Justicia ordena suspensión gradual de actividades y extinción de 243 contratos laborales en Algodonera Avellaneda

El magistrado Fabián Lorenzini tomó la decisión debido a las millonarias pérdidas de la operación; las unidades se conservarán a la espera de un comprador

El juez Fabián Lorenzini ordenó la suspensión gradual y ordenada de la actividad en las plantas de Algodonera Avellaneda, en el marco del proceso de quiebra que investiga sus pasivos. La medida alcanza a la hilandería de Reconquista (Santa Fe) y a las desmotadoras de Bandera (Santiago del Estero) y General Pinedo (Chaco).

En la resolución se declaró extinguida la relación laboral de 243 trabajadores, que quedan en situación de desempleo y podrán reclamar los sueldos e indemnizaciones pendientes. Desde la Justicia aclaran que no se trata de un cierre definitivo porque los activos están en venta y se conservarán bajo custodia.

El magistrado subrayó que la resolución —publicada como Resolución N° 634— busca “dejar de generar pérdidas mientras se procura un comprador” y que se concluirán los procesos productivos en curso sin ingresar nueva materia prima. Las plantas permanecerán bajo un régimen de conservación y custodia para preservar su valor productivo y facilitar una eventual reactivación por parte de un adquirente.

La Sindicatura explicó que la hilandería registra ingresos por aproximadamente $425 millones al mes frente a costos por $1239 millones, con un déficit mensual que oscila entre $565 y $815 millones. El informe judicial apunta a la energía como factor central del desbalance y recuerda que la Empresa Provincial de la Energía intimó el pago de más de $4600 millones bajo apercibimiento de cortar el suministro.

Impacto productivo y social

La paralización afecta no sólo a las plantas, sino a proveedores, transportistas y economías regionales cuya actividad depende de esas unidades productivas en Santa Fe, Santiago del Estero y Chaco. En comunidades pequeñas, la pérdida de fuentes laborales tiene un efecto multiplicador inmediato sobre el consumo y los servicios locales.

El juez abrió un plazo de 10 días corridos para que los fasoneros vinculados a la sociedad —entre ellos Sir Cotton SA, Vicentin Saic e Insumos XXI SA— analicen y ofrezcan alternativas de continuidad total o parcial. La Justicia exige que las propuestas sean “concretas y autosuficientes”, cubran salarios, cargas sociales, energía e insumos, y no generen nuevos pasivos para la masa concursal.

La Sindicatura fue encomendada a convocar de inmediato a los inversores registrados interesados en adquirir establecimientos o activos, en busca de ofertas que permitan la continuidad productiva. Mientras tanto, los bienes permanecerán conservados para maximizar su valor de venta y facilitar una posible reactivación industrial por parte de quien los compre.

La vinculación de la empresa con la familia Vicentin y la reiterada fragilidad del sector textil argentino ponen el caso en el centro de la discusión sobre política industrial y costos energéticos. La resolución vuelve a exponer la necesidad de medidas de fondo que reduzcan la presión sobre las plantas que aún son viables y mejoren el acceso a financiamiento y energía competitiva.

Para los trabajadores la resolución establece mecanismos para reclamar sueldos e indemnizaciones y el acceso al fondo de desempleo, con la Sindicatura informando las fechas y condiciones operativas. El proceso de venta y los 10 días para presentar alternativas serán, en los hechos, el plazo clave para definir si alguna unidad puede evitar el cierre definitivo.

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