Buenos Aires, 4 de Agosto (NA) – Preguntarle a Marcos Pereda si tiene ganas de salir un rato a la Pista Central de La Rural de Palermo para sacarle unas fotos es como preguntarle si quiere ir a su casa. Así de cómodo se mueve por los corredores de la histórica pista central de la Sociedad Rural Argentina en la Ciudad de Buenos Aires, escenario de la mejor cara del campo que viene a la ciudad a mostrar todo su potencial y terreno de batalla de mil contiendas contra la política, que no siempre entiende lo que es el sacrificio de millones de personas que hacen productiva nuestra tierra.
Esta pista estuvo colmada, del 16 al 26 de julio, por los mejores ejemplares de la ganadería nacional, por las maquinarias agrícolas que atrajeron las miradas en el patio exterior. Sus gradas se poblaron de empresarios, trabajadores, funcionarios y hasta el propio presidente Javier Milei dijo presente. Pero ahora Pereda está allí solo (excepto por el equipo de la Agencia Noticias Argentinas), sonríe y reflexiona sobre el peso indiscutible del agro en la economía del país, en la generación de divisas, en la creación de empleo donde otros sectores no llegan y en los históricos escollos que el clima, el mundo y sobre todo la política le ponen en el camino. Y piensa también en la resiliencia del campo para sobreponerse a todo y seguir adelante.
No es una licencia poética: él mismo lo cuenta todo en una entrevista exclusiva, a poco de competir como candidato para presidir la Sociedad Rural Argentina, institución de referencia en la defensa del sector agropecuario. En una charla a fondo, Pereda señala como principales desafíos la presión impositiva, la falta de previsibilidad macroeconómica y las condiciones de financiamiento. Si bien reconoció avances, sostuvo que persisten restricciones estructurales que limitan el potencial de inversión y crecimiento del sector.
RK: ¿Qué diagnóstico hace del sector agropecuario argentino?
MP – Esel principal sector del país y el que más divisas aporta: genera alrededor del 60% del ingreso de divisas. Y, si miramos a la agroindustria en su conjunto, no solo al agro, también aporta alrededor de 2,5 millones de empleos, lo que la convierte en uno de los principales sectores empleadores. Otro rasgo importante es que se trata de una actividad completamente federal. Cada ciudad y cada provincia del interior tiene un reflejo agropecuario; de norte a sur, en todo el territorio argentino, está presente el campo. Por lo tanto, su desarrollo es el desarrollo del interior, y ese es uno de los principales desafíos que enfrenta la Argentina. Hoy, esa falta de desarrollo se manifiesta con mucha fuerza en el interior del país: en la educación, la salud, la seguridad y también en los problemas de infraestructura, como los caminos, entre otros. Por eso creo que es muy importante destacar este concepto: cuando se desarrolla el campo, se desarrolla el país.
¿Qué balance hace de la actualidad en comparación con 2023? ¿Hay diferencias post Milei?
– Creo que el Gobierno anterior terminó con el último aliento y estuvimos al borde de una hiperinflación y de un descalabro económico monumental. En ese contexto, este Gobierno logró enderezar el barco. Todavía tiene enormes desafíos, sobre todo en materia de desarrollo, como dijimos antes, pero hoy los números de la macroeconomía, en general, están relativamente ordenados. Obviamente hay muchas cosas por hacer, pero el camino es el correcto. Podemos discutir un montón de cuestiones, pero que las cuentas tienen que estar equilibradas es lo principal. Al mismo tiempo, todavía tenemos una matriz impositiva muy negativa para el desarrollo del país. Hay impuestos nacionales y provinciales que se superponen, además de muchos tributos distorsivos. En el agro eso se ve con mucha claridad, porque en lugar de promover e incentivar la producción, la castigan. Eso no ocurre en los países desarrollados. Normalmente, esos países subsidian al agro porque necesitan impulsar el desarrollo de las regiones y del territorio. En cambio, nosotros hacemos exactamente lo contrario. No solo no subsidiamos, sino que castigamos al sector. El contraste entre la situación actual y lo que podría lograrse si hiciéramos las cosas bien, sería enorme. Yo no pido subsidios; lo que pido es que dejen de castigar al sector. Creo que ese es uno de los principales desafíos de este Gobierno y que debería resolverlo lo más rápido posible.
¿Usted cree que las retenciones son un castigo?
