El proyecto de ley de biocombustibles aprobado por el Senado el 19 de septiembre permanece estancado en la Cámara de Diputados, y su demora puede afectar a productores, pymes y a la política energética del país. Esta parálisis interpela a provincias productoras, a la sustentabilidad de la cadena de valor y al cumplimiento de metas climáticas.
La primera reunión informativa convocada el 20 de octubre dejó en claro que el oficialismo no tenía los votos necesarios para dictaminar, una señal que suele anticipar la falta de consenso parlamentario. Ese gesto técnico refleja además la presión de intereses empresariales y provinciales que discuten quién gana y quién pierde con los cambios propuestos.
El proyecto buscaba actualizar reglas que rigen el corte de combustibles y la producción local de biodiésel y bioetanol, pero hoy corre el riesgo de no convertirse en ley antes de que termine el año. Si se demora la sanción, las empresas y las inversiones quedarán en incertidumbre, con impacto directo en el empleo y en la previsibilidad del mercado interno.
Para la reunión del miércoles 28 se había citado al subsecretario de Hidrocarburos para exponer ante las comisiones de Energía, Presupuesto y Hacienda, y Agricultura y Ganadería en vez de avanzar directamente al dictamen. Ese formato volvió a mostrar la complejidad política y técnica que rodea a un texto que fue aprobado en el Senado pero que no logra consenso en Diputados.
El objetivo era tratar la iniciativa en el pleno el 21 de octubre, pero la falta de acuerdos lo impidió y el proyecto quedó encajonado en comisiones. Entre las principales objeciones aparecen las preocupaciones de las pymes productoras de biodiésel que hoy cuentan con un mercado cautivo para el corte del gasoil.
Legisladores bonaerenses manifestaron que pedirían cambios para proteger a esas empresas, pero el subsecretario Horacio Veller fue contundente al afirmar que el Ejecutivo no aceptará modificaciones al texto enviado por el Senado. Esa postura del Ejecutivo tensiona la negociación y reduce las posibilidades de alcanzar un acuerdo amplio.
En juego está la transición entre las plantas “integradas” —las grandes agroexportadoras que producen aceite de soja— y las “no integradas” —las pequeñas que compran y procesan aceite—, y una decena de fábricas radicadas en la provincia de Buenos Aires quedarían en una posición vulnerable. La definición del mecanismo de transición y los criterios de participación determinará quién conserva participación de mercado y quién queda afuera.
La defensa de las compañías no integradas bonaerenses cruzó líneas partidarias y contó con voces como Falcone (MID), Banfi (UCR) y Tolosa Paz (peronismo) que se opusieron a aprobar el proyecto tal como llegó del Senado. Esa coalición heterogénea complica al oficialismo y subraya la dimensión política del conflicto, más allá de los argumentos técnicos.
Otro freno en los biocombustibles
El Gobierno habría puesto un límite a la suba del corte de biodiesel, tolerando hasta un 10 % y rechazando incrementos superiores, según trascendidos parlamentarios. Detrás de esa firmeza se sospecha la influencia del lobby de las compañías refinadoras, aunque las razones formales no fueron publicadas.
Desde el peronismo, Tolosa Paz planteó que elevando el corte a 12,5 % el proyecto podría salir con unanimidad de la Cámara Baja porque permitiría el encuadre de integradas y no integradas. Esa propuesta muestra que el punto porcentual del corte no es solo técnico sino que funciona como moneda de negociación política entre los actores del sector.
Nadie cuestiona que la ley vigente, sancionada durante el gobierno de Alberto Fernández, requiere reformas para actualizar incentivos, reglas de acceso y plazos de transición. La necesidad de una nueva norma es compartida por sectores industriales, provinciales y académicos que reclaman reglas claras para inversiones y empleo.
El presidente de la comisión de Energía, Facundo Correa Llano, cerró la reunión diciendo “seguimos trabajando”, lo que evidenció la falta de votos para dictaminar y la apertura a más debate. Esa frase, reproducida en los pasillos parlamentarios, resume la situación: voluntad de avanzar sin los números para hacerlo aún.
El proyecto también consiguió el respaldo del gobierno de Santa Fe a través de la diputada y ex vicegobernadora Gisela Scaglia, que pidió votar la iniciativa tal como llegó del Senado. Esa adhesión pone en juego a las provincias con industria integrada, que ven en la ley una forma de consolidar capacidades productivas y empleos locales.
En la cadena del bioetanol, la provincia de Córdoba es la mayor productora del país y no registra internas comparables, porque la cadena del maíz y la de la caña de azúcar ya acordaron la repartición del negocio. Ese acuerdo sectorial contrasta con las tensiones que hoy atraviesan al segmento del biodiésel y muestra la heterogeneidad de intereses entre biocombustibles.
Impacto en provincias productoras
El diputado nacional Carlos Gutiérrez (Córdoba) alertó que la nueva dilación “perjudica a las provincias productoras” y atribuyó la falta de dictamen a “los movimientos del PRO y las dudas del Gobierno”. El reclamo subraya el costo político y económico que significaría no contar con una ley antes de fin de año para los distritos generadores de materia prima y empleo.
Gutiérrez dijo además que en Córdoba también se producen biodiésel y que están abiertos a negociar porcentajes de corte, pero no aceptarán demoras que sirvan de excusa para postergar la sanción de la normativa. Esa postura plantea la necesidad de un equilibrio: mejorar el texto sin usar la negociación como justificación para la paralización indefinida.
El riesgo real es que el año concluya sin una nueva ley y que los tiempos parlamentarios reduzcan la posibilidad de que el Senado trate una versión modificada antes del receso. Además, 2027 será un año electoral y la actividad legislativa suele desacelerarse, lo que agrava la urgencia de una resolución en las semanas que quedan.
Para destrabar el conflicto se necesitará una estrategia que combine protección a las pymes, certezas para las integradas y una definición técnica sobre el porcentaje de corte que sea compatible con metas ambientales y viabilidad industrial. Un acuerdo no solo ordenaría mercados sino que enviaría una señal fundamental para las inversiones en la agroindustria y la transición energética.
Mirá el debate por los biocombustibles en Diputados
En el recinto y en las comisiones, las exposiciones técnicas y los posicionamientos políticos quedaron registrados y pueden verse en la transmisión oficial del Congreso, que incluye intervenciones de funcionarios y legisladores. Si no hay sorpresas en las próximas semanas, la discusión seguirá en comisiones hasta que alguna fuerza logre los votos para forzar el dictamen.
La decisión que tomen los legisladores en los próximos días condicionará la hoja de ruta del sector durante los próximos años y tendrá impacto en la logística, empleo y precios internos de los combustibles. Para productores y empresas la cuenta es simple: sin ley clara no hay previsibilidad, y sin previsibilidad se frenan inversiones y proyectos de reconversión tecnológica.
