La Federación que agrupa a cooperativas agrícolas puso en alerta sobre un aumento significativo en el costo de producir trigo para la campaña 2026/27, atribuido en gran parte al conflicto en Medio Oriente. Según el estudio encargado por Coninagro, el sobrecosto promedio por hectárea supera los 110 dólares desde el inicio de la guerra. La entidad reclama la eliminación de los derechos de exportación al cereal como medida inmediata para aliviar la presión sobre los productores y garantizar la continuidad de la siembra.
Principales impulsores del aumento de costos
El informe sitúa la causa principal en las interrupciones logísticas alrededor del Estrecho de Ormuz, por donde circula una parte clave del comercio mundial de fertilizantes y energía. Ese efecto ha impulsado subas internacionales en insumos esenciales: la urea registra un aumento global que supera el 84%, mientras que el petróleo Brent llegó a picos cercanos a 115 dólares por barril, lo que se tradujo en un incremento aproximado del 25% en el precio local del gasoil, combustible clave para siembra, cosecha y logística.
Con variaciones por región, el encarecimiento alcanza hasta 120,10 dólares por hectárea en el sudeste bonaerense y 115,60 dólares/ha en la zona integrada por el norte de la provincia de Buenos Aires y el sur de Santa Fe. En promedio, Coninagro estima un aumento de costos de 110,30 dólares por hectárea; de ese total, 87,40 dólares corresponderían a fertilizantes y 22,90 dólares al combustible.
La propuesta: eliminar los derechos de exportación
Ante este panorama, la organización propone eliminar la alícuota de derechos de exportación del 7,5% que hoy grava al trigo. Con un precio FOB proyectado a cosecha de 240 dólares por tonelada, esa rebaja representaría una diferencia de alrededor de 18 dólares por tonelada y, según el cálculo del economista autor del estudio, implicaría un ingreso adicional para el productor de 72 dólares por hectárea, cubriendo cerca del 65% del incremento de costos atribuidos al conflicto internacional.
Impacto fiscal y alcance temporal
La quita de retenciones implicaría un costo para las arcas públicas estimado en 232 millones de dólares para la campaña 2026/27, considerando un volumen de exportación proyectado de 12,9 millones de toneladas y con efectos a partir de diciembre de 2026. Además, para lo que queda de la campaña actual —donde aún faltan declarar ventas por 5,5 millones de toneladas—, el impacto fiscal calculado asciende a 93,6 millones de dólares.
Provincias y municipios: medidas complementarias
Coninagro también advierte que, más allá de la política nacional sobre retenciones, las jurisdicciones provinciales y municipales pueden colaborar reduciendo impuestos y tasas que encarecen la logística y el acopio. Señala además el costo financiero asociado a regímenes de retención bancaria (SIRCREB), que inmovilizan fondos y limitan la liquidez de la cadena agropecuaria en un contexto de mayores erogaciones.
Qué riesgo enfrentan los productores
La combinación de insumos más caros y presión sobre la rentabilidad amenaza la intención de siembra, sobre todo en la zona núcleo, donde ya se observa una menor predisposición a sembrar trigo. Coninagro plantea que la eliminación de retenciones no debe entenderse como un regalo fiscal, sino como una inversión para preservar el nivel de exportaciones —por encima de 3.000 millones de dólares en la próxima campaña— y mantener la continuidad operativa frente a un entorno geopolítico incierto.
Opciones de política pública y alternativas
Además de la suspensión temporal o la reducción de derechos de exportación, existen otras herramientas públicas que podrían estudiarse para mitigar el impacto en el corto plazo: líneas de crédito a tasas subsidiadas para financiar compra de fertilizantes y combustible; mecanismos de compensación dirigidos a pequeños y medianos productores; acuerdos con proveedores internacionales para asegurar oferta de insumos; y medidas coordinas entre Nación, provincias y puertos para reducir costos logísticos.
Conclusión
La suba de insumos vinculada al conflicto en Medio Oriente obliga a repensar la estructura fiscal y las políticas de apoyo al trigo si se busca sostener la siembra y preservar las exportaciones. La propuesta de Coninagro de eliminar los derechos de exportación busca trasladar alivio directo a los productores, pero plantea un trade-off fiscal que el Estado debería evaluar junto con medidas complementarias a nivel provincial y municipal para proteger la cadena productiva.
Documento completo y fuente: Coninagro — Informe sobre costos del trigo
