En A Todo Trigo 2026, organizado por la Federación de Acopiadores, un panel reunió a representantes clave del sector semillero, el gobierno y las entidades rurales para debatir el futuro de la ley de semillas, la propiedad intelectual sobre variedades y el régimen de fiscalización. Participaron Martín Famulari (INASE), Ricardo Fernández Pancelli (ASA), Lucas Amadeo (GDM) y los referentes rurales Tomás Palazón (SRA) y Pablo Ginestet (CRA). El debate, uno de los más destacados del encuentro, abordó la adhesión a UPOV 91, el alcance del “uso propio”, las propuestas de control presentadas por el Ministerio de Desregulación y las críticas a los contratos privados como Sembrá Evolución.
Actualización de la ley de semillas: consenso sobre la necesidad de cambio
Un consenso central surgió en el panel: la normativa vigente debe actualizarse. Tanto la industria semillera como las entidades rurales coincidieron en que el marco legal necesita modernizarse, con mayor fiscalización y un nuevo régimen para el uso propio que contemple compensaciones. Desde el INASE, Famulari se comprometió a enviar al Congreso un proyecto que integre a todos los actores de la cadena. En paralelo, ASA, representada por Fernández Pancelli, planteó que la adhesión a UPOV 91 es el camino para alinear incentivos de inversión e innovación con estándares internacionales.
UPOV 91 y sus matices: ¿solución integral o punto de partida?
Fernández Pancelli defendió UPOV 91 como el estándar moderno para la protección de obtenciones vegetales, y recordó que acuerdos internacionales con Estados Unidos y la Unión Europea avanzan en esa dirección. Sin embargo, las entidades rurales no aceptan la adhesión como una solución automática. Tomás Palazón propuso que Argentina podría diseñar un régimen propio, actualizado a tecnologías como la genómica, la edición génica y la inteligencia artificial, avances que eran inexistentes en 1991. La preocupación radica en que muchos países adheridos a UPOV 91 tienen estructuras productivas distintas a la argentina, lo que obliga a evaluar adaptaciones locales en lugar de una copia literal del marco internacional.
Uso propio: el debate que pone en tensión a productores y semilleros
El uso propio de semillas fue identificado por los asistentes como el punto más polémico. Un reconocimiento llamativo fue el de las propias entidades rurales: el uso propio no puede seguir siendo completamente gratuito. CRA, a través de Pablo Ginestet, apoyó la idea de un uso propio oneroso, con regalías temporales que, cumplido el plazo, permitan la liberación de la variedad. Esta propuesta busca un equilibrio entre el derecho del productor a reproducir semilla para su propia siembra y la necesidad de remunerar la inversión de quienes desarrollan nueva genética.
Las diferencias persisten sobre duración, límites por escala y excepciones para pequeños agricultores. ASA celebró la apertura al diálogo, pero planteó que los detalles técnicos —duración de las regalías, montos, mecanismos de cobranza y excepciones— definirán si el sistema es justo y aplicable. Por su parte, productores criticaron cláusulas contractuales consideradas excesivas y mecanismos de control sobre mercadería ya comercializada; el reclamo incluye rechazo a inspecciones invasivas y a medidas que puedan afectar la operatividad de acopios y exportadores.
Contratos privados y orden público: el caso Sembrá Evolución
Parte de la discusión se centró en las limitaciones que ciertos contratos privados imponen sobre el derecho de uso propio. Las entidades rurales propusieron que la futura ley incluya artículos de orden público que no puedan ser modificados por acuerdos privados, una respuesta directa a esquemas como Sembrá Evolución. La clave está en definir qué límites son inmodificables para garantizar derechos básicos de los productores, sin desconocer la necesidad de mecanismos que protejan la inversión en investigación y desarrollo.
Impacto económico y competitividad: tiempo y costo de la innovación
Desde el sector empresarial, Lucas Amadeo (GDM) advirtió sobre la pérdida de competitividad que genera un marco normativo imprevisible. Desarrollar una nueva variedad lleva entre seis y diez años y requiere millones de cruzamientos; en un contexto donde gran parte de la superficie agrícola no reconoce derechos de obtentor, se desincentiva la inversión local y se dificulta la incorporación de genética de última generación. Según la industria, una regulación clara, previsible y alineada con estándares internacionales puede duplicar la ganancia genética anual y acelerar programas de tolerancia al estrés hídrico, resistencia a enfermedades y mejoras de calidad.
Fiscalización: nuevos controles y preocupaciones operativas
Otro eje central fue la propuesta de mayor fiscalización impulsada por el Ministerio de Desregulación, liderado por Federico Sturzenegger, que incluye esquemas de control basados en muestreos y cruces de información. Desde GDM se sostuvo que una estructura más cercana a UPOV 91 permitiría incrementar los programas de mejoramiento activos, tomando como referencia a Brasil, que ya muestra mayor dinamismo gracias a marcos regulatorios más robustos. No obstante, productores y acopios expresaron reservas sobre los efectos operativos y comerciales de controles intensivos, que podrían traducirse en costos adicionales, conflictos logísticos y un aumento de la burocracia.
La necesidad de una discusión integral y transparente
Aunque hay coincidencia en fortalecer la fiscalización, las entidades rurales reclamaron que cualquier nuevo esquema se discuta de forma integral entre todos los actores y no se avance por vía de resoluciones parciales. Pidieron transparencia, reglas simples y aplicables que no incrementen cargas administrativas ni costos innecesarios. La construcción de confianza fue señalada como condición indispensable: no se trata solo de elegir entre UPOV 78 o 91, sino de cómo se reglamenta, se controla y se garantiza el acceso equitativo a la genética.
Claves para avanzar
Del panel emergieron varias conclusiones operativas: 1) hay voluntad compartida de modernizar la ley de semillas; 2) la adhesión a UPOV 91 es defendida por la industria, pero requiere adaptaciones locales y acuerdos políticos; 3) el uso propio oneroso aparece como una propuesta de convergencia que demanda definición técnica y equidad; 4) la fiscalización debe reforzarse, pero con criterios claros, participación multisectorial y evitando soluciones fragmentadas; 5) los contratos privados deben revisarse para proteger derechos básicos de productores sin desalentar la inversión en genética.
En síntesis, A Todo Trigo 2026 dejó en claro que el debate sobre semillas en Argentina está en un punto de inflexión. Existe una ventana de oportunidad para construir un marco moderno que combine incentivos a la innovación, protección de derechos de obtentor y garantías para los productores. Lograrlo requerirá negociación, claridad regulatoria y políticas públicas acordadas entre industria, productores y el Estado.
