La primera reunión multisectorial convocada por el Gobierno para abordar una **nueva ley de semillas** concluyó con un acuerdo sólido sobre lo imprescindible: **seguir negociando**. En el encuentro, que reunió a representantes de la **Mesa de Enlace**, **ASA**, **Aapresid**, **Aacrea**, **Casem**, la industria semillera, **INASE** y funcionarios del Ministerio de Agricultura, se dejó en claro que el objetivo es construir una propuesta que llegue al Congreso con el **máximo respaldo posible de toda la cadena agroindustrial**.
Qué se acordó en la primera reunión
– Continuar las negociaciones** entre todos los actores de la cadena.
– Mantener el diálogo para arribar a una propuesta que garantice **previsibilidad**, facilite la incorporación de **nuevas tecnologías** y estimule la **producción**.
– Reconocimiento generalizado de la **propiedad intelectual** de los obtentores, aunque sin acuerdo sobre los **mecanismos, plazos y montos** de compensación.
Según fuentes presentes, el intercambio fue “productivo” y permitió que cada sector expresara su posición. El Gobierno buscó instalar la idea de que la reforma debe promover la inversión y dar certezas, mientras que productores y semilleros plantearon sus reservas sobre alcance del uso propio y extensión temporal de las protecciones.
Quiénes participaron y qué dijeron
Asistieron unas 25 personas, entre ellas referentes como Martín Famulari (presidente de INASE), Pablo Ginestet (CRA), Alfredo Paseyro (ASA) y el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta. **ASA afirmó que el esquema vigente “no sirve” y propuso avanzar hacia la adhesión a la Acta 1991 de la UPOV (UPOV-91)** como marco para la modernización. Desde la Mesa de Enlace y entidades rurales se planteó, en cambio, la necesidad de garantizar el acceso de los productores y un régimen que contemple el **uso propio** y límites razonables para la obligación de pago.
Temas centrales en discusión
– **Propiedad intelectual y compensación**: hay consenso en reconocerla, pero no en cómo se paga, a qué escala (por hectárea, por volumen, por valorización) y durante cuánto tiempo.
– **Plazos de protección**: la propuesta de las entidades rurales plantea un período de **3 años** de protección económica; la industria propone un esquema compatible con UPOV-91 y la vigencia completa del derecho del obtentor.
– **Uso propio y límites por hectárea**: definición de hasta qué superficie los productores pueden reutilizar semilla sin obligación de compensación.
– **Autógamas**: cultivos autógamos (por ejemplo, soja, trigo) motivan debate técnico por su mayor facilidad de multiplicación por parte del productor.
– **Control varietal y trazabilidad**: el Gobierno anunció un nuevo **protocolo de control de identidad varietal**, que suma una herramienta técnica para la protección y fiscalización, pero que también generó cuestionamientos sobre su implementación y costos.
UPOV-91: qué implica y por qué tensiona el debate
La Acta de la UPOV de 1991 (**UPOV-91**) es el marco internacional que **refuerza los derechos de los obtentores** sobre nuevas variedades vegetales y limita algunas excepciones nacionales, como el llamado “privilegio del agricultor” en términos más restringidos que versiones anteriores. Para la industria y parte de la cadena, la adhesión a UPOV-91 implica mayor seguridad jurídica para quienes invierten en desarrollo de variedades y biotecnología, lo que podría traducirse en más inversión en investigación. Para los productores y organizaciones rurales, la adhesión puede significar **mayores costos de semillas** y menor libertad para guardar y reutilizar semilla.
Organismos internacionales como la UPOV, la FAO y la OMPI (WIPO) recomiendan marcos que equilibren incentivos a la innovación y acceso a la tecnología; cómo Argentina interprete esos lineamientos será central para el diseño de la ley.
Impacto esperado en la cadena productiva
– Innovación: un régimen más claro de protección puede atraer inversiones y acelerar la introducción de variedades mejoradas y biotecnologías. **La biotecnología fue puesta como eje por ASA en la reunión**.
– Costos para productores: la obligación de pagar derechos o cánones podría aumentar el precio de producción; la discusión está en quién y cuánto paga.
– Competitividad y exportaciones: la adopción de estándares internacionales puede facilitar el comercio, pero el costo interno influirá en la rentabilidad.
– Pequeños productores: los límites al uso propio y los mecanismos de cobro son especialmente sensibles para productores de escala menor.
Perspectivas legislativas y procedimiento
Una novedad señalada por los asistentes es que **no existe aún un borrador oficial** del proyecto de ley por parte del Gobierno —al menos del que tengan conocimiento—. La intención oficial sería avanzar con consensos antes de formalizar una iniciativa. Sin embargo, las fuentes advirtieron que, si no se alcanzan acuerdos, podrían aparecer **proyectos separados en el Congreso**, una vía menos coordinada y potencialmente más conflictiva.
Qué se espera en las próximas semanas
– Nuevas rondas de diálogo convocadas por la Secretaría de Agricultura, con fechas pendientes.
– Presentación de propuestas concretas por parte de distintos sectores, para entrar a discutir artículos y modalidades.
– Debates técnicos sobre **mecanismos de cobranza**, registros y procedimientos de fiscalización apoyados en el nuevo protocolo de control varietal.
Qué reclaman productores y qué pide la industria
– Productores: claridad sobre el **uso propio**, límites por hectárea, plazos cortos de protección y mecanismos de acceso a tecnología que no afecten la producción ni la rentabilidad.
– Industria y obtentores: protección duradera y efectiva que garantice retorno a la inversión, alineada con estándares internacionales como **UPOV-91**.
El debate argentino se inscribe en una tendencia global: países en desarrollo buscan **compatibilizar incentivos a la innovación con seguridad alimentaria y acceso a tecnologías**. Experiencias internacionales muestran que la implementación de sistemas de protección de obtenciones vegetales requiere regulación clara, mecanismos de compensación transparentes y programas que atiendan a pequeños y medianos productores.
La reunión fue el inicio formal de un proceso que exigirá definiciones técnicas y políticas. **El desafío será encontrar un punto de equilibrio entre el derecho de los obtentores a percibir una retribución y las condiciones que reclaman los productores para acceder a esas tecnologías**, sin comprometer la producción y la competitividad del sector agroindustrial argentino.
La discusión seguirá en mesas técnicas y políticas, con la posibilidad de que el Congreso termine definiendo si no hay consenso. Mientras tanto, la expectativa es que las próximas reuniones avancen en la forma de pago, el alcance del uso propio y la duración de las protecciones, siempre con la mirada puesta en la **modernización del sistema semillero argentino** y su posición en los mercados internacionales.
