En las próximas horas, el Gobierno tiene previsto anunciar una medida que podría marcar un antes y un después en la gestión de la infraestructura vial del país: la intervención de la empresa estatal Corredores Viales S.A. Esta decisión se enmarca en un contexto de profunda investigación y reestructuración, que ha desatado una puja interna entre dos figuras clave del gabinete: el ministro de Economía, Luis Caputo, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.
El Decreto 97/2025, emitido el 14 de febrero de 2025, autoriza la privatización total de Corredores Viales S.A., una empresa creada en 2017 para gestionar la construcción, mantenimiento y explotación de varios corredores viales y accesos en Argentina, incluyendo el emblemático Acceso Riccheri a la Ciudad de Buenos Aires. La medida busca optimizar la gestión de la infraestructura vial, reducir la dependencia del financiamiento estatal y mejorar la eficiencia en la prestación de servicios.
Corredores Viales S.A. ha enfrentado serios desafíos financieros en los últimos años. En 2023, la empresa registró un resultado negativo de $142.205 millones y pérdidas acumuladas de $268.676 millones, dependiendo en gran medida de transferencias del Tesoro Nacional para mantener sus operaciones. Además, aproximadamente el 45% de las rutas bajo su administración no se encuentran en óptimas condiciones, afectando la conectividad y seguridad vial en el país.
La Intervención y la Puja Interna
La intervención de Corredores Viales S.A. se produce en medio de una investigación exhaustiva que ha revelado irregularidades en la gestión de la empresa. Hasta ahora, la empresa ha estado bajo la órbita del ministro de Economía, Luis Caputo. Sin embargo, las versiones indican que la intervención estará a cargo de Anastasia Adem, una funcionaria que responde al subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem. Adem, quien se desempeñó como gerente general de la Casa de la Moneda entre 2020 y 2023, asumirá ahora la tarea de reestructurar y preparar a la empresa para su privatización.
Esta decisión ha generado una puja interna entre Caputo y Menem, quienes representan diferentes visiones y estrategias dentro del gabinete. Mientras Caputo ha defendido la necesidad de mantener el control sobre la empresa para asegurar una transición ordenada, Menem ha argumentado que una intervención más directa y contundente es necesaria para corregir los problemas estructurales y garantizar una privatización exitosa.
La privatización de Corredores Viales S.A. presenta tanto desafíos como oportunidades. Por un lado, la participación del sector privado podría aportar innovaciones tecnológicas y mejorar la calidad de los servicios viales. Sin embargo, la transición y la continuidad en la prestación de servicios deben gestionarse cuidadosamente para evitar interrupciones. Además, la disolución y liquidación de la empresa podría afectar a los empleados actuales, requiriendo medidas de mitigación y reubicación laboral.
El Gobierno ha dejado claro que la privatización es una prioridad para asegurar la conexión de las distintas regiones del país de manera segura y previsible. La intervención de Anastasia Adem será crucial para llevar a cabo esta tarea y preparar a la empresa para su futuro bajo gestión privada.
