En un clima de tensión, representantes del sector ruralista de La Pampa abandonaron una reunión con funcionarios provinciales que buscaba avanzar en la reglamentación de la Ley 3288 de Gestión Integral de Plaguicidas. La reunión, convocada por el Ministerio de la Producción, se llevó a cabo esta mañana en el Salón de Acuerdos de la Casa de Gobierno y fue escenario de un nuevo desencuentro entre las autoridades y las entidades agropecuarias, que exigen la suspensión o derogación de la normativa.
La ministra de la Producción, Fernanda González, destacó la importancia de una ley que proteja la salud y el medio ambiente, considerando que el mal uso de plaguicidas representa riesgos tanto para la población como para la producción. “Estos productos tienen mucha toxicidad y mal utilizados ponen en riesgo la salud humana y también la producción. Ahora tenemos una gran responsabilidad”, señaló González.
Sin embargo, los dirigentes rurales mostraron su rechazo contundente a esta legislación y exigieron que se convoque a un nuevo debate o se suspenda la reglamentación. La Ley de Plaguicidas de La Pampa, sancionada en 2020, establece distancias de fumigación de 3,000 metros por vía aérea y 500 metros por tierra en áreas cercanas a zonas urbanas, una disposición que las entidades agropecuarias consideran inadecuada y perjudicial para sus actividades.
Las demandas de los ruralistas
Las principales asociaciones agropecuarias de La Pampa, entre ellas la Mesa de Enlace –integrada por Carbap, Federación Agraria, Coninagro y Sociedad Rural–, junto con otras entidades como CREA, Aapresid y APALP, manifestaron su oposición. Argumentan que la ley “criminaliza la actividad agropecuaria” e impone medidas que afectarán de forma desproporcionada a los productores locales, en particular a aquellos con menor infraestructura.
Entre sus principales cuestionamientos, el sector ruralista destacó que en el proceso de redacción de la ley no se consideraron los aportes técnicos realizados por expertos y representantes del sector agropecuario. Además, señalaron que la normativa no toma en cuenta los avances tecnológicos y contiene vacíos que, en su opinión, no se ajustan a las realidades actuales de la producción.
El rechazo de las entidades incluye críticas a aspectos específicos del borrador de reglamentación, el cual, según afirman, agravaría la carga burocrática, atentaría contra derechos de propiedad privada y criminalizaría la actividad agropecuaria. Ante esta situación, los productores solicitaron al gobierno provincial que derogue la Ley 3288 y se comprometa a trabajar en una nueva legislación que contemple tanto la salud y el ambiente como la viabilidad de la producción local.
Un conflicto que se intensifica
Este enfrentamiento entre el Gobierno de La Pampa y el sector agropecuario no es un hecho aislado. En meses recientes, el gobernador Sergio Ziliotto también enfrentó críticas del campo debido a la posibilidad de cierre de sucursales del Banco Nación tras un incremento en los impuestos provinciales. Estas tensiones subrayan un conflicto de fondo que parece no ceder, y la reglamentación de la Ley de Plaguicidas actúa ahora como catalizador de nuevas fricciones.
La ministra González, en sus declaraciones, expresó que la intención del gobierno es encontrar un equilibrio que permita proteger la salud pública y el ambiente sin desatender las necesidades productivas de la provincia. Sin embargo, la decisión de los ruralistas de retirarse de la reunión es un indicio de que el diálogo entre ambas partes enfrenta obstáculos significativos.
Por su parte, las organizaciones ambientalistas se posicionaron a favor de la normativa y exigieron su implementación inmediata para evitar el uso indiscriminado de plaguicidas en áreas cercanas a centros urbanos. Consideran que la Ley 3288 representa un avance necesario en términos de protección ambiental y salud pública en la provincia.
Un llamado al diálogo y al consenso
Las entidades agropecuarias, al cerrar su comunicado, reafirmaron su disposición a colaborar en el desarrollo de una nueva legislación que contemple los intereses de todas las partes involucradas. “Nos comprometemos a trabajar en una nueva ley que cuide la salud, el ambiente y la producción de nuestra querida provincia de La Pampa”, expresaron en su declaración conjunta.
Este enfrentamiento no solo refleja la creciente preocupación del sector agropecuario sobre las regulaciones ambientales, sino que también pone en evidencia la necesidad de construir un diálogo entre el gobierno y los representantes rurales, que permita encontrar soluciones equilibradas para proteger la producción, la salud pública y el medio ambiente
