La Corte deja firme una sentencia a favor de Louis Dreyfus y reaviva el debate sobre el artículo 755

La Corte Suprema rechazó el recurso extraordinario de la Dirección General de Aduanas y dejó firme una sentencia favorable a la cerealera Louis Dreyfus Company (LDC) por las retenciones aplicadas en 2007 y 2008, lo que obligará a calcular devoluciones con intereses. La decisión reabre el debate sobre el uso del artículo 755 del Código Aduanero y sobre hasta qué punto el Poder Ejecutivo puede modificar derechos de exportación sin una ley del Congreso.

La Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal había declarado inválidas varias resoluciones ministeriales —entre ellas la conocida resolución 125— al considerar que carecían de parámetros para fijar alícuotas. La Cámara entendió que, por su naturaleza tributaria, los derechos de exportación están sujetos al principio de reserva de ley, es decir, requieren una norma con alcance y límites claros aprobada por el Congreso.

La Corte sostuvo la decisión previa mediante el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial al estimar que el recurso no reunía agravio federal suficiente, por lo que no hubo un pronunciamiento de fondo sobre la constitucionalidad general de las retenciones. Como consecuencia práctica, la sentencia de mayo de 2025 quedó firme y ordenó la devolución de lo pagado indebidamente, que ahora deberá cuantificarse en instancias administrativas y judiciales posteriores.

Según fuentes judiciales, la liquidación final se realizará en el Tribunal Fiscal de la Nación y calculará para cada operación la diferencia entre lo efectivamente pagado y lo que habría correspondido abonarse con una alícuota de 20 % para el trigo, más los intereses fijados en la sentencia. Ese cálculo individualizado marcará el monto que las empresas y, en su caso, terceros podrán recuperar, lo que podría implicar sumas significativas dependiendo del volumen de operaciones afectadas.

Qué implica la decisión para productores y la discusión política

Andrea Sarnari, presidenta de la Federación Agraria Argentina, celebró la resolución como una reivindicación histórica y pidió la derogación del artículo 755 para evitar cambios tributarios discrecionales que afecten a los pequeños y medianos productores. Sarnari recordó además el precedente de Camaronera Patagónica de 2014 y advirtió que no pueden tolerarse reformas impositivas de un día para otro sin la intervención del Congreso y sin certeza jurídica.

Desde el sector exportador, Gustavo Idígoras, presidente de Ciara-CEC, valoró que la decisión “brinda seguridad jurídica” y dijo que el fallo sienta un precedente que refuerza la necesidad de que cualquier esquema de retenciones sea aprobado por ley. La posición de la cámara empresaria es clara: las retenciones y otros tributos vinculados a la exportación deben discutirse en el ámbito parlamentario y no quedar sujetos a decisiones administrativas sin parámetros establecidos.

Cómo se calcularán las devoluciones y qué seguirán los próximos pasos

La restitución ordenada por la Cámara se concretará mediante liquidaciones por cada operación afectada, comparando lo pagado con lo que correspondería con una alícuota de 20 % en el caso del trigo y adicionando los intereses señalados en la sentencia. Ese mecanismo puede tardar meses en completarse y llevará a audiencias técnicas y peritajes en el Tribunal Fiscal, donde se decidirán los montos definitivos que LDC y otros potenciales beneficiarios podrían recuperar.

En términos políticos y económicos, la sentencia vuelve a poner en agenda la relación entre Ejecutivo y Congreso en materia fiscal y la necesidad de reglas previsibles para el sector agroexportador, clave para la balanza comercial argentina. Habrá que observar si el Legislativo impulsa una reforma que precise límites y parámetros para el uso de instrumentos como el artículo 755, o si la controversia continuará resolviéndose en los tribunales en futuras demandas.

Para los productores la resolución trae alivio en términos de principio, pero incertidumbre práctica hasta que se concreten las devoluciones y se definan reglas claras para el futuro, algo que puede tardar en resolverse por la vía política. En lo inmediato, el fallo fortalece la estrategia de quienes reclaman mayor participación del Congreso en decisiones tributarias y deja abierta la disputa sobre cómo equilibrar políticas públicas, estabilidad fiscal y previsibilidad para el campo.