Senado posterga el debate sobre la ley de tierras y la Sociedad Rural respalda cambios con regulaciones
El Senado decidió postergar la votación del proyecto que modifica la Ley de Tierras Rurales, en un trámite que generó amplio debate entre distintos sectores del campo y la política. La postergación respondió a la falta de apoyos para aprobar el capítulo referido a la adquisición de campos por parte de extranjeros.
La Sociedad Rural Argentina (SRA) participó de las instancias de consulta previas y su presidente, Nicolás Pino, defendió la necesidad de avanzar con la iniciativa por considerarla “muy necesaria” para el país. Pino también respaldó la posibilidad de que extranjeros adquieran tierras en la Argentina, aunque reclamó reglas claras para situaciones puntuales.
Desde el oficialismo se argumenta que la reforma busca atraer inversiones privadas y dinamizar el uso de la tierra sin abrir la puerta a compras por parte de Estados extranjeros. En la práctica, el debate se centró en qué límites y controles deben mantenerse para preservar la soberanía territorial y el rol de las provincias en la regulación del suelo.
El proyecto impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, incluyó un capítulo que habilita la compra de predios por personas físicas y jurídicas extranjeras bajo determinadas restricciones. Ese punto fue el principal obstáculo para que el oficialismo consiguiera los votos necesarios y llevó a postergar la votación hasta el 6 de agosto.
Qué cambia la iniciativa y por qué genera resistencia
La versión más reciente de la iniciativa elimina los límites vigentes para la adquisición de tierras por parte de extranjeros que establece la normativa actual, sancionada en 2011, que fijaba un tope general del 15 % por nacionalidad en cada provincia y un tope del 30 % para una misma nacionalidad dentro de ese cupo. La modificación propuesta mantendría restricciones específicas pero flexibilizaría esos techos, lo que generó resistencias en distintas bancadas y en algunos gobernadores.
Además, la iniciativa exige que las empresas con participación de estados extranjeros obtengan una autorización conjunta de la Nación y de la provincia donde esté el inmueble, una exigencia que complicó el consenso en la negociación parlamentaria. Esa exigencia fue uno de los puntos que profundizó las diferencias internas y terminó impidiendo la votación en la sesión prevista.
El tema también cruzó cuestiones ambientales y productivas, ya que Pino señaló ejemplos en la Patagonia donde la expansión de especies silvestres —como pumas, zorros colorados y guanacos— afecta la producción ovina y plantea la necesidad de reglas territoriales. En paralelo, se mencionó la compra de campos destinados a parques o reservas como situaciones que requieren regulación específica para evitar conflictos con las comunidades y la producción local.
La discusión no es únicamente entre oficialismo y oposición dura; también se observaron objeciones desde sectores de la oposición dialoguista preocupados por el alcance de los cambios y por preservar la capacidad regulatoria de las provincias. Frente a esa heterogeneidad de posiciones, el oficialismo optó por postergar la votación para buscar mayor consenso de cara a la cita de agosto.
Lo que viene será una ronda de negociaciones entre el Ejecutivo, los legisladores y los gobiernos provinciales para precisar los límites y mecanismos de control que ofrezca la norma. La clave será lograr un equilibrio entre atracción de inversiones y salvaguarda de la propiedad, el uso del suelo y el interés territorial de cada provincia.
