La Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC) pidió al Gobierno que concluya con la adjudicación definitiva de la concesión por 25 años de la Vía Troncal Navegable (VTN), conocida como la Hidrovía.
La solicitud fue formalizada en una carta firmada por su presidente, Gustavo Idígoras, dirigida al ministro de Economía, Luis Caputo, y al director de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN).
El reclamo se produce en la etapa final de una preadjudicación que el Gobierno definió como un “hito relevante para el sistema logístico”, pero que aún no está cerrada.
CIARA-CEC advierte que la demora genera incertidumbre regulatoria y puede afectar la competitividad del comercio exterior argentino.
La importancia estratégica de la Hidrovía
La organización recordó que la VNT es “la infraestructura estratégica más relevante para la competitividad del sistema agroexportador argentino” y para la logística fluvial del Cono Sur.
El mantenimiento del canal y los trabajos de dragado y balizamiento permiten la salida de granos y subproductos que sostienen buena parte de las divisas del país.
CIARA-CEC sostiene que un contrato de concesión definitivo ofrece previsibilidad para inversiones y operaciones portuarias a largo plazo.
Sin certeza sobre la concesión y las condiciones tributarias, los operadores enfrentan riesgos que pueden trasladarse a costos logísticos y tiempos de embarque.
Marco normativo y pedido de exención del IVA
En la carta, las empresas reclaman que el Poder Ejecutivo formalice la no aplicación del IVA a los servicios de dragado y balizamiento que prestará el futuro concesionario.
Argumentan que esa definición es indispensable para evitar distorsiones económicas y garantizar un marco contractual claro.
- Decreto 949/2020: dispone la continuidad del régimen de concesión y ordena la realización del proceso licitatorio.
- Decreto 556/2021: asigna transitoriamente la administración a la Administración General de Puertos (AGP) y califica ese esquema como temporal.
- Ley 17.520 (Régimen de Concesiones de Obra Pública): exige publicidad, transparencia y continuidad en los procesos de concesión.
- Principio de continuidad del servicio público reconocido por la Corte Suprema, que obliga a garantizar regularidad y previsibilidad en la navegación troncal.
Normativa tributaria aplicable
CIARA-CEC remarca que la Ley de IVA 20.631 – Art. 7 inciso h) exime impuestos a servicios directamente vinculados a operaciones de exportación, y que el dragado y balizamiento son insumos indispensables para la navegación internacional.
Además, el Decreto Reglamentario 692/1998 amplía la exención a servicios indispensables para la realización de exportaciones, aún cuando no se presten directamente al exportador.
Antecedentes administrativos y jurisprudenciales
La carta cita antecedentes donde la AFIP reconoció exenciones para servicios logísticos indispensables para la exportación, y fallos de la Corte Suprema que protegen la neutralidad tributaria en exportaciones.
También recuerda que durante la concesión anterior (Hidrovía S.A.) el dragado no estuvo gravado con IVA, lo que configura un precedente administrativo que hoy exigen respetar.
Competencia del Poder Ejecutivo
CIARA-CEC sostiene que el Ejecutivo, a través de la AFIP y el Ministerio de Economía, tiene la competencia para dictar la normativa que confirme la no aplicación del IVA al futuro concesionario.
Se proponen vías prácticas como una resolución conjunta, un dictamen vinculante o un decreto aclaratorio para disipar la incertidumbre.
Impacto económico y próximos pasos
Para la cámara, la resolución rápida de la adjudicación y la definición tributaria permitirán “otorgar certeza regulatoria a los operadores y usuarios del sistema” y minimizar riesgos operativos para el comercio exterior.
La medida busca evitar costos fiscales y administrativos innecesarios y consolidar un marco contractual estable alineado con estándares internacionales para infraestructura crítica.
Desde el sector exportador subrayan que la falta de certidumbre puede traducirse en mayores costos de flete y retrasos que afectan la competitividad de la cadena agroindustrial.
El Gobierno ahora enfrenta la decisión política y técnica de cerrar la adjudicación y expedirse sobre la exención del IVA para dar señales claras al mercado.
La carta de Idígoras concluye solicitando prioridad en la finalización del proceso y la emisión de la normativa que confirme la no aplicación del IVA a los servicios de dragado y balizamiento.
La decisión marcará el rumbo de la logística fluvial argentina en los próximos 25 años y tendrá impacto directo sobre la operatoria de exportación de granos y derivados.
