Los gobernadores de Córdoba y Santa Fe han tomado la delantera en un reclamo que promete marcar la agenda del agro en 2025: la quita de retenciones al agro. Ambos mandatarios coinciden en que esta medida resulta crucial para reactivar un sector estratégico de la economía argentina, golpeado por años de políticas fiscales que frenan su competitividad.
Las retenciones a las exportaciones agropecuarias han sido motivo de disputa histórica entre los gobiernos nacionales y los productores del campo. Este tributo, que se aplica principalmente sobre productos clave como la soja, el maíz y el trigo, ha sido señalado por sus efectos adversos en la rentabilidad de los productores y la capacidad de reinversión del sector.
En este contexto, los gobernadores Juan Schiaretti (Córdoba) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe) han sumado fuerzas para exigirle al presidente Javier Milei una respuesta concreta. Según afirman, el campo necesita con urgencia condiciones fiscales más justas para maximizar su aporte al crecimiento económico.
Argumentos del reclamo: una economía que depende del agro
Tanto Córdoba como Santa Fe, provincias líderes en la producción agroindustrial, destacan que las retenciones actuales representan un freno para el desarrollo de sus economías regionales. “El campo es uno de los motores más potentes de nuestra economía, y las retenciones son una traba inaceptable”, señaló Schiaretti en un acto reciente.
Por su parte, Pullaro enfatizó la importancia de liberar al sector de este gravamen: “Eliminar las retenciones no solo beneficia al productor, sino que tiene un impacto positivo en toda la cadena productiva, desde los empleos rurales hasta las exportaciones”.
Ambos líderes políticos coinciden en que reducir o eliminar las retenciones permitiría que el campo incremente su competitividad en el mercado global. Además, sostienen que esta medida ayudaría a atraer nuevas inversiones y consolidar a Argentina como proveedor estratégico de alimentos en un contexto internacional de alta demanda.
Desde el sector agropecuario, las entidades gremiales respaldaron este reclamo. Coninagro y la Sociedad Rural Argentina han señalado repetidamente que las retenciones representan una carga impositiva injusta, especialmente en un país con una de las presiones fiscales más altas del mundo.
La quita de retenciones al agro no solo beneficiaría a los grandes productores. También tendría un impacto directo en pequeños y medianos agricultores, quienes a menudo enfrentan mayores dificultades para sostener sus actividades debido a los altos costos asociados con la producción y comercialización.
El desafío político: ¿qué hará el gobierno nacional?
La postura de Córdoba y Santa Fe coloca al gobierno nacional en una encrucijada. Durante su campaña, Javier Milei prometió eliminar las retenciones, pero la implementación de esta medida enfrenta desafíos políticos y fiscales.
Actualmente, las retenciones representan una fuente significativa de ingresos para el Estado, especialmente en un contexto de déficit fiscal. Sin embargo, los gobernadores insisten en que el costo de mantener este impuesto supera con creces los beneficios a largo plazo.
Llegó la hora del campo. Argentina aún está a tiempo de evitar una crisis profunda que golpee a su interior productivo. Por eso acompañamos el legítimo reclamo de las entidades agropecuarias, que exigen al Gobierno nacional medidas concretas para enfrentar esta difícil situación.… pic.twitter.com/WGfG4SqUV4
— Martín Llaryora (@MartinLlaryora) January 8, 2025
La discusión se intensifica en un momento de alta volatilidad económica, donde el campo aparece como una oportunidad para dinamizar la economía. Con una cosecha que podría ser récord en 2025, muchos expertos consideran que es el momento ideal para revisar el esquema fiscal y permitir que el sector agropecuario despliegue todo su potencial.
No obstante, implementar la quita de retenciones al agro requiere una estrategia que contemple tanto las necesidades del sector productivo como las demandas de equilibrio fiscal del gobierno nacional. Algunos economistas sugieren que, en lugar de una eliminación total, se podría avanzar en una reducción gradual para mitigar el impacto en las arcas del Estado.
Una oportunidad para reactivar el campo
El pedido de Córdoba y Santa Fe no es solo una demanda sectorial; es un llamado a repensar el modelo económico del país. En palabras de Pullaro: “No podemos seguir asfixiando al campo. Es hora de liberar su capacidad de producción y exportación”.
La contribución del sector agropecuario a la economía argentina es indiscutible. En 2023, las exportaciones agroindustriales representaron más del 60% de los ingresos por comercio exterior. Sin embargo, el potencial del campo sigue limitado por un esquema fiscal que, según los expertos, prioriza el corto plazo en detrimento de un crecimiento sostenido.
El reclamo de Córdoba y Santa Fe también refleja una demanda social más amplia. En muchas localidades rurales, las retenciones se perciben como un castigo al esfuerzo de los productores, quienes enfrentan crecientes costos de insumos, riesgos climáticos y dificultades logísticas.
Hacia un nuevo modelo de desarrollo agroindustrial
En las próximas semanas, el gobierno nacional deberá definir su postura frente a este reclamo, que suma cada vez más apoyo desde otras provincias productoras. Gobernadores, productores y entidades agropecuarias coinciden en que la quita de retenciones al agro no es solo un pedido, sino una necesidad para asegurar la competitividad del sector y su capacidad de generar divisas.
La medida también podría abrir la puerta a un debate más amplio sobre el rol del campo en el desarrollo económico del país. Según los analistas, aprovechar al máximo el potencial del agro requiere no solo cambios fiscales, sino también inversiones en infraestructura, tecnología y capacitación para los productores.
Si el gobierno nacional decide avanzar con esta propuesta, el impacto positivo podría extenderse mucho más allá del sector agropecuario. Al reducir las retenciones, se incentivaría la producción, se generarían más empleos y se incrementaría la recaudación tributaria a través de otros canales, como el impuesto a las ganancias y el IVA.
