Tras una reunión con autoridades nacionales, el Gobierno se comprometió a dejar sin efecto el decreto publicado el viernes pasado que impulsó el ministro Federico Sturzenegger y que introducía cambios en el servicio de practicaje y baquía.
La noticia alivió a la actividad portuaria: la asociación profesional que agrupa a los prácticos y baquianos desistió de la medida de fuerza y anunció la pronta reanudación de sus tareas.
El choque entre el Ejecutivo y los trabajadores había generado horas de incertidumbre porque los servicios esenciales para la navegación quedaron paralizados, con impacto sobre la cadena logística.
Finalmente, el acuerdo firmado establece que el Gobierno suspende la aplicación del decreto mientras los prácticos aceptan una reducción de tarifas y la conformación de una mesa de diálogo.
Impacto en la agroexportación
El practicaje y la baquía son actividades críticas que permiten la entrada, maniobra y salida segura de buques, por lo que su paralización afecta directamente a los exportadores agrícolas.
En un país donde la salida de granos y subproductos por puerto es clave para la economía, cualquier interrupción de la logística portuaria puede traducirse en demoras en embarques y tensiones comerciales.
Durante casi dos días no se prestaron servicios en los buques que ingresan a los puertos marítimos y del río Paraná, lo que impidió a muchas embarcaciones cargar o descargar mercadería.
Esos retrasos inciden en los plazos de entrega, encarecen la logística y crean incertidumbre para productores, exportadores y operadores de la cadena de transporte.
LA PALABRA OFICIAL
Desde el Gobierno nacional confirmaron que se alcanzó un acuerdo que contempla una reducción del 20 % en las tarifas y el restablecimiento de las tareas de asistencia a la navegación de buques.
Según el comunicado oficial, los representantes del sector retomarán las tareas de manera inmediata mientras se mantienen las conversaciones en el marco de la mesa de trabajo hasta llegar a un acuerdo definitivo.
La instancia de diálogo será coordinada por el Ejecutivo con participación de las áreas de Seguridad, Defensa y otros organismos competentes para revisar los puntos de la normativa de desregulación.
La conformación de esa mesa abre la puerta a ajustar detalles técnicos, operativos y laborales que quedaron en el centro del conflicto entre el Estado y los prácticos.
Qué sigue
Queda por ver si la reducción tarifaria y la mesa de trabajo logran un acuerdo estable que evite nuevas medidas de fuerza y asegure la continuidad operativa en puertos claves.
Los sectores agroexportadores y logísticos seguirán de cerca la revisión de la normativa y la implementación de cambios operativos para garantizar previsibilidad en las próximas campañas.
Aunque el acuerdo restablece hoy la operatividad, la experiencia dejó en claro la sensibilidad del sistema portuario frente a decisiones regulatorias y la necesidad de diálogo permanente.
Productores, transportistas y despachantes esperan que el foco pase ahora a la concreción de soluciones técnicas y la garantía de una previsibilidad logística que proteja las exportaciones argentinas.
