Los mandatarios de la Mesa de Enlace piden bajar la presión impositiva y avanzan en una agenda estructural para mejorar la competitividad del campo

Los presidentes de Coninagro, la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Federación Agraria Argentina (FAA) y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) se reunieron en un diálogo público organizado por LA NACION y Negocios del Campo. La conversación, conducida por Viviana Valles, puso el foco en la reducción de la presión impositiva y en una agenda amplia que va más allá de las exportaciones.

Los dirigentes coincidieron en que la baja de impuestos sigue siendo una de las reivindicaciones centrales del sector, aunque advirtieron que esa medida por sí sola no solucionará los problemas de competitividad. Señalaron que se necesita un paquete de políticas que incluya infraestructura, financiamiento, seguridad rural y una actualización normativa como la ley de semillas.

En el intercambio, los representantes destacaron que los reclamos fiscales son persistentes mientras exista la carga tributaria actual, pero también abrieron la discusión hacia otros desafíos estructurales. Entre esos desafíos nombraron el acceso a crédito con condiciones razonables y obras esenciales en cuencas y rutas para mejorar la logística de la producción.

La cuestión de las competencias entre Nación y provincias surgió cuando se habló de impuestos provinciales y obras hídricas, con especial atención a la cuenca del río Salado, donde reclamaron la finalización de obras pendientes. Los dirigentes remarcaron que las soluciones requieren acuerdos claros sobre responsabilidades entre niveles de gobierno para evitar demoras que afectan a la producción.

Infraestructura, crédito y tecnología: prioridades para sostener el crecimiento

Los líderes coincidieron en que la infraestructura es clave para bajar costos y sostener la competitividad, y apuntaron a inversiones en caminos, ferrovías y obras de riego en regiones clave como la Patagonia y la zona pampeana. Señalaron que esas inversiones no solo beneficiarían al agro, sino que también impulsarían el desarrollo local y la industria vinculada.

Sobre el financiamiento, advirtieron que el acceso a crédito a tasas sostenibles aceleraría la expansión productiva y permitiría a las empresas afrontar la demanda internacional creciente. Además, enfatizaron que el financiamiento debe complementar la inversión propia de empresas y productores, para sostener investigación y la incorporación de nuevas tecnologías.

La discusión sobre la ley de semillas volvió a tomar protagonismo, con dirigentes que recordaron que la revisión lleva más de dos décadas en la agenda nacional. La FAA planteó que la nueva regulación debe reconocer la actividad de científicos, biotecnólogos y empresas semilleras, y al mismo tiempo contemplar el rol y los riesgos asumidos por el productor agropecuario.

En ese punto los representantes pidieron un debate integral que incluya a toda la cadena, desde investigadores hasta productores, para evitar soluciones parciales que trunquen adopciones tecnológicas. Subrayaron que la adopción de nuevas variedades y prácticas depende tanto de la regulación como del soporte económico y técnico disponible en el territorio.

Seguridad rural, clima y producción: preocupaciones y propuestas

La seguridad rural y los hechos de vandalismo fueron señalados por CRA como problemas crecientes que requieren respuestas rápidas de la Justicia y de las fuerzas de seguridad. El reclamo se amplió más allá del daño económico, al sostener que está en juego la vida del sector humano que vive y trabaja en el campo.

Los dirigentes reconocieron que las perspectivas productivas muestran buenos volúmenes en varios cultivos, aunque alertaron por focos de preocupación climática y productiva en zonas puntuales. Destacaron que existen sectores —como yerba, lana y uva— con complicaciones por variables climáticas y de mercado, lo que exige políticas regionales específicas.

En términos climáticos, los referentes indicaron que, si bien los pronósticos regionales permiten esperar resultados aceptables en muchas zonas, la heterogeneidad del año obliga a mantener herramientas de apoyo y gestión de riesgos. Reclamaron además planificación de largo plazo para mitigar el impacto de la variabilidad climática y reforzar la resiliencia de las cadenas productivas.

Finalmente, los interlocutores pidieron a las autoridades políticas un enfoque integrado que combine alivio fiscal temporal con inversiones en infraestructura y líneas de crédito accesibles, además de una modernización normativa. Acordaron que esa estrategia plural es la única capaz de mejorar la competitividad del campo y sostener el crecimiento exportador y el empleo rural.