La discusión por la Ley de Semillas se consolidó como uno de los temas centrales del agro durante 2026, con impacto directo en productores, industria y transferencia tecnológica.
Este debate define cómo se remunerará la innovación en genética vegetal y qué alcance tendrá el denominado uso propio para los agricultores.
En la 3° edición de Agro Management organizada por Infocampo se puso en foco ese debate con un panel que reunió a referentes claves del sector.
Participaron el presidente del INASE, Martín Famulari; el titular de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino; el gerente de Relaciones Institucionales de GDM, Lucas Amadeo; y la moderadora Ángeles Naveyra.
El mecanismo elegido para avanzar en el diálogo fue el de las mesas de diálogo, que permitieron pasar de la confrontación pública a una negociación técnica.
Sin embargo, el punto más álgido sigue siendo cuánto y a quiénes alcanzará el uso propio, la norma que define si el productor puede volver a sembrar semilla propia y en qué condiciones.
Desde el INASE subrayan que la intención es lograr una ley por acuerdo y evitar soluciones que dejen a alguno de los actores en una posición incómoda.
Como dijo Famulari: “la ley tiene que salir por un acuerdo, no nos sirve una ley en la que alguno de los usuarios esté disconforme”.
Tras el panel, Famulari profundizó en la dinámica del debate y explicó que la negociación avanzó pero chocó con la definición del umbral del uso propio.
El eje de la discusión no es ideológico sino técnico: determinar cuántos productores podrán usar semilla propia de forma gratuita o por un pago y bajo qué parámetros.
En ese sentido, el funcionario afirmó que “desde septiembre el uso propio es el único tema” y que están en las últimas conversaciones para ir al Congreso.
No obstante, aclaró que si el Poder Ejecutivo envía un proyecto y en qué plazos es una decisión que ya no depende del INASE.
El INASE y el nudo del uso propio
Las posiciones iniciales de la industria semillera y las entidades del campo se acercaron durante las mesas, pero aún falta consenso en detalles clave.
Esa falta de acuerdo técnico es lo que mantiene la negociación en una etapa de cierre y explica la cautela política alrededor del envío del proyecto.
Famulari evitó detallar los parámetros económicos que se están discutiendo para remunerar las mejoras biotecnológicas, por tratarse de negociaciones en curso.
Mientras tanto, desde el Estado admiten que tendrán que intervenir para dar las últimas pinceladas a la normativa antes de su eventual presentación legislativa.
La discusión no se limita a la soja, aunque ese cultivo concentra el mayor interés público y económico del sector agrícola.
Según el presidente del INASE, una nueva ley también será relevante para la vid, frutícolas, hortícolas y ornamentales, sectores que requieren seguridad jurídica para invertir en semillas y materiales vegetales.
Impacto productivo y próximos pasos
Uno de los efectos más mencionados por los actores es la necesidad de fortalecer la capacidad de contralor del INASE para garantizar cumplimiento y trazabilidad.
Eso implicará, según las fuentes, una articulación más estrecha con el sector privado y nuevas herramientas técnicas y regulatorias.
Si se aprueba una ley consensuada, los impulsores aseguran que cambiará la dinámica productiva y la relación entre innovación y usuarios del campo.
Como sintetizó Famulari: “Les va a cambiar radicalmente la vida. Si logramos que se apruebe esta ley, la Argentina va a cambiar productivamente”.
