El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, inauguró las sesiones ordinarias de la Legislatura el 1 de mayo con un discurso centrado en medidas para impulsar la actividad económica local. Además de repasar logros de su gestión, presentó un paquete de iniciativas orientadas a facilitar el acceso al crédito, reducir cargas fiscales y modificar la estructura de financiamiento público destinada al sector productivo. Los anuncios buscan apuntalar la inversión privada —especialmente de pymes y del sector agroproductivo— y reordenar una herramienta financiera que funcionó durante casi tres décadas.
Nuevas herramientas para la inversión
Cornejo adelantó que durante 2026 su gobierno pondrá en marcha dos mecanismos diseñados para mejorar las condiciones de financiamiento para empresas y productores. Uno de ellos consiste en subsidios a las tasas de interés para créditos otorgados por entidades financieras, destinados a abaratar el costo del dinero y estimular proyectos de inversión.
El mandatario explicó que la estrategia provincial se apoya en la disciplina fiscal como base para ampliar el acceso al crédito y sostener la inversión pública, al tiempo que busca facilitar el financiamiento privado. En este marco, recordó medidas ya aprobadas por la Legislatura, como la exención del impuesto de sellos para préstamos productivos y una baja en la alícuota de Ingresos Brutos aplicable a entidades financieras, que contribuyen a mejorar el entorno para la intermediación crediticia.
Entre las líneas previstas también figura la ampliación de fondos de garantía, con el objetivo de mejorar las condiciones para que más pequeñas y medianas empresas puedan acceder a préstamos con avales que reduzcan el riesgo para la banca.
Fin de una era en el financiamiento
Uno de los anuncios más relevantes fue la presentación de un proyecto de ley para suprimir el Fondo para la Transformación y el Crecimiento (FTyC) y reemplazarlo por una nueva Dirección de Financiamiento Productivo. Según Cornejo, este organismo funcionará bajo la coordinación del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Producción y su propósito será facilitar el acceso al crédito en lugar de sustituir la intermediación financiera privada.
El mandatario sostuvo que la reconversión institucional permitirá una gestión más eficiente de las herramientas de apoyo a la inversión y de los fondos de garantía, aunque la medida requiere ahora el tratamiento legislativo correspondiente.
Origen y legado del FTyC
El FTyC nació a principios de la década de 1990, cuando la provincia recibió un importante monto por una liquidación de regalías petroleras. A partir de esa base patrimonial se constituyó un fondo con el objetivo de financiar inversiones privadas y promover el desarrollo productivo local. Su primer crédito se concretó en 1995 y, a lo largo de casi treinta años, el fondo otorgó financiamiento a miles de emprendimientos y proyectos en Mendoza.
Además de líneas crediticias blandas, la institución administró fideicomisos estratégicos y funcionó como herramienta de respuesta ante contingencias, como emergencias climáticas o la pandemia, canalizando recursos especiales para micropymes y productores afectados. Sus programas abarcaron inversión productiva, capital de trabajo, eficiencia hídrica, protección contra granizo, ganadería y subsidios de tasas bancarias, y se articuló con planes provinciales como Mendoza Activa para potenciar el acceso al crédito.
Impacto previsto y preguntas abiertas
Las medidas anunciadas buscan reducir el costo del financiamiento y ampliar la cobertura para pymes y productores, lo que podría traducirse en mayor inversión privada y dinamismo productivo si se implementan correctamente. La ampliación de garantías y los subsidios de tasa son instrumentos habituales para llevar crédito en condiciones más favorables a sectores con restricción financiera.
Al mismo tiempo, la transformación del FTyC en una dirección plantea interrogantes sobre la continuidad de programas existentes, el manejo de fideicomisos y la preservación de los recursos destinados a contingencias. La letra fina del proyecto de ley que el Ejecutivo enviará a la Legislatura será determinante para conocer el alcance real de los cambios, la vigencia de las líneas actuales y las garantías de transparencia en la gestión de los fondos.
Próximos pasos
Cornejo anunció que remitirá el proyecto de reforma institucional al cuerpo legislativo para su tratamiento. A partir de ese momento comenzará el debate parlamentario, que deberá resolver detalles operativos: el traspaso de recursos, la estructura organizativa de la nueva Dirección y los mecanismos de articulación con el sistema financiero y los programas vigentes.
En términos generales, las propuestas presentadas en la apertura de sesiones marcan un giro hacia un modelo que prioriza la facilitación del crédito por medio de incentivos y garantías, al tiempo que reestructura una herramienta histórica de la provincia. El impacto real dependerá del diseño final de las normas y de la coordinación entre el sector público y el sistema financiero privado.
