Algodonera en quiebra enfrenta solicitud de cierre de tres plantas y desvinculación de 243 empleados

La Sindicatura de la quiebra de Algodonera Avellaneda pidió a la Justicia que disponga el cese de las actividades; advirtió que la producción genera pérdidas de hasta $814 millones mensuales y que continuar con las operaciones agravaría las deudas

La Sindicatura que administra Algodonera Avellaneda S.A. presentó ante la Justicia un informe en el que recomienda el cierre de las tres plantas industriales de la compañía, lo que podría dejar sin trabajo a 243 empleados. El planteo fue elevado al juez Fabián Lorenzini, del Juzgado Civil y Comercial de la Segunda Nominación de Reconquista, quien deberá decidir si autoriza la continuidad de las operaciones o dispone el cese inmediato.

La empresa textil, vinculada a la familia Vicentin, fue declarada en quiebra el 14 de octubre pasado tras fracasar las negociaciones con acreedores y no aparecer oferentes para un plan de salvataje. En ese momento la Justicia permitió la actividad de las plantas de forma transitoria para preservar puestos de trabajo y facilitar una posible venta como unidades productivas.

Según el informe de la Sindicatura, la hilandería de Reconquista registra ingresos mensuales de apenas $424,8 millones frente a costos que pueden alcanzar los $1.239,5 millones, lo que explica pérdidas que llegan a $814,7 millones en el período analizado. Del total de costos, $354,5 millones corresponden a salarios y cargas sociales, mientras que la energía eléctrica implica entre $533 millones y $782,5 millones mensuales.

La acumulación de deuda con la distribuidora provincial agravó la situación financiera, ya que la Empresa Provincial de la Energía (EPE) intimó a la firma a pagar $4.603,9 millones y reportó un saldo exigible que superaba los $9.281 millones. Los síndicos advierten que los contratos de façón apenas alcanzan para cubrir salarios y que la factura eléctrica es el principal factor que hace inviable la continuidad.

El pedido formal de cierre afecta a 204 trabajadores en Reconquista, 21 en Bandera (Santiago del Estero) y 18 en General Pinedo (Chaco), según el desglose incluido en el dictamen. Además, la Sindicatura propuso mantener una dotación mínima para vigilancia, mantenimiento y prevención de incendios mientras se avanza en la venta de los activos, pero pidió que finalizados los trabajos en curso se extingan los contratos por causa de la quiebra.

Qué está en juego y por qué importa

La decisión judicial determinará no solo el destino de las plantas y la maquinaria, sino también el flujo de la cadena del algodón en el Norte del país, con impacto directo en economías regionales y proveedores locales. Mantener las instalaciones como unidades industriales completas es clave para evitar la liquidación de activos por separado, una salida que reduciría significativamente el valor de los bienes y complicaría la reactivación bajo nueva administración.

En las desmotadoras de Bandera y General Pinedo la situación es especialmente crítica porque la campaña de desmote finalizó en octubre y la próxima comenzará con la cosecha de 2027, por lo que esos establecimientos no generan ingresos hasta entonces. Hasta ahora esos gastos se financiaron con anticipos vinculados a trabajos futuros que, según la Sindicatura, implican asumir nuevas obligaciones que la concursada no puede soportar.

Los síndicos intentaron consensuar con las empresas que contratan façones, como Insumos XXI y Sir Cotton, el aumento de tarifas o la asunción del costo eléctrico por sus pedidos, pero esas alternativas fueron rechazadas. Esa falta de acuerdo aceleró la recomendación de cese, al considerarse que cada día de funcionamiento incrementa el pasivo del concurso y perjudica en última instancia a la masa de acreedores y a los propios trabajadores.

La eventual extinción de contratos laborales por la quiebra abre el camino para que los empleados reclamen prestaciones por desempleo y cobren sus créditos laborales en el marco concursal, pero ese proceso puede ser largo y ofrecer recuperación parcial de sus acreencias. La Sindicatura aclara que el cese de la explotación no implica abandono de las plantas y que se busca preservar la maquinaria e instalaciones industriales de alto valor para facilitar la venta como unidades productivas.

Más allá del caso puntual, el episodio expone problemas estructurales del sector textil argentino: alta dependencia de energía subsidiada o de bajo costo, contratos de façón con márgenes estrechos y dificultades para sostener plantas intensivas en electricidad. Para productores de algodón y economías regionales, la pérdida de capacidad de procesamiento local implica mayor riesgo de caída en precios de fibra y traslado de la industrialización a otras regiones o países.

La próxima resolución del juez Lorenzini marcará si se prioriza la continuidad temporal para buscar compradores o si se acepta el cierre inmediato con la extinción de contratos por causa de la quiebra. En cualquier escenario, la venta ordenada de las plantas como establecimientos industriales completos aparece como la alternativa que mejor preserva empleo potencial y el valor del activo para la cadena del algodón.

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