En A Todo Trigo, la Federación de Acopiadores volvió a marcar agenda con un discurso directo sobre la infraestructura, los costos logísticos y la presión fiscal que enfrenta el campo. El presidente de la entidad —en una intervención franca— centró la discusión en una propuesta reciente de la provincia de Santa Fe: la creación de un fideicomiso vial financiado con una “contribución” de U$S 1,5 por tonelada transportada en camiones por rutas de acceso a los puertos del Gran Rosario. Esa iniciativa abrió un debate inmediato entre actores del agro sobre quién debe asumir el costo y cómo afectará la competitividad de la exportación agroindustrial argentina.
Qué propone el fideicomiso de Santa Fe y por qué genera rechazo
La idea oficial es destinar U$S 1,5 por tonelada a un fondo para obras viales, administrado formalmente por el Estado pero con decisión sobre uso y administración en manos del sector privado. La provincia sostiene que la contribución deberían pagarla las exportadoras, pero productores y acopiadores denunciaron que, en la práctica, el costo recaería sobre los productores de Córdoba, Entre Ríos, Buenos Aires y otras provincias que utilizan esas vías para sacar granos al exterior.
Según cálculos presentados por la Federación de Acopiadores, la aplicación de ese cargo sobre el volumen que actualmente circula por el Gran Rosario implicaría una recaudación aproximada de 130 millones de dólares por año. Ese número se traduce, en la mirada de la entidad, en una transferencia directa desde el bolsillo del productor que complicaría la rentabilidad en un contexto ya asfixiante. Por eso las entidades rurales definieron la medida como un nuevo costo que funciona de facto como un impuesto adicional.
Impacto en la competitividad: comparación con Brasil y costos logísticos
En su exposición, el dirigente subrayó el impacto que incluso pequeñas diferencias de costo tienen en el comercio internacional. Puso el ejemplo del gasto por contenedor: un exportador argentino llega a pagar alrededor de U$S 1.460 por contenedor, frente a U$S 310 que abona un exportador brasileño por el mismo servicio. Esa brecha, enfatizó, decide negocios: “Los negocios internacionales se ganan o se pierden por un par de dólares”, dijo, para ilustrar la fragilidad competitiva de la cadena argentina cuando se le incorporan nuevos cargos logísticos o fiscales.
Además del planteo sobre el fideicomiso, Rivara insistió en que la solución al problema de infraestructura no pasa solo por sumar tasas, sino por mejorar eficiencia logística y reducir costos asociados a transporte, puertos y servicios vinculados a la exportación. Citó la cosecha récord de trigo como ejemplo de cómo al mejorar condiciones para el productor el Estado también se beneficia: con retenciones más bajas y mayor producción, el campo aportó a las arcas públicas 730 millones de dólares adicionales respecto de la campaña anterior.
Retenciones, reforma fiscal y cuatro principios de la Federación
El discurso abordó también la recurrente preocupación por las retenciones y la carga tributaria general sobre la actividad agropecuaria. Para la Federación, cualquier reforma fiscal genuina debe sustentarse en cuatro principios que el dirigente presentó como irrenunciables:
– Eliminar impuestos que consideran altamente distorsivos, citando el impuesto al cheque, sellos e ingresos brutos provinciales.
– Garantizar igualdad de tratamiento entre actores que realizan las mismas actividades, evitando asimetrías que generan competencia desleal dentro del país.
– Frenar lo que definió como “impuestos ilegales disfrazados de tasas municipales”, que limitan el esfuerzo fiscal de Nación y provincias y generan incertidumbre.
– Suprimir mecanismos bancarios de percepción tributaria, como SIRCREB, que según la entidad funcionan como una exacción adicional sobre empresas que actúan en la legalidad.
En la misma línea, el dirigente responsabilizó a muchos intendentes por el deterioro de caminos rurales, denunciando que los productores pagan tasas viales elevadas sin recibir mantenimiento ni servicios básicos. Señaló también la falta de transparencia en el destino de fondos municipales, cuestionando prioridades de gasto locales por encima del mantenimiento de la infraestructura esencial para el transporte rural.
Ley de Semillas, Buenas Prácticas Agropecuarias y llamado a la unidad
Más allá de lo fiscal y logístico, el discurso hizo un llamado a consensos técnicos en temas regulatorios. Rivara pidió un acuerdo entre la producción y los semilleros para actualizar la Ley de Semillas “que contenga a todos”, buscando un marco moderno y equilibrado que promueva innovación y seguridad jurídica. También reclamó la sanción de una Ley de Buenas Prácticas Agropecuarias, con reglas claras a nivel nacional, provincial y municipal, para evitar “decisiones anárquicas” de municipios o jueces sin criterios técnicos o científicos.
Con un tono crítico hacia la gestión local, ironizó sobre prioridades de gasto municipal que, según él, privilegian eventos o shows antes que servicios esenciales como caminos o agua potable. Ese reproche, sin embargo, se combinó con un llamado final a la unidad de la cadena: “No hay posibilidades de ganar nada si los jugadores están molestos entre ellos”. La convocatoria fue a reforzar una cadena exportadora que venda calidad y confianza al mundo.
Conclusión: competitividad como herramienta central
El mensaje concluyó con una consigna clara: la competitividad es la única herramienta real para enfrentar un futuro que el dirigente definió como “cada vez más complicado, más desafiante”. En ese marco, la Federación apuesta por políticas que reduzcan costos logísticos y tributarios, mayor transparencia en el uso de fondos públicos, normas que ordenen la actividad y acuerdos sectoriales (como la eventual actualización de la Ley de Semillas) que permitan reconstruir un entorno más competitivo para el agro argentino.
En síntesis, el debate desatado por la propuesta del fideicomiso de Santa Fe puso en evidencia tensiones clave: quién paga las obras viales y cómo afectan esos cargos a la competitividad, la necesidad de reformas fiscales que eliminen cargas distorsivas, y la urgencia de marcos normativos consensuados que protejan la producción y la confianza en el comercio exterior. Para los acopiadores, la respuesta pasa por reducir costos, transparentar destinos de fondos y construir acuerdos amplios que preserven la capacidad exportadora del país.
