Coninagro se sumó al reclamo del sector agropecuario contra la ley de la Provincia de Buenos Aires que autoriza a los municipios, por 180 días, a destinar hasta el 100 % de los fondos del Impuesto Inmobiliario Rural —originalmente afectados al mantenimiento vial— a la ejecución de obras hídricas. La decisión generó rechazo en la Mesa de Enlace y encendió un debate sobre prioridades presupuestarias en zonas rurales.
El choque de posiciones parte de un acuerdo en el diagnóstico y una disidencia en la solución; todos reconocen la necesidad de obras para mitigar las inundaciones, pero discrepan en financiar esas obras con recursos destinados a la red vial. Organizaciones como la Sociedad Rural Argentina (SRA), CARBAP y la Federación Agraria Argentina (FAA) ya habían expresado su malestar antes de la adhesión de Coninagro.
Para las economías regionales, los caminos rurales son la primera milla de la cadena agroalimentaria y su deterioro impacta directamente en la recolección, el tiempo de descarga y el costo logístico. Un camino intransitable no solo retrasa las cosechas, sino que también encarece el flete y complica el abastecimiento de alimentos en los mercados locales.
La propia norma toma como argumento el riesgo por el fenómeno El Niño, un contexto que, de confirmarse, exigirá precisamente más mantenimiento vial. Coninagro advirtió que privar a la red vial de sus fondos en el momento de mayor demanda de mantenimiento sería contraproducente y agravaría la situación de acceso en las áreas rurales.
LAS PROPUESTAS DE CONINAGRO PARA LOS CAMINOS
Con un tono constructivo, Coninagro planteó pautas que, según la entidad, deberían condicionar la promulgación o la reglamentación de la norma provincial. Estas propuestas buscan equilibrar la respuesta ante emergencias hídricas sin desfinanciar la conservación de la red vial rural.
- Que las obras financiadas se limiten al ámbito rural y guarden relación directa con la conservación de la red vial rural.
- La reposición al Fondo Compensador de Mantenimiento y Obras Viales de los recursos que se utilicen.
- La rendición pública de cuentas, municipio por municipio, del destino dado a esos fondos.
- La participación de los productores y de sus cooperativas en la definición de las obras, a través de las comisiones viales locales.
Además, Coninagro propuso que las obras hídricas cuenten con un fondo específico y recursos propios para no depender de medidas de emergencia que utilicen dinero ajeno a ese fin. La entidad sostiene que esa estructura garantizaría continuidad y planificación, en lugar de soluciones temporales que reorganizan prioridades.
La confederación también puso a disposición su red de cooperativas en el territorio bonaerense para relevar, distrito por distrito, el estado de los caminos y las obras hídricas prioritarias. En un comunicado publicado el 22 de octubre de 2026, Coninagro ofreció sentarse con cada intendente para definir qué obras son prioritarias y dónde deben ejecutarse.
IMPLICANCIAS PARA LA CAMPAÑA Y LA VIDA RURAL
Más allá del debate técnico, la disputa tiene efectos concretos en el funcionamiento diario del interior: escuelas rurales, centros de salud y familias dependen de vías transitables para acceder a servicios básicos. Quitar recursos a los caminos para destinarlos a obras hídricas podría obligar a comunidades enteras a elegir entre movilidad y prevención.
El desafío para la Provincia será conciliar la respuesta a emergencias por inundaciones con una política de largo plazo que garantice transparencia, participación y fondos estables. En ese punto, la demanda de Coninagro por rendición de cuentas y por mecanismos de participación local marca el tono de una discusión que definirá la logística y la resiliencia del sector agropecuario en los próximos años.
