Por qué las pick-ups quedaron fuera del RIMI y qué implica para el campo
El Régimen de Incentivo a las Medianas Inversiones (RIMI) prometía alivio para las explotaciones agropecuarias que necesiten renovar equipos, pero dejó fuera a un bien clave: la pick-up o camioneta de trabajo. Esta exclusión no provino de la ley sino de una remisión reglamentaria a una nomenclatura aduanera que no fue pensada para incentivar inversiones productivas.
El dilema de las pick-ups en el RIMI
La Ley 27.802 definió la inversión productiva como la adquisición de bienes muebles nuevos amortizables, con una única excepción explícita: los automóviles (art. 180). Sin embargo, el Decreto 242/2026 remitió la elegibilidad a la clasificación del Anexo I del Decreto 557/2023, por lo que muchas camionetas quedan fuera por no llevar la sigla BK o BIT.
La consecuencia práctica es significativa para una micro o pequeña empresa agropecuaria que deba cumplir un mínimo de inversión de U$S 150.000 para acceder al beneficio. Una camioneta destinada al uso diario en el campo —transporte de personal, insumos y herramientas— reúne el criterio sustantivo de la ley: está afectada directamente a la producción y es amortizable.
El problema: el decreto de reglamentación
El artículo 3 del Decreto 242/2026 incorpora como condición que los bienes “clasifiquen” según el Anexo I del Decreto 557/2023 como Bienes de Capital (BK) o Bienes de Informática y Telecomunicaciones (BIT), transformando una presunción abierta en una lista cerrada. Así, una posición arancelaria como la NCM 8704.21.90 (pick-up) queda excluida aunque la camioneta sea, en la práctica, una herramienta de trabajo.
La remisión normativa es problemática porque el Anexo I no fue diseñado para medir afectación productiva sino para administrar alícuotas de importación; es decir, responde a una política arancelaria con finalidades aduaneras. Además, la lista es dinámica y está sujeta a cambios por razones comerciales, lo que deja al universo de bienes elegibles a merced de decisiones externas al régimen.
Un límite para la inversión
Usar la sigla arancelaria como filtro genera tres problemas concretos: altera el criterio de afectación productiva que fijó el legislador, aplica un instrumento anterior y con distinta finalidad, y alcanza bienes fabricados o adquiridos localmente que nunca pasan por aduana. Esa incompatibilidad convierte a la remisión en un freno práctico para la inversión agropecuaria, que pierde coherencia entre normas tributarias y aduaneras.
La distinción entre automóvil y camioneta ya existe en el sistema: la Ley de Tránsito 24.449 define automóvil como vehículo para transporte de personas y camioneta como vehículo de carga hasta 3.500 kg. En la práctica tributaria argentina las pick-ups se consideran utilitarios de trabajo y están tratadas de forma distinta en Ganancias e IVA, lo que refuerza el argumento de que no deben quedar fuera del RIMI.
Qué dice la Corte sobre los excesos reglamentarios
La jurisprudencia de la Corte Suprema permite evaluar si una reglamentación excede la ley; precedentes como el fallo Cartellone rechazaron condiciones agregadas por la administración a beneficios fiscales cuando el Congreso no las previó. Aplicado al RIMI, ese criterio sugiere que la remisión a una nomenclatura arancelaria no puede sustituir el criterio de afectación productiva que la ley impuso.
Una solución técnica posible sería modificar el artículo 3 del Decreto 242/2026 para que la clasificación BK/BIT funcione como presunción de elegibilidad y no como condición excluyente. Alternativamente, el Ministerio de Economía podría cumplir el mandato del artículo 182 y publicar la nómina propia de bienes de capital del régimen, ajustada al criterio productivo y compatible con el resto del sistema tributario.
Conclusión
La exclusión de la pick-up del RIMI no responde a una voluntad expresa del legislador, sino a una remisión reglamentaria a una herramienta arancelaria anterior al régimen y con otra finalidad. Mientras no exista una nómina oficial que precise los bienes según la afectación productiva, los productores rurales enfrentarán una restricción que encarece la inversión y genera riesgos tributarios.
Incluir una camioneta en el cómputo del RIMI hoy expone al contribuyente a la caducidad del beneficio y a las sanciones del artículo 187, incluyendo la restitución del tributo, intereses resarcitorios y multas. La corrección no requiere otra ley sino la integración normativa que la propia Ley 27.802 delegó al Ejecutivo: una nómina clara, actualizada y alineada con la función productiva del bien.
