En medio de una fuerte disputa por el control de la obra social OSPRERA, la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) denunció este jueves el desalojo de 78 familias rurales alojadas en hoteles de la Ciudad de Buenos Aires, ordenado por el interventor designado por el Gobierno Nacional, Marcelo Petroni. Según el sindicato, se trata de personas que enfrentan enfermedades graves de alta complejidad, muchos de ellos pacientes oncológicos que se encuentran en pleno tratamiento médico, lejos de sus hogares y en condiciones de extrema vulnerabilidad.
Los hoteles, financiados desde hace tres años por UATRE con recursos propios tras la ruptura del convenio con la obra social, brindaban alojamiento, comida y contención a los trabajadores y sus familias durante su estadía en la capital. “Ahora los quieren trasladar a lugares con menos comodidades, sin comida, sin traslados ni apoyo humano, lo que implica exponerlos aún más y aumentar sus gastos personales”, alertaron desde el gremio.
Además, fue cerrada la boca de expendio ubicada en el mismo edificio, que funcionaba como un punto de atención médica, psicológica y social. Según UATRE, el cierre deja como única opción asistir a la sede central de OSPRERA, mucho más alejada, con el consiguiente costo y riesgo para personas con serios problemas de salud.
“La salud no se negocia”
Desde la organización sindical encabezada por José Voytenco, expresaron que no aceptarán este desmantelamiento del sistema de asistencia a los afiliados y aseguraron que los hoteles continuarán funcionando bajo su órbita para ofrecer asistencia integral. “Nuestros afiliados pueden quedarse. Van a seguir recibiendo la misma atención y contención de siempre”, afirmaron mediante un comunicado difundido este jueves.
La medida forma parte de un proceso más amplio de recortes y reestructuración impulsado por la intervención, que ya ordenó el cierre de 725 puntos de atención en todo el país, reemplazándolos por un sistema de gestión digital. “Esto demuestra un absoluto desconocimiento de la realidad rural. Muchos afiliados no tienen conectividad ni recursos para acceder a una plataforma virtual”, indicaron fuentes del sindicato.
La situación se agravó desde que la intervención, designada por el Ministerio de Salud, comenzó a avanzar en el desarme del esquema de servicios presenciales y contención personalizada que se venía sosteniendo a pesar del corte de fondos por parte de OSPRERA. La tensión entre el sindicato y las autoridades de la obra social escaló en los últimos meses, con presentaciones judiciales cruzadas y una creciente preocupación en el interior del país, donde los puntos de atención eran clave para garantizar servicios médicos básicos.
Un conflicto de larga data
La ruptura entre UATRE y OSPRERA se produjo luego de graves irregularidades administrativas y denuncias de corrupción, que derivaron en la intervención de la obra social por parte del Estado. Sin embargo, el gremio sostiene que la gestión actual de la intervención no representa los intereses de los trabajadores rurales, y exige la devolución de la obra social a sus verdaderos dueños.
“El sistema de salud no puede ser administrado desde una oficina sin conocer las necesidades reales del campo. No podemos permitir que se ponga en riesgo la vida de nuestros compañeros por decisiones arbitrarias”, manifestaron desde la conducción del gremio.
En un contexto de ajuste fiscal y recortes generalizados, UATRE teme que esta avanzada represente un desmantelamiento definitivo del modelo de atención presencial que, hasta ahora, permitía a miles de afiliados rurales acceder a tratamientos complejos en ciudades alejadas de sus localidades.
“Vamos a defender a nuestros afiliados en todas las instancias”, concluyeron desde UATRE. La tensión sigue creciendo mientras se multiplican los pedidos de intervención judicial y política para frenar las medidas que afectan a los trabajadores más vulnerables.
