La Comisión de Emergencia Agropecuaria de la provincia de Santa Fe avanzó esta semana en el trámite para declarar en estado de emergencia y/o desastre a las zonas rurales afectadas por las recientes inundaciones, con mayor impacto en el norte provincial. La medida busca permitir el acceso rápido a herramientas fiscales y crediticias destinadas a mitigar los daños sobre la producción agropecuaria y la horticultura.
En la reunión participaron representantes del sector público y privado junto con técnicos del INTA. El consenso alcanzado comprendió la inclusión de 16 distritos de los departamentos 9 de Julio, Vera y General Obligado para todas las actividades agropecuarias; además, se estableció cobertura específica para la producción hortícola en las localidades de Recreo, Monte Vera y la capital provincial, Santa Fe.
El paso siguiente es la ratificación por parte del Poder Ejecutivo provincial, lo que habilitará la aplicación de beneficios impositivos provinciales. Posteriormente, el decreto será elevado al nivel nacional para su homologación, trámite necesario para que las medidas tengan efecto también frente a organismos nacionales y entidades financieras.
Declaración de emergencia agropecuaria: plazos y alcance
Según informó la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfe), con el aval de la mesa técnica se definió un período de vigencia que abarcará desde el 1° de abril hasta el 30 de septiembre de 2026, ajustado a los calendarios fiscales. Esta ventana temporal permitirá a los productores solicitar exenciones, prórrogas y líneas de financiamiento destinadas a la recuperación de explotaciones afectadas por el exceso hídrico.
El secretario de Carsfe, Diego Alonso, participó del encuentro junto a funcionarios provinciales y técnicos del INTA. Fuentes de la entidad señalaron que la decisión se tomó luego de relevamientos de campo realizados por equipos provinciales, lo que permitió constatar la magnitud de los daños y priorizar las áreas más vulnerables.
Desde la organización que integra CRA destacaron la coordinación entre los distintos actores como un factor clave para acelerar la definición del alcance de la medida. La rapidez en la toma de decisiones responde a la intención de reducir los tiempos de respuesta frente a una situación que compromete la producción y el empleo rural.
Qué pueden hacer los productores y cómo acceder a los apoyos
Para poder acceder a los beneficios una vez que la emergencia sea oficial, los productores deben documentar y registrar las pérdidas. Recomendaciones prácticas que surgen de la mesa técnica:
- Contactar al municipio o comuna local para informar daños y solicitar el acta de constatación.
- Registrar fotografías y registros de producción (planillas, declaraciones de venta, contratos) que acrediten la situación previa.
- Solicitar asistencia técnica del INTA o de las entidades rurales para avalar el diagnóstico y la cuantificación de pérdidas.
- Consultar en las oficinas provinciales y en la entidad bancaria correspondiente las líneas de crédito y plazos de gracia vigentes.
- Mantener actualizada la documentación fiscal y predial para tramitar exenciones o prórrogas impositivas.
En paralelo al reconocimiento de la emergencia, la provincia anunció líneas de apoyo crediticio para productores afectados. Fuentes oficiales indicaron que se están instrumentando créditos por un monto cercano a $18.000 millones destinados a financiar la recuperación de explotaciones, reponiendo capital de trabajo y readecuando deudas.
Impacto y próximos pasos
La homologación nacional será determinante para que los productores puedan acceder a beneficios federales y a las condiciones especiales ofrecidas por organismos financieros. Mientras tanto, la confirmación provincial habilitará medidas inmediatas en materia fiscal y administrativa.
Los trabajos de relevamiento continuarán durante las próximas semanas para incorporar nuevos informes y, de ser necesario, ampliar los distritos alcanzados por la emergencia. La coordinación entre municipios, Provincia, INTA y las entidades rurales será central para la implementación efectiva de las ayudas.
Las autoridades provinciales instaron a mantenerse atentos a las comunicaciones oficiales y a canalizar consultas a través de las oficinas municipales y las asociaciones rurales locales para acelerar los trámites y garantizar el acceso a los instrumentos disponibles.
