¿Se puede frenar la quiebra de SanCor después de adeudar US$120 millones?
¿Qué queda de la histórica cooperativa láctea que supo procesar millones de litros y ahora solicita su propia quiebra? El pedido judicial reabre el debate sobre el impacto en la producción y la economía regional.
El trámite judicial que presentó ayer la emblemática cooperativa de Sunchales volvió a exponer el final de un ciclo que parecía imposible. La solicitud de quiebra ante el juez Marcelo Gelcich marca un antes y un después en la historia de la lechería argentina.
El fin de un símbolo del cooperativismo
Fundada en 1938, SanCor fue durante décadas un referente de la industria láctea nacional y un actor central en las economías regionales. En sus mejores tiempos la cooperativa llegó a procesar más de cuatro millones de litros diarios y a emplear a más de cuatro mil personas, pero hoy opera apenas 300.000 litros y conserva alrededor de 850 empleados.
La de SanCor no es solo una historia empresarial sino también una trama social que involucró caminos rurales, electrificación y formación técnica en zonas productoras. Una fuente que conoció de cerca a la compañía resumió: “Desde caminos rurales, electrificación rural, desarrollo en las regiones y formación de técnicos que hoy están trabajando en todas las industrias del país”.
Gestión, errores y decisiones políticas
El deterioro se fue conjugando con problemas estructurales, elevados costos y pérdida de competitividad frente a rivales más ágiles, lo que fue erosionando la solidez financiera de la cooperativa. Un punto de inflexión ocurrió en 2006 cuando la posible venta a Adecoagro se frustró por decisión política y se optó por un financiamiento desde Venezuela por US$80 millones que condicionó operaciones futuras.
Como contrapartida de ese préstamo, la cooperativa consignó miles de toneladas de leche en polvo durante quince años, aunque parte de ese esquema dejó de concretarse por incumplimientos externos. En ese capítulo la empresa reclamó y aún registra una deuda por parte de Venezuela estimada en US$18 millones.
Reestructuraciones fallidas y pérdida de escala
SanCor encaró en 2017 una profunda reestructuración que incluyó cierre de plantas, venta de activos y reducción de personal, pero la operación no revirtió la tendencia descendente. La propia empresa reconoció que “tras atravesar una profunda crisis en 2017, la cooperativa inició un proceso de reestructuración que fue cumpliendo distintas etapas”.
En 2019 la firma vendió instalaciones y marcas a Adecoagro por US$45 millones buscando liquidez, aunque la reducción de escala continuó mermando su capacidad industrial y comercial. El traslado de líneas históricas a terceros y la venta de negocios como las áreas de yogures y postres terminaron de achicar la estructura de la cooperativa.
¿Por qué el rescate no llegó a tiempo?
La falta de capital fresco resultó decisiva y varios intentos de salvataje quedaron truncos por falta de convicción política o privada, incluso cuando la propuesta se discutió a niveles de gobierno. Durante el gobierno de Alberto Fernández se evaluó un fideicomiso privado para rescatar la empresa, pero el proyecto nunca prosperó y la compañía siguió acumulando pasivos.
Para comienzos de 2025 la situación ya era crítica, y en febrero la cooperativa se presentó en concurso preventivo de acreedores como último recurso legal para reordenar sus deudas. El exsecretario de Lechería de Santa Fe, Pedro Morini, interpretó entonces que el concurso era “el principio de una quiebra”.
Impacto económico y en la cadena de producción
El deterioro de SanCor tiene un efecto multiplicador en la cadena láctea, desde tambos y proveedores hasta comercios y exportadores que integraban su red de valor. La caída de una cooperativa de tal envergadura reduce la demanda de leche cruda, presiona precios y aumenta la incertidumbre para cientos de productores asociados que dependían de su mercado interno.
Además, la quiebra potencial agrega costos sociales y financieros que van más allá de la empresa, con reclamos laborales y obligaciones impositivas que podrían tensionar aún más las economías locales. El sindicato Atilra denunció deudas millonarias y sostuvo que existía una deuda preconcursal de $69.000 millones más $14.000 millones en obligaciones laborales impagas, algo que radicalizó el conflicto y precipitó pedidos judiciales de quiebra.
La deuda, la Justicia y la intervención
En el concurso se verificó un pasivo cercano a los US$120 millones que hoy motiva la petición de quiebra y deja a la cooperativa sin margen de maniobra financiero. El juez del concurso endureció su postura y ordenó la entrega de información clave, medida que anticipó la designación de una coadministradora y la posibilidad cierta de intervención judicial.
Ante la profundización de la crisis, exempleados y acreedores siguieron presentando demandas y pedidos de quiebra, lo que complicó aún más cualquier plan de rescate ordenado. El propio plan presentado por la empresa en octubre pasado admitía que “el sostenimiento de la marcha del negocio de la cooperativa durante el proceso del concurso se está tornando dificultoso sin la participación de terceros”.
¿Quedan opciones para preservar parte de la estructura?
El pedido de quiebra abre interrogantes sobre si es posible preservar activos productivos y líneas clave que todavía podrían sostener empleo y producción en la región lechera. Algunos analistas sostienen que, incluso en un proceso concursal extremo, siempre existe la posibilidad de vender plantas o marcas para mantener partes operativas bajo nuevos dueños o fórmulas asociativas.
Sin embargo, el tiempo juega en contra y la acumulación de pasivos, junto con la pérdida de mercado, disminuye el atractivo de la empresa para inversores interesados en un relanzamiento industrial. En palabras de una fuente consultada, “Es la empresa láctea que más sufrió el proceso de controles de precios, cierres de importaciones, presiones sindicales, entre otros factores”.
La quiebra de SanCor no es solo la caída de una marca, sino la señal de un cambio estructural en la lechería argentina que exige respuestas de política pública y estrategias de mercado. El desafío ahora será articular soluciones que mitiguen el impacto productivo y protejan la capacidad industrial que aún pueda rescatarse.
