La Cámara Argentina de Semilleros Multiplicadores (Casem) encendió el debate sobre el futuro del sistema de semillas autógamas en el país al reclamar medidas para aumentar el uso de semilla fiscalizada. El reclamo llega en un momento en que la discusión pública gira en torno a una nueva ley de semillas y la posible adhesión de Argentina al convenio UPOV‐91, incluidos en la agenda bilateral con Estados Unidos.
Qué implica UPOV‐91 y cómo difiere del régimen vigente
UPOV‐91 es una versión más reciente del convenio internacional que protege las nuevas variedades vegetales. A diferencia del marco anterior que Argentina aplicó históricamente, la actualización amplía los derechos de los mejoradores sobre la genética de las variedades y reduce las excepciones en cuanto al uso propio de la semilla por parte de los productores. En la práctica, eso puede traducirse en mayor control sobre la multiplicación y comercialización de semillas y en la necesidad de mecanismos claros para la compensación a los obtentores.
Preocupaciones y propuestas de Casem
Casem sostiene que el principal problema del sector es el bajo porcentaje de uso de semilla fiscalizada, lo que afecta la calidad, la trazabilidad y la inversión en mejoramiento genético. La cámara pide políticas que incentiven la comercialización de semilla regulada y una intervención estatal activa a través del Instituto Nacional de Semillas (Inase) para garantizar reglas estables y previsibles.
Entre sus planteos figura la conformación de una mesa de diálogo amplia e inclusiva, que reúna a todos los actores de la cadena (productores, semilleros, mejoradores, distribuidores y organismos públicos) con el objetivo de construir acuerdos que permitan avanzar sin generar confrontaciones que paralicen el sector. Casem también afirmó disponer de propuestas concretas para destrabar el estancamiento y ofreció su disposición a trabajar de manera conjunta en soluciones prácticas.
Agenda pública: ley de semillas y consenso sectorial
La discusión sobre una nueva ley y la eventual adhesión a UPOV‐91 constituyen el trasfondo de los reclamos actuales. Para que cualquier cambio resulte efectivo y equitativo, los especialistas y los representantes del sector coinciden en la necesidad de combinar seguridad jurídica para los mejoradores con salvaguardas para los agricultores, promoción de la inversión en investigación y sistemas de fiscalización que garanticen calidad y trazabilidad.
En las próximas semanas y meses la pulseada política y técnica definirá si se avanza con reformas legales y qué tipo de medidas complementarias —capacitación, incentivos, controles y acuerdos contractuales— serán necesarias para que la cadena semillera funcione con previsibilidad y fomente la innovación sin perjudicar a los productores.
