Exportadores y operadores reclaman por demoras en certificados y alertan pérdidas por más de US$80 millones

Exportadores de trofeos de caza y operadores de turismo cinegético denuncian que las demoras en la emisión de certificados nacionales paralizan la actividad y ponen en riesgo ingresos y empleos rurales. Las empresas y cámaras del sector advirtieron que la acumulación de trámites sin resolución ya genera costos y pérdida de clientes internacionales.

La Cámara Argentina de Turismo Cinegético y Conservación (Catcyc) reportó que existen 2.756 expedientes pendientes y cerca de 3.000 trofeos que no pueden exportarse hasta recibir la documentación oficial. Según la entidad, esa congestión administrativa afecta a provincias como La Pampa, Corrientes, Entre Ríos, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut, San Luis y Buenos Aires, donde el turismo cinegético es fuente de divisas y empleo.

Las demoras parten de la necesidad de una certificación nacional de Fauna —en formato digital— que complementa las habilitaciones provinciales y las guías de tránsito. El cambio de circuito administrativo tras una investigación judicial vinculada al operador Jorge Noya habría quitado facultades de firma a técnicos previos y concentrado la autorización en la Secretaría nacional, lo que incrementó los tiempos.

El exportador Federico Cosentino aseguró que mantiene trofeos declarados desde hace más de un año sin poder completar la exportación y que la operatoria le genera cerca de $10 millones por mes en costos asociados a depósitos fiscales y logística. Cosentino explicó que los trámites empiezan con permisos provinciales y aduaneros, pero quedan frenados a la espera de la certificación nacional necesaria para que la exportación se concrete.

Catcyc cuantificó además 150 trámites demorados vinculados a inscripciones de cotos y ciadeos, y denunció que hay estancias que llevan hasta dos años esperando la inscripción definitiva para comercializar animales o desarrollar actividades turísticas. La cámara advierte que la incertidumbre provoca cancelación de inversiones, pérdida de clientes y daño a la imagen del país como destino de turismo cinegético.

Operadores relatan un ciclo administrativo que se reinicia repetidas veces: cuando vencen plazos, los expedientes deben volver a empezar, se presentan subsanaciones y transcurren otros 90 días hasta que el trámite se archiva o se reabre. Esa dinámica, según fuentes del sector, funciona como un cuello de botella que encarece la actividad y desincentiva al turista extranjero que viaja para cazar legalmente.

Qué piden los exportadores y cuál sería la solución práctica

La demanda principal del sector es simplificar la superposición de controles entre jurisdicciones nacionales y provinciales para evitar la duplicación de pasos administrativos conocida como doble trámite. Catcyc y exportadores proponen que la autoridad nacional solicite únicamente una copia simple del registro provincial ya realizado, en lugar de repetir verificaciones que las provincias ya cumplen.

En esa línea, la cámara solicitó participar en la modificación de las normativas vigentes —resoluciones 437/2006, 231/2019 y 170/2021— para acordar un esquema operativo razonable y con plazos cumplibles tanto para operadores como para autoridades. También reclamaron criterios uniformes de evaluación y un mecanismo digital más ágil que permita a las provincias y al organismo nacional coordinar la firma de los certificados.

Desde el sector señalan que el problema administrativo comenzó a agravarse a partir de marzo de 2025, cuando cambió el circuito de aprobación y la firma final quedó centralizada en la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes. Según el reclamo, esa centralización hizo que expedientes que antes se tramitaban de forma fluida hoy queden frenados mientras esperan la firma del funcionario responsable.

La cámara estimó que, además de las pérdidas comerciales, la paralización impacta en una cadena de valor que incluye hoteles, guías, transportes, restaurantes y servicios locales en torno a unos 300 cotos de caza activos en distintas provincias. Esa actividad, dicen los operadores, genera divisas directas y un flujo económico regional que está en riesgo si no se normaliza la operativa de certificación.

Riesgos, equilibrio regulatorio y próximo paso

Expertos del sector advierten la necesidad de sostener controles que combatan el tráfico ilegal de fauna sin asfixiar las exportaciones legales que financian economías locales; ese equilibrio exige procedimientos claros, digitales y coordinados entre niveles de gobierno. Operadores sostienen que medidas simples como intercambiar copias digitales de registros y plazos acotados podrían resolver buena parte del cuello de botella sin debilitar la fiscalización.

La Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes fue consultada sobre los reclamos y no respondió hasta la publicación de esta nota, según la comunicación del sector con los medios. Mientras persista la demora, los exportadores y las economías regionales continuarán acumulando costos y riesgos reputacionales que, advierten, pueden provocar el éxodo de clientes hacia otros destinos más previsibles.