El intento del Gobierno de avanzar con una profunda reforma en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) quedó en suspenso tras dos decisiones de alto impacto. Primero, la jueza federal Martina Isabel Forns dictó una medida cautelar que suspendió la aplicación del Decreto 462/2025, al dar lugar a un amparo presentado por Apinta y ATE. Horas más tarde, el Senado rechazó el decreto con una contundente votación de 60 votos en contra, 9 a favor y 2 abstenciones, luego de que la Cámara de Diputados también lo desestimara días atrás.
El decreto proponía transformar al INTA de organismo descentralizado y autárquico en un ente desconcentrado, dependiente directamente de la Secretaría de Agricultura. Además, eliminaba su Dirección Nacional y disolvía el Consejo Directivo, pilares de la institución desde su creación en 1956.
La Justicia advierte sobre un “daño irreparable”
En su fallo, la jueza Forns consideró que existían los requisitos de “verosimilitud en el derecho” y “peligro en la demora” para ordenar la medida precautoria. Por eso dispuso que el Ejecutivo “se abstenga” de aplicar actos administrativos derivados del decreto, como traslados, cesantías, reubicaciones o supresión de estructuras vinculadas al INTA. La vigencia de la cautelar será de seis meses.
La magistrada remarcó que avanzar con la norma podría implicar un “daño irreparable sobre derechos laborales y sindicales”, ya que los artículos 73 y 74 del decreto delegan decisiones sobre estabilidad del personal en la Secretaría de Transformación del Estado, lo que contradice la legislación laboral argentina y convenios internacionales de la OIT, con rango constitucional.
Reclamo gremial y advertencias sobre el futuro del agro
El amparo fue impulsado por el secretario general de Apinta, Mario Romero, y por el titular de ATE, Rodolfo Aguiar. Ambos sindicatos sostuvieron que la reforma implicaba un “vaciamiento institucional” y una virtual disolución del organismo como ente autárquico. Señalaron que afectaba derechos adquiridos, convenios colectivos de trabajo y la estabilidad de más de 7000 empleados del INTA.
En su presentación también advirtieron que la medida representaba un retroceso institucional con consecuencias para el desarrollo agropecuario, la investigación aplicada y la planificación territorial. “El INTA es un actor estratégico para el futuro del campo argentino; transformarlo en una oficina administrativa sería condenar a la producción a perder competitividad”, alertaron.
Un antecedente: el freno a la reforma del INTI
El fallo de Forns se suma a otro reciente: el que frenó los cambios en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), también alcanzado por el Decreto 462/2025. En esa oportunidad, la jueza ordenó al Estado abstenerse de ejecutar cualquier acto administrativo que supusiera reubicaciones o despidos, con igual vigencia de seis meses.
El rol del Congreso y la pulseada política
En paralelo al frente judicial, la discusión llegó al Congreso. El Senado rechazó en bloque los decretos enviados por el Ejecutivo, incluido el que reformaba al INTA. El voto mayoritario confirmó la resistencia legislativa a una decisión que el Gobierno había justificado como parte de la “modernización del Estado”.
La votación fue leída en el oficialismo como una derrota política, ya que refuerza la percepción de que la Ley de Bases, aprobada meses atrás, otorgó facultades excesivas al Ejecutivo para intervenir en organismos estratégicos sin debate parlamentario.
Un organismo clave bajo la lupa
El INTA, creado en 1956 bajo el decreto-ley 21.680, se consolidó en casi siete décadas como el principal referente técnico del agro argentino. Su red de estaciones experimentales, centros de investigación y extensión rural le permitió acompañar a los productores en la adopción de tecnología y prácticas innovadoras.
Su continuidad como organismo autárquico es vista por gran parte del sector agropecuario como una garantía de independencia técnica. La reforma impulsada por el Gobierno, ahora suspendida, planteaba el riesgo de subordinar sus políticas a decisiones de coyuntura política y administrativa.