– No me cabe ninguna duda: son un castigo, un verdadero castigo. En realidad, también es un castigo que nos imponemos a nosotros mismos, porque la Argentina entera se está autoflagelando con esto; es como pegarse un tiro en el pie. Y, en una especie de síndrome de Estocolmo, no nos damos cuenta del daño que nos hacemos. Las retenciones son un castigo muy grande para todos.
El Gobierno avanzó con la reducción de algunas retenciones. ¿Fue suficiente? ¿Tuvo algún impacto positivo en las decisiones de producción e inversión?
– Sí, lo tuvo. No es lo mismo tener una alícuota del 33% —es decir, que un tercio de la facturación se lo lleve el Estado— que una del 25% o 26%. De todos modos, falta mucho. Aun con esa reducción, sigue siendo elevada la carga sobre la facturación del sector. Evidentemente, el cambio ha tenido algún impacto en las decisiones de producción e inversión, aunque en el agro también incide fuertemente el clima. Como sector, sabemos que hay variables que podemos manejar y otras que no. Lo que lamentamos es no poder incidir en las políticas públicas, que son determinantes. El clima no lo vamos a poder controlar nunca, pero las políticas de gobierno sí deberían ser más predecibles, porque eso beneficia a todos. Las retenciones siguen siendo el principal reclamo del sector, sin dudas. El eje es la competitividad: reducir impuestos distorsivos que no corresponden, que no existen en otros países, que son discriminatorios y en algunos casos, confiscatorios. Ni Brasil, ni Uruguay, ni Paraguay tienen este tipo de esquemas. Y no solo a nivel nacional, también a nivel provincial, donde existen ingresos brutos y tasas que no siempre se corresponden con una prestación real. En algún momento, todo esto se tiene que corregir si queremos un país normal.
¿Cómo ve la posibilidad de que el Gobierno elimine completamente las retenciones? La promesa de campaña fue hacerlo durante el primer mandato. ¿Cree que eso es posible en el segundo?
– Bueno, lo que hoy están diciendo es que no llegan… Hace poco incluso se planteó una escala de reducción gradual hacia 2028, por ejemplo, para la soja, con una baja progresiva. Lo que sí tengo es la esperanza de que, aunque existe esta hoja de ruta —que no es del todo deseable por lo lenta—, puedan sorprender con algo más ambicioso. Pero siempre digo lo mismo: en los negocios y en los emprendimientos no es bueno sorprender. Hace falta previsibilidad. Y en ese sentido, una escala es útil, pero en este caso es demasiado limitada. Además, al agro le conviene un marco previsible. No es lo mismo que otros sectores: no puede trasladar su “fábrica” a otro país, como sí ocurre con otras actividades. De hecho, ya se han ido varias empresas. Por eso, el sector va a seguir insistiendo en las mismas condiciones.
¿Quién debe invertir en infraestructura: el Estado o el sector privado?
– En los bienes públicos, el responsable último es el Estado. Ahora bien, la inversión puede realizarse a través de distintos esquemas, incluso público-privados. Normalmente, las rutas rentables pueden ser desarrolladas por el sector privado, mientras que aquellas que no lo son deben ser realizadas por el Estado. En cualquier caso, el Estado tiene que garantizar que la infraestructura exista, porque es lo que permite que la Argentina desarrolle su potencial pleno. Eso incluye puertos, ferrocarriles, caminos y rutas: todo lo necesario para llegar a los distintos destinos productivos del país.
Otro problema histórico del sector es la brecha cambiaria. ¿Qué pasa con el tipo de cambio actual?
– Ese problema quedó en parte atrás porque no hay brecha, pero todavía persisten costos altos en dólares y dificultades de competitividad. Aún no hay un tipo de cambio plenamente flotante ni un esquema totalmente libre. Además, sigue existiendo un cepo —aunque más implícito— para la distribución de dividendos de grandes empresas. Cuando la inflación se ubica por encima de lo esperado y el tipo de cambio no acompaña, la economía se encarece en dólares, los costos aumentan y los márgenes exportadores se reducen. Esto no afecta solo al agro, sino a todos los sectores exportadores. Es un problema para los productores y, en general, para la competitividad. Yo soy bastante liberal en este sentido: creo que estas variables se ajustan solas, pero para eso hay que liberarlas. Cuando hay subas de precios, normalmente se compensan con movimientos del tipo de cambio que mantienen cierto equilibrio. Es lo que en términos macroeconómicos se conoce como una paridad teórica de equilibrio. La competitividad se sostiene cuando ese ajuste puede darse libremente, pero todavía no ocurre del todo. El sistema no está completamente liberado, y eso impide que el equilibrio funcione de manera automática.
