Consenso Patagonia advierte que las ocupaciones de predios rurales en la región patagónica siguen sin resolverse pese al cambio de gobierno nacional, y en varios casos la situación se habría intensificado. La organización denuncia que hay establecimientos productivos ocupados total o parcialmente y que algunos propietarios dejaron de trabajar parcelas por temor a robos, daños o vandalismo.
En un contexto de conflictos territoriales que se mantienen en distintos puntos de la Patagonia, la ONG señaló la vigencia de numerosas usurpaciones y alertó sobre la falta de ejecución de sentencias judiciales que ordenan desalojos. Además, detectaron episodios en los que grupos se habrían presentado como comunidades indígenas sin contar con esa condición para justificar reclamos territoriales.
La entidad fue creada en 2021 por productores rurales preocupados por el avance de tomas de tierras públicas y privadas en Neuquén, Río Negro y Chubut. “Nacimos para visibilizar una problemática que tenía escasa cobertura mediática y poca respuesta de las autoridades”, explicó Juan Andrés Trebino, director ejecutivo de Consenso Patagonia.
Actualmente la organización realiza monitoreo territorial, brinda asistencia legal y elabora propuestas de política pública orientadas a enfrentar la crisis de tenencia de la tierra y a repensar la política indígena en la región. Según Trebino, la conflictividad no disminuyó con el recambio de gestión nacional: “Los conflictos permanecen y en muchos casos se encuentran más tensionados”.
Consenso Patagonia asegura tener seguimiento de más de 25 casos emblemáticos en las tres provincias, aunque cree que la cifra real es mayor porque muchos titulares no denuncian o abandonan las causas judiciales. Entre los casos citados figuran un campo ocupado hace más de una década entre Villa La Angostura y San Carlos de Bariloche, perteneciente a María Broers, y el predio de Diego Ozollo en Villa Pehuenia, que la ONG describe como totalmente usurpado pese a ser productivo.
La organización también advierte sobre episodios de violencia en algunos asentamientos. Mencionan hechos de gran gravedad —como los incendios de viviendas y actos de vandalismo en Villa Mascardi— que, según sostienen, marcaron una escalada en la conflictividad territorial.
Un reclamo recurrente de Consenso Patagonia es la falta de cumplimiento de órdenes judiciales firmes. Trebino señaló que hay causas con sentencias de desalojo avaladas por instancias superiores que no se ejecutan por la falta de intervención o recursos por parte de las administraciones provinciales. “Cuando las autoridades no implementan resoluciones judiciales, se debilita el Estado de derecho”, afirmó.
La ONG también denuncia impactos ambientales y productivos vinculados a las tomas: tala indiscriminada, desmontes y degradación de suelos que afectan la productividad y el equilibrio ecológico de los territorios ocupados. Además, lamentan que a los dueños les resulten más difíciles los trámites y permisos para gestionar sus propios campos mientras los ocupantes actúan sin controles.
Antes de las elecciones presidenciales de 2023, Consenso Patagonia presentó propuestas a distintos espacios políticos. Algunas de esas iniciativas habrían sido recogidas por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), aunque la ONG insistió en que persisten problemas de coordinación entre Nación y las provincias para implementar soluciones efectivas.
Analistas y representantes de la asociación sugieren varias medidas para avanzar: mejorar la articulación entre poderes ejecutivo y judicial, garantizar recursos y protocolos claros para la ejecución de desalojos cuando correspondan, fortalecer los registros y mecanismos de reconocimiento comunitario para evitar inscripciones fraudulentas, y promover acciones de restauración ambiental en predios dañados.
Consenso Patagonia reclamó además mayor decisión política de los gobiernos provinciales para actuar sobre el terreno. “Muchas causas cuentan con fallos firmes y sin embargo no se proveen los medios de seguridad ni la logística necesaria para ejecutar las resoluciones”, sostuvo Trebino.
LA NACION intentó obtener una postura de los gobiernos de Neuquén y Río Negro sobre estas denuncias, pero hasta el cierre de esta nota no recibió respuesta.
