En la Exposición Rural de Palermo un equipo de investigadores vinculados a la UBA, la Universidad de San Andrés y la UCEMA presentó un diagnóstico que obliga a repensar la política de inversión en Argentina y su impacto en el sector agroindustrial. El Centro de Estudios de la Productividad ARKLEMS+LAND y expertos del Consejo de Políticas de Infraestructura compartieron cálculos que muestran un problema estructural de acumulación de capital.
El dato central es que, de la inversión bruta equivalente al 19,1 % del PBI estimada para 2025 a precios constantes, apenas 4,2 puntos corresponden a creación neta de nuevo capital. El resto —casi 15 puntos— se destina a reponer y mantener activos existentes, lo que limita la expansión productiva.
Según el economista que presentó el estudio, la tasa actual de inversión privada y pública ronda el 16,6 % del PBI a precios constantes, una cifra insuficiente para recuperar niveles de crecimiento sostenido. Para volver al ritmo del ciclo expansivo previo al último choque se requeriría elevar esa inversión al 23,3 % del PBI, y para aspirar a tasas de crecimiento como las de Corea del Sur sería necesario llegar al 32,2 %.
El diagnóstico no se queda en porcentajes, sino que pone foco en la productividad: la productividad laboral está apenas por encima de niveles de 1974 y la productividad total de factores se ubica en niveles similares a los de 1950. Aun con un rebote del 2,8 % registrado el año pasado, el avance es insuficiente para modificar la trayectoria de largo plazo.
El estudio utiliza una metodología inspirada en los trabajos de Robert Hall y Charles Jones para estimar cuánto debe invertir la economía para recuperar dinamismo, e incluye una primera medición detallada del stock de capital por tipo de activo. Esa medición, elaborada con la Cámara Argentina de la Construcción y con apoyo del BID, incorpora infraestructura y equipo y busca ser insumo para el índice de capital del país.
La consecuencia más palpable para hogares y empresas es la lentitud en la mejora del nivel de vida: si la economía sigue creciendo al ritmo promedio del siglo pasado, un joven de 25 años tardaría 70 años en duplicar su nivel de vida, y recién cerca de los 95 años alcanzaría ese objetivo en el escenario actual. En cambio, en un escenario de inversión y productividad superiores esos plazos se acortan drásticamente.
Implicancias para el campo y la cadena agroindustrial
Para la agroindustria la falta de capital nuevo se traduce en tecnología, logística e infraestructura insuficientes para aumentar valor agregado y penetración de mercados. El informe subraya que los mayores esfuerzos de inversión deberían concentrarse en transporte, almacenamiento, comunicaciones y servicios básicos como electricidad, gas y agua, elementos críticos para las cadenas de valor rurales.
El déficit de inversión pública y privada también encarece los costos logísticos y limita la escala de los proyectos productivos, una barrera concreta para que el productor pueda exportar producto con mayor valor agregado. En ese contexto, la digitalización del campo, el mejor acceso a la energía y la modernización de la red vial y ferroviaria emergen como prioridades para elevar la competitividad.
El estudio ofrece dos escenarios para el mediano plazo: uno moderado que replique el desempeño del ciclo 1998–2011 y uno ambicioso similar al de economías del Este de Asia. En el primer escenario, con una mejora de productividad de medio punto anual, la inversión debería subir al 23,3 % del PBI para obtener un crecimiento anual promedio del 2,9 %.
En el segundo y más ambicioso escenario el país alcanzaría un crecimiento cercano al 6 % anual si la inversión llegara al 32,2 % del PBI y la productividad aumentara en torno al 2 % anual. Bajo ese supuesto, un joven de 25 años duplicaría su ingreso en apenas 14 años, una transformación social y económica de gran impacto para zonas rurales y ciudades pequeñas.
Qué exigiría la transición y cómo se financia
Lograr esos saltos requiere políticas públicas coherentes y coordinación entre el sector privado, el Estado y organismos multilaterales para financiar infraestructura pesada y capital de riesgo en tecnología agrícola. El propio informe advierte que si la productividad no mejora, la inversión necesaria podría elevarse hasta el 40 % del PBI, lo que incrementa la complejidad del financiamiento.
En la práctica eso implica mayor inversión en ferrocarriles y rutas que reduzcan costos de flete, expansión de capacidad de almacenamiento y plantas de procesamiento, y promoción de la electrificación y del gas en zonas rurales. También pide reforzar la infraestructura digital y los servicios logísticos para facilitar la trazabilidad y el acceso a mercados internacionales.
Para los productores, esto significa que la transición no será sólo una cuestión de capital sino de cambios organizacionales: asociatividad, adopción de tecnologías de precisión y mejores esquemas de acceso a crédito. Para los responsables de políticas públicas, el desafío es diseñar incentivos que movilicen inversión privada y pública sin crear distorsiones fiscales que limiten la sostenibilidad.
En resumen, el diagnóstico presentado en Palermo plantea que la Argentina no está simplemente en un bache temporal sino frente a un problema de capitalización y productividad de largo plazo que afecta la competitividad agroindustrial. Las decisiones que se tomen en los próximos años sobre inversión e infraestructura marcarán si el país puede traducir su potencial productivo en crecimiento sostenido y mejoras reales en la calidad de vida.
