Un juzgado federal de Mendoza admitió este viernes un amparo presentado por la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) y dictó una medida cautelar para suspender la Resolución 55/2026 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, que había ordenado el cese del aporte obligatorio que cada eslabón de la cadena del vino realizaba por litro producido, embotellado y vendido para financiar a Coviar.
El Gobierno había argumentado que Coviar no cumplió los objetivos para los que fue creada y por eso debía eliminarse la contribución, una decisión que en la práctica dejaría a la Corporación sin fondos y con varios integrantes ya alejados. La medida provocó controversia: Coviar se defendió; bodegas y el Gobierno de Mendoza apoyaron la desregulación, pidiendo, en algunos casos, “no dramatizar”.
El juez federal Pablo Quirós avaló la postura de Coviar, señalando que la entidad fue creada por la Ley 25.849 (Plan Estratégico Vitivinícola) y que una resolución del Ejecutivo no debería suprimir su financiamiento. Además ordenó al Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) intimar a los establecimientos que no estén cumpliendo con las contribuciones obligatorias. Coviar, por su parte, evitó comentarios públicos y afirmó que seguirá operando como hasta ahora, independientemente de las instancias judiciales.