¿Qué miran hoy los productores para ver si es un buen momento o no para invertir?
– Para mí, lo más importante en Argentina es que no te cambien las reglas del juego cada minuto. Si mirás, por ejemplo, la ganadería, es un caso claro: durante más de 20 años fue un mal negocio y eso llevó a un proceso de desinversión. En ese período avanzó la agricultura en todo lo posible en términos de productividad del suelo. Cuando el suelo lo permitía, se priorizaba hacer soja antes que tener un ternero o una vaca, porque era un mejor negocio. Hoy esa situación se dio vuelta. La ganadería vuelve a ser un buen negocio y, por primera vez en dos décadas, empieza a mostrar mejores perspectivas. Pero ahora hay que volver a invertir: se sacaron alambrados, bebederos, molinos y toda la infraestructura asociada porque ya no era rentable. Rearmar eso lleva tiempo y requiere inversión. En ganadería, desde que tenés una vaca preñada hasta que el novillo llega al frigorífico pasan tres o cuatro años. Y durante todo ese período hay que financiar el proceso: también las pasturas, los alambrados y la infraestructura que se desarmó. Entonces, si después de ese esfuerzo de varios años te vuelven a cambiar las reglas de juego, lo que ocurre es que la inversión no se acelera como podría, sino que avanza de manera más gradual, con mayor cautela.
¿Hay crédito para eso?
– Bueno, el otro punto clave es el financiamiento, que también forma parte de la competitividad. Se necesita financiamiento en moneda local. Sin embargo, hoy no hay tasas razonables en pesos. Están por encima de la inflación, lo que hace inviable el crédito productivo: con tasas del 40% o 50% y una inflación cercana al 30%, el endeudamiento no es una opción real para el productor. Por eso no se financian inversiones como alambrados, compra de terneros o pasturas, lo que también frena el desarrollo del sector. Si se compara con otros países, la diferencia es muy grande. En Uruguay, por ejemplo, se consiguen tasas del 4% o 5% a largo plazo, mientras que en Argentina el acceso al crédito suele ser de muy corto plazo. Todo esto también impacta directamente en la competitividad del sector.
Hablaba de la importancia de la previsibilidad. Algunos sectores, a través del RIGI, destacan justamente el marco jurídico estable que les permite atraer inversiones. ¿El campo tiene algo parecido? ¿Lo necesita?
– Claro que lo necesita, y no lo tiene. El RIGI —y otros esquemas similares— lo que ofrecen, en esencia, es previsibilidad: reglas claras, estabilidad en el tiempo y algunas ventajas competitivas, como la no aplicación de retenciones por un período determinado, beneficios impositivos o regímenes fiscales más favorables. El campo no cuenta con nada de eso. Hay una diferencia clara: lo nuevo entra con condiciones especiales, mientras que lo existente sigue operando bajo el esquema actual, soportando toda la carga de los desajustes macroeconómicos acumulados. Eso genera una situación desigual. En la práctica, todo lo que ya está en funcionamiento debe seguir trabajando con las reglas vigentes, mientras que los nuevos proyectos acceden a beneficios que no tienen los sectores ya instalados.
¿Por qué cree que sucede eso?
– El Gobierno prioriza esos regímenes porque busca atraer inversiones grandes que hoy no existen en el país. La lógica es que, si se otorgan beneficios a lo nuevo, esas inversiones van a llegar. Sin embargo, el sector agropecuario sigue siendo el principal generador de divisas y ha sostenido la economía durante años. Por eso, hay una expectativa de que, una vez que se consolide ese esquema para nuevas inversiones, también se extienda gradualmente a los sectores ya existentes. En definitiva, el punto central vuelve a ser el mismo: previsibilidad y reglas de juego estables para todos los sectores que ya están produciendo.
¿Por qué sostiene que el agro sigue siendo el principal motor de la economía?
– Como lo dije al principio, el 60% de las divisas generadas provienen de la agroindustria. Estamos hablando de unos US$ 40.000 millones. Aun así, el nivel de exportaciones sobre el Producto Bruto es bajo: ronda el 10%, cuando en otros países suele estar por encima del 20% o 25%. Es decir, la Argentina debería exportar mucho más, no solo desde el agro. En ese contexto, se menciona el aporte de otros sectores hacia adelante, como Vaca Muerta, que hacia 2030 o 2035 podría generar unos 30.000 millones de dólares. Hoy, aun con retenciones y con todas las condiciones en contra, el agro genera alrededor de US$ 40.000 millones. La pregunta es qué pasaría si se le quita presión al sector: podría pasar a US$ 60.000 millones o más. El potencial existe. El problema es que hoy el agro carga con gran parte de los desajustes macroeconómicos de la Argentina. Cuanto antes se libere esa carga, más rápido se va a ver reflejado el desarrollo del país.
