aumentos tributarios de esta magnitud cuenten con soporte legislativo y aporta certidumbre sobre la vía judicial para recuperar montos pagados en exceso.


