El Congreso argentino se encuentra debatiendo un proyecto de ley que busca eliminar progresivamente las retenciones agropecuarias hasta su completa eliminación en 2030. La iniciativa, presentada por legisladores de diferentes bloques, propone una reducción mensual de las alícuotas a partir de enero de 2026, alcanzando el 0% en un plazo de cinco años.
Actualmente, las retenciones agropecuarias se encuentran en niveles reducidos debido a una medida temporal implementada por el Gobierno en enero de 2025, que vence el 30 de junio. El presidente Javier Milei ha indicado que, si el sector agropecuario no liquida la cosecha antes de esa fecha, las alícuotas volverán a sus niveles anteriores.
Detalles del proyecto de ley
El proyecto establece que, a partir de enero de 2026, las alícuotas actuales se reducirán mensualmente hasta alcanzar el 0% en un plazo de 60 meses. Por ejemplo, la soja, que actualmente tributa un 26%, disminuiría su tasa en 0,43% cada mes durante 59 meses, y en 0,63% en el mes 60. Otros productos, como el trigo, maíz, sorgo, girasol y carnes, seguirían un esquema similar de reducción gradual.
El proyecto también contempla que el Poder Ejecutivo no podrá aumentar ni restablecer derechos de exportación eliminados durante 2024 y 2025, aunque se le faculta para acelerar o anticipar la eliminación total de las retenciones si lo considera conveniente.
Reacciones del sector agropecuario
Desde el sector agropecuario, entidades como la Mesa de Enlace han expresado su apoyo a la eliminación de las retenciones, argumentando que estas afectan la competitividad y el desarrollo del interior del país. No obstante, también existe preocupación por la posibilidad de que el Gobierno vete una eventual ley aprobada por el Congreso, en línea con compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional.
Contexto político y económico
El debate en la Comisión de Agricultura representa un paso importante en la discusión sobre las retenciones, aunque el futuro del proyecto dependerá de las negociaciones políticas y del equilibrio entre las necesidades fiscales del Estado y las demandas del sector agropecuario.
