La importación vacuna aftosa se convirtió en uno de los temas más debatidos en el mundo ganadero argentino. La decisión del Gobierno nacional de habilitar el ingreso de vacunas desde Brasil, Uruguay y Paraguay despertó expectativa entre los productores que esperan alivio en los costos y generó inquietud en laboratorios locales que cuestionan la capacidad de estos biológicos importados para cumplir con los más altos estándares de calidad.
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) resolvió publicar la resolución 525/2025, una normativa que fija los requisitos técnicos que deberán cumplir las empresas interesadas en traer estos productos. Esta decisión busca dar certeza al proceso de importación y al mismo tiempo garantizar que las vacunas cumplan condiciones idénticas a las que rigen para la producción nacional. Sin embargo, la medida se implementa en un contexto donde la fiebre aftosa sigue siendo un riesgo sanitario latente y la tensión por los precios de la sanidad animal no deja de crecer.
La resolución del Senasa llega luego de varios meses de controversias que incluyeron reclamos de laboratorios, cuestionamientos públicos de cámaras empresarias y la intervención del propio Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Mientras el Gobierno sostiene que la apertura de la importación vacuna aftosa permitirá reducir los valores de aplicación que pagan los productores, los representantes de la industria nacional advierten sobre riesgos en la bioseguridad del rodeo argentino y eventuales impactos en la trazabilidad sanitaria que el país sostiene con gran esfuerzo.
Importación vacuna aftosa – los requisitos que definieron el nuevo escenario
La resolución 525/2025 definió un conjunto de pautas obligatorias que cualquier laboratorio deberá cumplir si decide comercializar en Argentina vacunas elaboradas en países socios del Mercosur. Entre los puntos destacados figura la presentación de un Certificado de Libre Venta o de Exportación emitido por la autoridad sanitaria del país de origen, un documento que debe detallar la fórmula completa del producto y su autorización para uso interno. Además, será obligatorio aportar un Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura vigente y con reconocimiento por organismos internacionales equivalentes.
El Senasa también estableció que los expedientes tendrán que incluir la traducción de los datos técnicos más relevantes, como los resultados de inocuidad, eficacia, estabilidad y trazabilidad de cada lote. La normativa aclara que no se trata únicamente de habilitar el ingreso con un trámite administrativo simplificado. El objetivo central es homologar la calidad de estas vacunas a los estándares argentinos y dar la posibilidad de rechazar registros si existen inconsistencias. El organismo subrayó que este esquema de control se aplicará tanto a los nuevos registros como a aquellos productos que ya circulen en el Mercosur.
En paralelo, la autoridad sanitaria nacional reforzó su potestad de exigir cualquier informe técnico adicional si detecta dudas en la documentación. Esta cláusula se considera un recurso clave para sostener la confianza de la cadena productiva en un momento de grandes presiones sobre la transparencia del sistema sanitario.
El debate se profundizó porque algunas empresas locales aseguran que la apertura facilita la competencia desleal. Según esos sectores, los procesos de evaluación que se exigen a los productores nacionales suelen requerir años de ensayos clínicos, mientras que la equivalencia sanitaria permitiría que biológicos extranjeros ingresen con procesos abreviados. Desde Senasa replican que la normativa contempla controles en laboratorio y auditorías que evitarán riesgos y que los procedimientos serán igual de rigurosos en todos los casos.
Entre la búsqueda de ahorro y los riesgos para la sanidad animal
La llegada de vacunas importadas reconfigura el negocio sanitario. Tecnovax fue la primera empresa en solicitar la aprobación de la vacuna bivalente Ourovac Aftosa, elaborada por el laboratorio brasileño Ourofino. Esta compañía sostiene que la importación permitirá reducir los precios hasta un cincuenta por ciento. La proyección entusiasma a miles de productores que cada año destinan una parte importante de sus recursos a cumplir con la vacunación obligatoria contra la fiebre aftosa. Según voceros de la empresa, la planta de fabricación brasileña cuenta con todas las certificaciones necesarias y dispone de capacidad para abastecer al mercado argentino sin demoras.
Pero la polémica no tardó en escalar. Biogénesis Bagó y otros laboratorios argentinos cuestionaron públicamente el ingreso de un lote de 8.300 dosis de la vacuna Ourovac que fue trasladado a Ezeiza bajo un permiso excepcional. Tras detectarse inconsistencias en la estabilidad térmica, ese envío quedó retenido y finalmente fue destruido. La disputa derivó en la presentación de cartas documento contra el Senasa y en una discusión pública sobre la transparencia de los procedimientos. Mientras tanto, la empresa interesada en importar insiste en que el producto cuenta con antecedentes de uso seguro y precios mucho más bajos que los biológicos fabricados en Argentina.
El Gobierno, por su parte, reforzó el mensaje de apertura. El ministro Federico Sturzenegger explicó que la importación vacuna aftosa se enmarca en una política de competencia que busca bajar los costos productivos y que la resolución del Senasa da garantías de seguridad. La declaración oficial sostiene que la libertad de elección permitirá que los productores accedan a insumos sanitarios al mismo precio que sus competidores en la región.
La discusión también impacta sobre la percepción internacional del estatus sanitario argentino. La fiebre aftosa representa un desafío permanente en los mercados exportadores y la posibilidad de incorporar proveedores externos genera inquietud sobre la calidad de los lotes y su trazabilidad. Los técnicos de organismos sanitarios regionales recuerdan que la enfermedad todavía circula en algunos países del Mercosur y que cualquier falla en la aplicación de controles podría comprometer la condición de país libre con vacunación que ostenta Argentina.
A pesar de las críticas, la importación vacuna aftosa cuenta con apoyo de sectores productivos que buscan reducir sus costos en un contexto de márgenes ajustados. Muchos ganaderos creen que la competencia puede disciplinar los precios internos y mejorar la disponibilidad de dosis durante las campañas. Otros actores temen que los controles no alcancen para garantizar la bioseguridad.
En los próximos meses, el Senasa deberá resolver los expedientes de registro presentados por Tecnovax y eventuales solicitudes de otros laboratorios que evalúan abrir canales de importación. La aprobación dependerá de nuevas pruebas de estabilidad y potencia, así como del cumplimiento integral de los requisitos que fija la resolución 525/2025.
Mientras tanto, la tensión entre productores, laboratorios locales y el Gobierno anticipa un escenario de disputas legales y debates técnicos. La importación vacuna aftosa promete modificar las condiciones del mercado sanitario y obliga a repensar el equilibrio entre ahorro económico y resguardo sanitario.
