El diputado nacional de Encuentro Federal Oscar Agost Carreño presentó un proyecto de ley que apunta a incentivar a los productores agropecuarios para que gestionen con criterios de responsabilidad ambiental los envases vacíos de fitosanitarios.
La iniciativa propone una serie de beneficios económicos y fiscales para quienes cumplan con la normativa vigente, de manera tal de alentar una gestión más sustentable del campo, con menor impacto ambiental.
Producto de la toxicidad de las sustancias o productos que contienen este tipo de envases, la reutilización de éstos debe realizarse siguiendo estrictas normas de higiene y seguridad para evitar riesgos sanitarios.
Sin embargo, no siempre esto ocurre. “La ley actual impone una obligación sin incentivos, lo que hace que su cumplimiento sea casi imposible de controlar. Nuestra propuesta cambia el enfoque: en lugar de sumar burocracia y sanciones difíciles de fiscalizar, premiamos a quienes hagan las cosas bien”, explicó Agost Carreño.
Y agregó que “en otros países, los incentivos funcionan mejor que las multas” como por ejemplo en Brasil, donde “el programa Campo Limpo logró recuperar más del 90% de los envases con un esquema de descuentos”.
“La sustentabilidad no puede ser solo un eslogan. Si queremos que el campo cuide el ambiente, tenemos que darle herramientas para que lo haga sin poner en riesgo su rentabilidad”, sostuvo el legislador cordobés.
El proyecto del diputado opositor establece que los productores que acrediten la devolución del 100% de sus envases podrán acceder a una deducción del Impuesto a las Ganancias, beneficios en el IVA y bonos de crédito fiscal intransferibles.
Además, se creará un Fondo Nacional para la Gestión Sustentable de Envases, que otorgará descuentos en la compra de agroquímicos, financiamiento para infraestructura de reciclaje y un sistema de pago por retorno.
Otro punto saliente de la iniciativa de Agost Carreño es la creación del Sello de Producción Sustentable en la Gestión de Envases, una certificación que permitirá a los productores acceder a créditos preferenciales, beneficios en compras públicas y bonificaciones en seguros agropecuarios.
Según indicó Agost Carreño en el proyecto, cada año se generan en Argentina cerca de 20 millones de estos envases fitosanitarios, lo que equivale a 17.000 toneladas de residuos plásticos.
“La normativa impone una carga sin generar ningún incentivo para su cumplimiento. Como resultado, los envases vacíos continúan abandonados en los campos, quemados a cielo abierto o reutilizados de manera ilegal, lo que genera un severo impacto ambiental y riesgos sanitarios”, argumentó el representante de Encuentro Federal.