El histórico vínculo entre Monteviejo y el enólogo Marcelo Pelleriti terminó convertido en una disputa judicial que pone en juego millones y el prestigio de una de las bodegas más reconocidas del Valle de Uco.
La causa, que avanza en los tribunales mendocinos tanto en el fuero civil como en el penal, confronta relatos distintos sobre ventas, exportaciones y administración de sociedades vinculadas al negocio del vino argentino.
¿Qué está en disputa en los tribunales?
En el centro del conflicto está la acusación de Monteviejo sobre operaciones comerciales realizadas a través de empresas vinculadas a Pelleriti, en las cuales, según la bodega, los ingresos por ventas no volvieron a la compañía.
La defensa del enólogo sostiene a la inversa que algunas sociedades, como Marcelo Pelleriti Wines S.A. (MPW), eran administradas por la misma Monteviejo y que no existe una deuda tal como la describe la demanda.
La denuncia civil: cómo expone Monteviejo su reclamo
La presentación civil de Monteviejo apunta a operaciones de exportación y comercialización canalizadas por MPW y Go Wine LLC, indicando que la bodega aportó uva, instalaciones y financiación mientras otras sociedades manejaron las ventas.
Según la empresa, en ciertas ventas el dinero fue cobrado por esas sociedades intervinientes y no fue transferido ni rendido a Monteviejo, además de cuestionarse el uso de marcas y facturaciones a nombre de terceros.
La bodega Monteviejo, una de las más afamadas del Valle de Uco.
La postura de Monteviejo sobre la gestión interna
En su escrito, la bodega sostiene que Pelleriti ocupó cargos de responsabilidad y que otras personas investigadas tenían acceso a información, fondos y relaciones comerciales clave para el negocio, por lo que no serían terceros ajenos.
Monteviejo incluso estableció un paralelo con el caso Gauchezco, donde la justicia provincial condenó a directivos por perjuicios derivados de su gestión, para subrayar la gravedad de su reclamo.
La defensa de Pelleriti: versión y recursos
Marcelo Pelleriti niega las acusaciones y afirma que su rol siempre fue principalmente enológico y productivo, no administrativo, además de sostener que existen documentos que prueban que Monteviejo administraba MPW.
El enólogo también relató que, tras rechazar una oferta para vender su empresa con una participación propuesta de entre 4 % y 5 %, sufrió una desvinculación que él considera forzada y que derivó en un acuerdo de salida que describe como desfavorable.
El eje penal: qué investiga la fiscalía
Paralelamente, en el fuero penal la causa instruida por el fiscal Juan Ticheli incluye una imputación por presunta administración fraudulenta, aunque ello no implica una condena sino el inicio de una pesquisa.
Entre los puntos bajo análisis están las ventas a sociedades como MP Trade & Consulting S.A. y Kauzo Estates S.A. (hoy Uco Valley Wines S.A.) y si los pagos asociados ingresaron efectivamente al patrimonio de la bodega.
El préstamo, las notas de crédito y cómo se complica la contabilidad
La denuncia incluye además la referencia a un préstamo otorgado por Monteviejo a Kauzo Estates que, según la bodega, no fue devuelto ni debidamente reclamado, un punto que la fiscalía deberá verificar.
También se investigan la utilización de notas de crédito para cancelar operaciones, un mecanismo que puede explicar diferencias entre lo facturado y lo efectivamente cobrado y que requiere peritajes contables.
Por qué este caso importa al sector vitivinícola
El conflicto no es solo judicial sino cultural: enfrenta el valor de la marca personal de un enólogo con las estructuras financieras y de gobierno corporativo de una bodega respaldada por capitales extranjeros.
El resultado del juicio puede marcar precedentes sobre gobernanza, contratos de comercialización y responsabilidad de directivos, aspectos que afectan a productores, distribuidores y exportadores.
Qué seguirá y qué hay que mirar
La causa continuará con peritajes contables, audiencias y la acumulación de pruebas que deberán aclarar si hubo ventas reales, cobros efectivos y rendición de cuentas por parte de las sociedades involucradas.
Más allá de la resolución judicial, el caso será observado por el mercado por sus implicancias en exportaciones, confianza comercial y la relación entre expertos técnicos y estructuras empresarias en la industria del vino argentino.
