Los incidentes denunciados incluyen robos violentos en viviendas de campo y varios episodios de abigeato —faena y robo de animales— en establecimientos ubicados especialmente a lo largo de la ruta nacional 7. Ante la repetición y la gravedad de los hechos, los productores reclamaron mayor presencia policial y respuestas más rápidas en las investigaciones; por su parte, el municipio informó que trabaja conjuntamente con fuerzas de seguridad y entidades rurales en una mesa de prevención específica.
Productores y representantes de la Asociación de Productores Agropecuarios de Carmen de Areco (Apaca) describen dos modalidades predominantes en los últimos ataques. La primera corresponde a ingresos a campos por parte de grupos armados que cometen asaltos violentos en viviendas y se llevan bienes domésticos y vehículos. La segunda modalidad apunta al abigeato: faena de animales y ataques a rodeos en campos cercanos. Un caso reciente, ocurrido en la madrugada, fue el asalto a una familia en un establecimiento rural que ya había sufrido un hecho similar algo más de dos años atrás. Allí, los ladrones se llevaron electrodomésticos, un automóvil y hasta una salamandra, según relataron los afectados.
Varios de los episodios se concentraron en una franja determinada de la ruta nacional 7, entre los kilómetros 135 y 144. Además del robo violento a la vivienda ya mencionado, en el último mes se produjeron otros dos robos en establecimientos próximos, uno de ellos cerca de un aeródromo. En cuanto al abigeato, los productores denunciaron la faena de cuatro vaquillonas preñadas de un establecimiento y ataques a rodeos de campos próximos a la localidad de Tres Sargentos. La faena de animales gestantes fue especialmente preocupante para los productores por su crudeza y por el valor económico y productivo de los animales involucrados.
La falta de resultados en las investigaciones es una de las principales inquietudes de la comunidad rural. Los productores señalan que ninguno de los hechos denunciados fue esclarecido hasta el momento y que demoró la intervención policial en algunos casos. Relataron, por ejemplo, que ante sospechas sobre responsables de un abigeato la orden de allanamiento llegó semanas después, cuando ya no quedaba rastro de lo robado. Esta percepción de demoras y falta de resultados alimenta la sensación de inseguridad y la preocupación por la eficacia de las acciones de prevención e investigación.
Otro factor señalado como crítico es la escasez de personal en el Comando de Prevención Rural (CPR) local. Productores indicaron que la patrulla rural tenía asignadas alrededor de veinte personas, pero una parte significativa del personal estuvo con carpeta médica, lo que redujo la dotación efectiva a solo cinco o seis policías para patrullar una extensa red de caminos rurales (más de 450 kilómetros) y más de 100 kilómetros de rutas. Esa situación, según los productores, limita seriamente la capacidad para realizar recorridas, responder a alertas y disuadir o detectar hechos delictivos.
Ante el aumento de hechos y los reclamos, los productores mantuvieron una reunión con el intendente de Carmen de Areco, Iván Villagrán, y autoridades locales de seguridad. El jefe comunal reconoció el incremento de delitos rurales en los últimos meses, en particular vinculados al abigeato, y detalló que se avanzó en la conformación de una Mesa de Prevención del Delito Rural. Esa mesa, explicaron desde el municipio, incluirá la participación de productores, el Ministerio de Seguridad bonaerense, la policía rural y autoridades municipales, y tendrá su primera reunión formal en la sede de Apaca el 26 de junio.
Entre los objetivos y herramientas que se prevé articular desde la mesa se encuentra el programa Tranquera Segura, basado en la ley provincial 15.489. Este programa promueve la identificación y georreferenciación de accesos a establecimientos rurales, con el propósito de facilitar la actuación policial y mejorar la respuesta ante emergencias y delitos. La iniciativa contempla la elaboración de un registro con información sobre los establecimientos, sus responsables, medios de contacto y la ubicación exacta de cada acceso, lo que permitiría una intervención más rápida y eficiente por parte de las fuerzas de seguridad.
Además de Tranquera Segura, la mesa buscará difundir entre los productores herramientas que muchos desconocen, como la posibilidad de realizar denuncias en línea o solicitar que efectivos policiales concurran al establecimiento para tomar la denuncia in situ. También se pretende fortalecer la comunicación entre productores y fuerzas de seguridad mediante la creación de grupos de contacto directo y una mayor coordinación entre la policía rural, la policía comunal y la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI). Estas medidas apuntan tanto a mejorar la prevención como a optimizar la investigación y el seguimiento de los casos denunciados.
A pesar de estas iniciativas, los productores mantienen la preocupación por la sucesión de hechos y por la percepción de que las medidas no alcanzan a dar respuestas inmediatas. Alegan que ya habían advertido sobre fallas en la prevención antes de que ocurriera el último robo, y consideran que la actual situación excede los recursos disponibles. Desde la comunidad rural se solicita no solo mayor presencia policial sino también mayor celeridad en los procedimientos judiciales y en las órdenes de allanamiento cuando hay sospechas fundadas.
En síntesis, la región atraviesa un período en el que confluyen robos violentos a viviendas rurales y episodios de abigeato que afectan la seguridad y la producción agropecuaria. Productores y autoridades locales impulsan la creación de una mesa de trabajo y la implementación de programas como Tranquera Segura para mejorar la prevención, el registro de accesos y la comunicación con las fuerzas de seguridad. Sin embargo, la efectividad de estas medidas dependererá de la asignación de más recursos humanos y logísticos a la policía rural, de la rapidez en las investigaciones y de una coordinación operativa sostenida entre los distintos actores involucrados.
