Argentina defendió ante altas autoridades europeas la metodología de producción de biodiésel en reunión bilateral

Funcionarios y ejecutivos del sector privado presentaron propuestas luego de que el europarlamento desistiera de clasificar a la soja, materia prima del biocombustible, en una categoría que hubiera perjudicado las exportaciones

Bruselas y la soja argentina: la pelea por evitar la etiqueta de “alto riesgo ILUC” que amenaza las exportaciones

La propuesta de la Comisión Europea que clasifica a la soja como de alto riesgo de ILUC (Cambio Indirecto del Uso de la Tierra) encendió las alarmas de la agroindustria argentina y motivó una delegación oficial a Bruselas. El intento busca evitar que la medida limite el acceso al mercado europeo, clave para el biodiésel y otros productos industriales derivados de la oleaginosa.

El sector advierte que, de imponerse tal calificación, se complicaría la comercialización de biocombustibles que el año pasado movieron cerca de US$ 350 millones en ventas al exterior. Además, Europa es hoy, según el reclamo de la industria, el único mercado relevante para ese flujo comercial después del cierre del mercado de Estados Unidos en 2016.

En Bruselas se realizó una reunión bilateral entre una delegación argentina —con representantes públicos y privados— y la Comisión Ejecutiva de la Unión Europea para discutir el alcance del reglamento que propone la CE. Participaron referentes de la industria aceitera, la cámara de biocombustibles y funcionarios, según informó la delegación argentina.

El presidente de CIARA, Gustavo Idígoras, defendió ante la CE que el crecimiento de la superficie de soja en Argentina no es sinónimo de conversión de bosque ni de pérdida de pasturas, y que buena parte del incremento responde a prácticas de siembra en segunda campaña o rotaciones sobre tierras agrícolas ya cultivadas. Según la delegación, esos datos muestran que no existe un efecto significativo de ILUC atribuible a la soja argentina.

Qué se discutió en la mesa con la Comisión Europea

La comitiva solicitó que el nuevo reglamento, identificado en las conversaciones como Reglamento 807, incorpore metodologías de cálculo basadas en datos nacionales y globales para evaluar el riesgo de ILUC por país y por sistema productivo. La propuesta pretende que el análisis no se haga en términos genéricos, sino considerando la realidad productiva y los sistemas de cultivo locales.

Otra de las propuestas centrales fue la inclusión del concepto de cultivos secuenciales dentro de la misma superficie agrícola, de forma que las siembras que se suceden en una misma campaña no sean automáticamente consideradas como expansión de area. El argumento técnico, presentado siguiendo conceptos de la FAO, busca que cultivos en doble campaña o rotación reciban un trato diferenciado frente al riesgo de ILUC.

En la delegación argentina participaron además autoridades con presencia en el diálogo comercial y agrícola europeo, y la reunión fue presidida por representantes de la Unión Europea, entre ellos Maroš Šefčovič, según el informe oficial. El sector privado destacó la actuación conjunta entre la Cancillería, la Embajada ante la UE y la Secretaría de Agricultura para proteger el flujo de exportaciones.

La agenda incluyó también planes para ampliar la oferta de oleaginosas industriales con cultivos alternativos que podrían ingresar al mercado europeo si se aceptan los nuevos conceptos. Entre las especies mencionadas figuraron camelina, colza (canola) y cártamo, que, en su versión industrializada, podrían tener salida a la UE si el reglamento reconoce su condición de bajo riesgo ILUC.

Por qué importa para productores y comercio exterior

Si la UE obliga a excluir biodiésel o aceites derivados de soja marcados como “alto riesgo ILUC”, se generan pérdidas directas en la industria local y un efecto económico sobre la cadena de valor agrícola. Para los productores, el mayor impacto podría darse en los precios y en la demanda por materias primas destinadas a procesos industriales con valor agregado.

Además de la cuestión comercial, el debate abre una discusión técnica sobre cómo medir la huella territorial de la producción agrícola en economías con sistemas de rotación y doble cultivo, como los de la región pampeana. La inclusión de metodologías basadas en datos nacionales sería, según la delegación argentina, una forma de resolver tensiones entre objetivos ambientales y realidad productiva.

El próximo paso es que la Comisión Europea evalúe las propuestas presentadas y decida si modifica el texto propuesto del reglamento o mantiene la clasificación en términos generales. Mientras tanto, la industria argentina seguirá presionando para que el criterio final permita la continuidad del comercio con la UE sin estigmatizar producciones que, aseguran, no generan cambios indirectos de uso de la tierra.

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