El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, anunció la decisión de sumar a provincias e intendencias en el monitoreo del programa del control de precios de la canasta compuesta por 1.432 productos de consumo masivo que puso en marcha el Gobierno nacional y que se extenderá por 90 días, al que buscarán también incorporar a las asociaciones de consumidores.
Además, el Gobierno salió a manifestar su confianza en que no va a haber desabastecimiento de productos al salir al cruce del titular de la Cámara Argentina de Comercio, Mario Natalio Grinman, luego de que el dirigente empresario advirtiera la posibilidad de faltantes en las góndolas y estantes de los negocios.
“Estamos previendo los mecanismos legales para que gobernaciones e intendencias acompañen el monitoreo del programa, informen y podamos avanzar en el control”, dijo Feletti quien esta tarde inició en la ciudad de La Plata la ronda de diálogo con una reunión con el gobernador bonaerense Axel Kicillof e intendentes de la provincia.
Previo a ese encuentro, Kicillof respaldó las medidas que adoptó el Gobierno nacional para “darle un ordenamiento a la cuestión de los precios” de la canasta básica y dijo que implica “darle una lógica que tenga que ver con los costos”.
Consideró necesario “evitar que suban los precios si no están subiendo los costos” y explicó que “hoy el dólar oficial está bastante estable, las tarifas no aumentan, los salarios incluso se están recuperando, pero con la inflación corriendo desde atrás”.
El Gobierno publicó hoy en el Boletín Oficial la resolución 1050/2021 de la Secretaría de Comercio Interior, a través de la cual se retrotraen al 1 de octubre y se congelan hasta el 7 de enero próximo los precios de 1.432 productos de consumo masivo.
La resolución estableció la “fijación temporal de precios máximos de venta al consumidor para todos los productores, comercializadores y distribuidores” de la canasta de productos de consumo masivo en todo el territorio nacional, en una decisión adoptada tras una serie de reuniones con las empresas de la cadena de producción, distribución y comercialización.
La norma también llamó a las empresas a “incrementar su producción hasta el máximo de su capacidad instalada y a arbitrar las medidas conducentes para asegurar su transporte y provisión durante el período de vigencia de la presente medida”.
Desde el sector empresario, esta mañana el presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) dijo que “va a haber desabastecimiento” a raíz de la medida oficial, al entender que “las empresas no van a fabricar el producto que le provoca pérdida”.
Horas más tarde, a través de un comunicado, la CAC salió a manifestar su “plena vocación de colaborar” con el Gobierno nacional y negó que las palabras de Grinman hayan sido una amenaza por parte de las empresas alcanzadas por la fijación de precios de la canasta de productos de consumo masivo.
La entidad manifestó que las declaraciones efectuadas por el presidente de la entidad referidas a los controles de precios y a sus efectos, “en modo alguno han pretendido amenazar al Gobierno ni a ningún otro sector del quehacer nacional”.
El contrapunto que salió a aclarar la CAC se produjo a partir de la respuesta a las palabras de Grinman, por parte de Roberto Feletti, a través de su cuenta de la red social Twitter.
El secretario de Comercio Interior dijo que “este tipo de amenazas no son a un Gobierno ni a una política, sino al pueblo argentino”.
También aseguró que la política de precios tiene como objetivo “bajar el peso de la canasta básica alimentaria en el salario” y agregó: “Yo voy a ejercer la política de precios con este norte: bajar el peso de la canasta básica alimentaria en el salario. Ese es un norte, un objetivo de la política de precios. Y voy a implementar una política. La resolución de hoy es un paso”.
Sobre la reacción de las empresas al planteo del Gobierno para sostener el poder adquisitivo de los salarios, el secretario consideró que “hay demasiada carga ideológica en algunos empresarios” pero a la vez admitió que la mayoría aceptó el programa aún con diferencias sobre su implementación.
En particular, señaló que “el grueso de las 139 observaciones al listado se concentra en tres grandes empresas”, al señalar la concentración del segmento alimenticio en el que se cuenta con “una canasta básica cuya oferta está en manos 47 empresas grandes”.
Más allá de la controversia, el funcionario de la cartera de Desarrollo Productivo adelantó que además de buscar sumar a gobernaciones e intendencias en el acompañamiento del monitoreo del programa, en la tarea de supervisión también estarán “convocando a las asociaciones de consumidores”.
En ese sentido, señaló que el Gobierno nacional a través de la Secretaría de Comercio Interior enviará a los “ministros y secretarios de Producción o de Comercio según el cargo de cada provincia, el listado de precios que corresponde a cada jurisdicción, para que ellos implementen los mecanismos de monitoreo”.
Feletti manifestó también la necesidad de que la Secretaria de Comercio cuente con “delegaciones en todas las provincias, ya que se desarmaron en los 90 y no las tienen, porque no se puede permitir que los mercados monopólicos no tengan ningún tipo de regulación”.
Ante las críticas que recibió desde sectores empresariales y la oposición, Feletti dijo que “los controles de precios tienen que ser transitorios e ir a otro esquema, pero permiten intervenir en la puja distributiva y en casi todos los casos generaron una fuerte expansión del consumo”.
Sobre la medida y la supuesta afectación de los intereses de las empresas, Feletti aseveró que “no es una intervención tan tremenda ni desmadra los márgenes de las empresas ni produciendo alteración de los planes de negocios. Hay capacidad ociosa por lo que pueden ganar por producción y no por precio y asegurar una canasta diversa para el conjunto de los argentinos en alimentos”.
Finalmente, advirtió que mediante los controles de la implementación del programa el Gobierno va a “hacer cumplir la ley como principal fundamento de la seguridad jurídica de un país”.
“La obligación de abastecer y cumplir precios compatibles con los ingresos de la población en consumos esenciales también es una obligación legal y debe cumplirse, sino el único derecho que parece que se debe cumplir es el de la propiedad privada, y la constitución garantiza muchos otros derechos a los argentinos”, enfatizó el funcionario.
