El pasado 10 de julio, el Congreso de la Nación sancionó una reforma tributaria (vinculada a los créditos) que encendió alarmas en todo el sector productivo argentino. Con el argumento de financiar la suba de jubilaciones, se aprobó la eliminación de la exención del Impuesto a las Ganancias que regía para los aportantes a los Fondos de Riesgo de las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR). La medida, contemplada en el artículo 10 de la nueva ley, impacta de lleno sobre la oferta crediticia y la estabilidad financiera de miles de micro, pequeñas y medianas empresas, en especial en las regiones agrícolas.
La reacción no tardó en llegar. Las Cuatro Cadenas –Maizar, Argentrigo, Acsoja y Asagir– expresaron su preocupación y advirtieron que la norma atenta contra un instrumento esencial para el desarrollo productivo. Según las entidades, el cambio legal desincentiva la participación de empresas como socias protectoras en las SGR, reduciendo los fondos disponibles que garantizan el acceso a préstamos con tasas competitivas.
El corazón del problema radica en el modo en que las SGR funcionan. Estas sociedades articulan la relación entre grandes compañías que aportan capital al Fondo de Riesgo –con el incentivo de la exención impositiva– y pequeñas firmas que necesitan financiamiento. A través de este respaldo, los bancos otorgan créditos en mejores condiciones a productores que no poseen suficientes garantías propias. En otras palabras, el sistema facilita que miles de PyMEs puedan invertir, crecer y generar empleo formal.
Al suprimir el beneficio fiscal, el Congreso modificó de hecho el equilibrio que sostenía la rueda del financiamiento productivo. Las entidades agroindustriales remarcaron que el impacto será inmediato: menos fondos disponibles, menor volumen de operaciones y un retroceso en la formalización del crédito. Para muchas empresas chicas y medianas, el acceso a las SGR marcaba la diferencia entre un préstamo razonable y el encarecimiento que imponen los mecanismos informales.
Reclamo conjunto y llamado a la responsabilidad fiscal
Las cadenas que representan los principales complejos agrícolas señalaron que la decisión del Congreso vulnera un sistema que ha demostrado eficiencia y transparencia durante más de dos décadas. Con la eliminación de la exención, el aporte de las empresas protectoras perderá atractivo, porque pasarán a tributar sobre esos fondos que destinan a respaldar a terceros.
Voceros de las entidades destacaron que no se trata de un beneficio corporativo aislado sino de un incentivo orientado a sostener el crédito productivo. La herramienta permitió que productores agropecuarios, cooperativas y PyMEs accedieran a financiamiento sin caer en circuitos especulativos. En la práctica, muchos de los que invirtieron en tecnología, maquinaria o procesos de agregado de valor lo hicieron gracias a estas garantías.
Además, la eliminación de la exención puede generar un efecto dominó sobre las economías regionales. Sin el respaldo de las SGR, algunos productores se verán forzados a abandonar la actividad o reducir su escala, lo que afectará el empleo rural y la producción local. Desde las cadenas recordaron que el sector agropecuario es el primer eslabón de un entramado que involucra transporte, industria, comercio y servicios.
“El supuesto ahorro fiscal que se invoca no compensa la pérdida de inversión productiva, el impacto negativo sobre la formalización del crédito ni el retroceso en la inclusión financiera”, advirtieron. También subrayaron que las SGR se crearon como una herramienta público-privada pensada para promover la equidad territorial y federalizar el acceso al financiamiento.
Consecuencias que exceden lo contable
El comunicado conjunto remarcó que no es posible medir esta reforma solamente en términos de recaudación inmediata. Las cadenas insistieron en que, al cerrar la puerta a un mecanismo virtuoso, el Estado resigna crecimiento económico futuro, generación de empleo y capacidad de tributar más recursos genuinos.
Durante los últimos años, las SGR se consolidaron como un pilar clave para proyectos productivos de pequeña escala. De acuerdo con cifras de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, más de 14.000 PyMEs y productores accedieron a garantías en 2024, por un volumen que superó los $500.000 millones. Este esquema permitió financiar insumos, modernizar instalaciones y sostener ciclos de producción que de otra manera hubiesen quedado paralizados.
Para los productores agropecuarios, el respaldo de las SGR resultó particularmente importante ante la volatilidad de los costos y las tasas bancarias. En zonas alejadas de los centros urbanos, donde la bancarización tiene menores niveles de penetración, las SGR acercaron soluciones concretas y transparentes.
“Con esta reforma se debilita un instrumento que probó ser inclusivo y eficiente. Quitarle previsibilidad implica retroceder en los procesos de formalización que tanto esfuerzo costaron”, advirtieron las Cuatro Cadenas.
El comunicado cerró con un pedido expreso al Poder Ejecutivo y al Legislativo para que revisen el artículo 10 de la ley sancionada y mantengan el régimen original. Según las entidades, no se puede sacrificar un mecanismo que contribuyó a sostener miles de proyectos productivos en todo el país por una decisión que sólo contempla objetivos fiscales de corto plazo.
