Proyecto para tipificar el vandalismo rural busca endurecer penas y acelerar la respuesta policial

La creciente preocupación por los episodios de inseguridad en zonas rurales llevó a que Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) impulse un proyecto de ley para tipificar y aumentar las penas por delitos en el campo. El texto ya está en debate en el Congreso y podría obtener aprobación en las próximas semanas.

El tema se instaló en la agenda del ruralismo junto a reclamos por retenciones e inversiones en infraestructura, pero ganó protagonismo por su impacto directo en la producción. La discusión apunta a dar una respuesta legal y operativa a daños que afectan la cadena agroindustrial y la vida de las comunidades rurales.

Según la Fundación Barbechando, el proyecto crea la figura de intrusión rural con penas de 1 mes a 1 año de prisión para quien ingrese sin autorización a predios delimitados por alambrados, tranqueras o carteles. La norma busca que las fuerzas de seguridad puedan intervenir ante el merodeo nocturno, la caza furtiva o el reconocimiento previo a robos sin esperar a la consumación del delito.

Otra novedad es la incorporación del delito de daño agravado, con penas de 2 a 8 años de prisión y multas equivalentes a 3 a 12 veces el valor del daño. El texto protege expresamente sistemas de riego, paneles solares, silos y alambrados, y duplica la pena mínima si el autor es funcionario público o persona vinculada habitualmente al sector agropecuario.

Qué cambia en el Código Penal

Los impulsores plantean que la ausencia de tipificación genera distorsiones judiciales intolerables en casos de alto impacto económico. Como ejemplo, señalan que el daño a un silo bolsa cargado con toneladas de granos —con pérdidas por millones— puede recibir el mismo tratamiento que un rayón en un automóvil.

El proyecto incorpora el artículo 150 bis al Código Penal para tipificar el ingreso deliberado y no autorizado a un establecimiento rural cuando exista una clara voluntad de exclusión por parte del propietario. La herramienta busca anticipar la acción policial y evitar que el delito se consuma antes de poder actuar.

Además se actualiza la figura de instigación pública, elevando la pena a 2 a 6 años para quien incite a cometer delitos rurales y triplicando la sanción cuando la incitación se difunde por redes sociales o medios de comunicación masiva. La modificación responde a la constatación de que las plataformas digitales facilitan la organización y amplificación de hechos delictivos.

Impacto productivo y respaldo del sector

Barbechando puso como ejemplo el daño a una bomba de agua, que puede comprometer el acceso al recurso de un rodeo completo y generar consecuencias sanitarias y económicas. Una vaca de cría puede necesitar entre 50 a 70 litros diarios en verano, por lo que la inutilización de equipos puede traducirse en pérdidas inmediatas para la producción.

En la reunión de la Comisión de Agricultura, la Mesa de Enlace expresó su apoyo y reclamó igualdad de derechos entre el campo y la ciudad: “Los que viven en el campo tienen que tener los mismos derechos que los que viven en las urbes”. El pedido fue suscripto por CRA, Coninagro y la Sociedad Rural Argentina, que pidieron medidas eficaces pero no privilegios.

Los representantes del sector remarcaron que la protección jurídica debe complementarse con políticas públicas que fortalezcan la prevención y la presencia del Estado en territorios rurales. También advirtieron sobre la necesidad de estrategias para combatir la difusión y organización delictiva a través de plataformas digitales.

Desde Barbechando señalaron que estas modificaciones forman parte de una agenda más amplia para acompañar el desarrollo productivo y social del campo en toda su diversidad territorial. El objetivo, explicaron, es construir un marco legal que permita dejar de ver al campo como tierra de nadie y garantizar condiciones para producir y vivir en el medio rural.

Si el proyecto avanza hacia su aprobación, productores, fuerzas de seguridad y operadores judiciales deberán coordinar protocolos para la aplicación de las nuevas figuras penales. La expectativa en el sector es que la norma reduzca el margen de impunidad y mejore la prevención de delitos con alto impacto económico y social.