El gobierno avanzó con distintas medidas de regulación. ¿Cuál fue el impacto?
– Ha habido algunos avances puntuales. En general, toda desregulación que simplifique es positiva para el sector.
Milei ya entró en campaña: prometió bajar las retenciones a la soja al 15% para diciembre de 2028
Algunos hablan de los acuerdos comerciales recientes, como el del Mercosur con la Unión Europea y el de Argentina con EEUU, como una oportunidad histórica para el sector. ¿Qué piensa al respecto?
– Completamente de acuerdo. Hay varios ejemplos donde se va avanzando; nos gustaría que fuera mucho más rápido, pero es un proceso que se está dando. Los mercados externos son el principal activo que tenemos. Si producís algo y no lo podés vender, no sirve. Por eso, poder acceder a mercados de mayor valor es clave, especialmente para la carne y para productos regionales como la miel y otros. El acuerdo Mercosur–Unión Europea, por ejemplo, abre un espacio nuevo y distinto, y además ayuda a nivelar la competencia, porque también obliga a otros sectores a volverse más competitivos ante la futura entrada de productos. En ese sentido, igualar las condiciones de juego es positivo. Es parte de una estrategia de integración al mundo. Más mercados significa mejores precios. Y el acuerdo con EEUU también es relevante: abre una cuota importante para la carne en su mercado. Para ellos es marginal, pero para nosotros es significativa. Hoy Argentina exporta alrededor de un millón de toneladas de carne, y con el tiempo podría duplicar ese volumen si se dan las condiciones. Es una oportunidad concreta y una meta que vale la pena encarar.
¿Cuál es el cuello de botella? ¿Qué diría que necesita concretamente el sector?
– Lo principal ya lo dijimos: la baja de retenciones. Ese es el punto central. La carga actual es muy alta y se percibe como una extracción excesiva o confiscatoria. No es algo que se vea en otros países, y es lo que más limita el desarrollo del sector. De hecho, mientras países vecinos han crecido de manera sostenida, Argentina permanece relativamente estancada. Ese es el principal freno estructural.
¿Cómo evalúa el rol que viene desempeñando la dirigencia de la Sociedad Rural en este reclamo?
– La Sociedad Rural viene históricamente de una situación donde se concentró mucho en la representación de sectores específicos, como los cabañeros, y perdió en parte una visión más amplia de mediano y largo plazo del conjunto del sector. En ese marco, se abre una discusión sobre cuál debe ser el rol institucional y la estrategia de representación del agro en su conjunto. También existen desafíos de gestión y funcionamiento interno, que en algunos casos generan tensiones y dificultan la agenda común. En términos generales, el debate de fondo sigue siendo cómo construir una representación más integral del sector agropecuario.
Recientemente, el secretario de Agricultura pidió a los productores que “aplaudan” las medidas del gobierno. ¿El sector tiene que aplaudir o todavía falta para dar ese reconocimiento?
– Te lo resumo rápido: nos hubiera gustado aplaudir mucho más fuerte. Las medidas son muy escuetas, casi insignificantes y, además, llegaron tarde. Por ejemplo, en el caso del trigo, cuando se anunció una baja de apenas 2% en retenciones, el cultivo ya venía con aumentos de costos muy fuertes por factores internacionales, como el petróleo y otros insumos, que dejaban márgenes prácticamente neutros o negativos. En ese contexto, una reducción de 2% no alcanza. En ese momento, lo que el productor esperaba era una baja mucho más significativa, del orden de 6 o 7 puntos, en línea con el impacto real que estaba sufriendo el sector. Entendemos, de todos modos, que la situación fiscal es compleja. Pero creemos que debería haber más diálogo y trabajo conjunto, porque existe un trade off entre baja de impuestos, aumento de producción y desarrollo económico. Todavía falta una discusión más profunda sobre cómo equilibrar la restricción fiscal del Estado con el potencial productivo del agro, sin trasladar todo el peso al sector. Hoy las retenciones representan alrededor de US$ 7.000 millones, sobre una economía de aproximadamente US$ 700.000 millones. Es cerca del 1%. La pregunta es si ese 1% no podría financiarse de otra manera, sin castigar al sector que sostiene gran parte de las exportaciones y del desarrollo del interior del país.
Agencia NA
