Tensión en la Sociedad Rural por el adelanto del voto electrónico que coincidirá con la Exposición de Palermo
La interna entre el presidente de la Sociedad Rural Argentina y su vice se trasladó al calendario electoral y encendió alertas entre socios y observadores del agro. Renovación con Unidad, espacio que apoya a Marcos Pereda, denunció una “manipulación electoral” por la decisión de adelantar la votación electrónica para que coincida con la Exposición Rural de Palermo.
La conducción actual de la entidad respondió rechazando las acusaciones y ratificando la “plena transparencia del proceso electoral”. Nicolás Pino y la Comisión Directiva sostienen que la ampliación del plazo busca modernizar y facilitar la participación de los socios.
La disputa ocurre a poco más de un mes de la muestra ganadera que se realizará entre el 16 y el 26 de julio y con las elecciones previstas para septiembre. El enfrentamiento entre ambos referentes se da además tras la reforma estatutaria de 2023 que limitó los mandatos y cambió reglas internas.
Los representantes de Pereda afirmaron que la maniobra busca aprovechar los recursos y la visibilidad de la muestra para favorecer al oficialismo y describieron un “serio problema de equidad y neutralidad institucional”. También denunciaron que se adelantaron los plazos y se reemplazaron reglas objetivas por decisiones discrecionales de la Comisión Directiva.
Qué se disputa y por qué importa
En el centro del conflicto está la modalidad y la duración del voto electrónico: según la oposición, se pasó de una votación de 15 días en 2024 a un proyecto que extendería la votación a 50 días sin fundamentos técnicos sólidos. Esa extensión, sostienen, podría transformar la lógica de campaña y el uso de espacios institucionales durante la Exposición.
La tensión tiene implicaciones más allá de la anécdota electoral: la SRA es una de las principales voces del sector agropecuario y cualquier cuestionamiento sobre su gobernanza afecta la representación de productores ante Nación y mercados. Por eso la disputa combina aspectos operativos, jurídicos y de legitimidad interna que pueden repercutir en políticas sectoriales.
En lo jurídico, la SRA invoca el artículo 6° del Reglamento General para las Decisiones Asamblearias (RGDA) y menciona pronunciamientos de la Inspección General de Justicia (IGJ) y del Estudio Cassagne y Asociados que, según la entidad, avalan la interpretación sobre el cómputo de mandatos. La oposición cuestiona esa lectura y habla de una “interpretación forzada del Estatuto” para habilitar posibles candidaturas adicionales.
Desde la conducción sostienen que la ampliación del plazo y la implementación del voto electrónico buscan impulsar la democracia interna y facilitar el acceso de socios que no pueden acercarse físicamente a votar. La SRA subraya que las medidas se tomaron dentro del marco estatutario y con asesoramiento legal.
Escenarios y consecuencias posibles
Las alternativas van desde la confirmación del cronograma por parte de la Comisión Directiva hasta recursos internos o impugnaciones judiciales que reclamen mayor claridad sobre plazos y condiciones de la votación. Un fallo adverso o un pronunciamiento claro de la IGJ podría obligar a modificar el calendario y las reglas de presentación de listas.
Los socios y observadores deberán seguir de cerca los plazos para la oficialización de listas —la SRA menciona el requisito de presentar candidaturas con una antelación no inferior a 50 días— y la comunicación oficial sobre la plataforma de voto. Lo que ocurra impactará en la legitimidad del próximo directorio y en la percepción pública sobre la transparencia de la entidad.
En lo humano, la disputa también expone la fractura entre referentes que comparten espacios institucionales pero mantienen distancia política, como se vio en la reapertura de la histórica casona de Florida 460 donde ambos coincidieron pero no se saludaron. Esa “guerra fría” refleja tensiones internas que exceden una elección y hablan de la disputa por el rumbo institucional.
Mientras la SRA insiste en que el proceso será transparente y legalmente sustentado, la oposición promete vigilar cada paso y denunciar lo que considera ventajas indebidas. El episodio plantea un debate más amplio sobre modernización, uso de recursos institucionales y reglas de juego en una de las entidades clave del agro argentino.
