El Gobierno lanza una licitación histórica que promete transformar la principal vía fluvial del país. ¿Qué implica este cambio para los puertos, exportadores y la logística agroindustrial?

La privatización de la Hidrovía Paraná-Paraguay, anunciada recientemente por el Gobierno argentino, marca un antes y un después en la gestión de esta arteria fluvial estratégica. Por esta red, que conecta siete provincias y 79 puertos, circula el 80% del comercio internacional argentino, principalmente cargamentos de granos destinados a la exportación. Ahora, con la convocatoria a licitación pública nacional e internacional, la gestión de la vía pasará a manos privadas por un período de 30 años.

Desde el Gobierno Nacional hemos iniciado la licitación para la privatización de la Vía Navegable Troncal.

Esta iniciativa modernizará la gestión fluvial, reducirá costos y generará empleo, impulsando el crecimiento económico. pic.twitter.com/pCHJoB98iL

— Jefatura de Gabinete (@Jefatura_Ar) November 19, 2024

Este cambio no solo promete modernizar y optimizar la navegación, sino también generar debates sobre su impacto en los costos logísticos, el rol del Estado como regulador y los riesgos asociados a la dependencia de intereses privados. Con un contrato que podría extenderse hasta 60 años si se incluye la prórroga, las implicancias para el sector agroindustrial y la economía nacional son profundas.

¿Qué significa privatizar la Hidrovía?

El plan del Gobierno incluye la modernización de esta vía troncal, clave para las exportaciones de productos agrícolas, que representan el principal ingreso de divisas del país. Las obras anunciadas abarcan:

• Dragado y profundización: Se aumentará la profundidad de la vía a 39 pies, permitiendo que los grandes buques graneleros operen al 100% de su capacidad.
• Modernización tecnológica: Incorporación de radares, sistemas satelitales y drones para garantizar la seguridad de la navegación y prevenir actividades ilícitas, como el narcotráfico.
• Ampliación de zonas de fondeo: Para mejorar la fluidez del tránsito fluvial en puntos críticos.

Según el subsecretario de Puertos y Vías Navegables, Iñaki Arreseygor, “este proceso garantizará una navegación más segura, eficiente y sostenible, generando beneficios directos para los productores y exportadores”.

El contrato estipula además que los costos de mantenimiento y operación estarán a cargo de la empresa concesionaria, bajo un esquema de riesgo empresario. Es decir, la empresa solo obtendrá ganancias si logra una gestión eficiente que le permita recaudar mediante peajes a los buques que transiten la Hidrovía.

El impacto en el sector agroexportador

Para el agro argentino, la Hidrovía es más que una ruta fluvial: es la vía por donde transitan anualmente 80 millones de toneladas de granos. Actualmente, los buques que transportan esta carga solo pueden operar al 75% de su capacidad debido a limitaciones de profundidad. Esto incrementa los costos logísticos, afectando la competitividad del país frente a otros mercados exportadores.

Con la profundización anunciada, el transporte podría optimizarse significativamente, logrando:

• Reducción de costos logísticos: Hasta 10 dólares por tonelada, según estimaciones del sector privado, lo que representaría un ahorro total de 800 millones de dólares anuales.
• Mayor eficiencia operativa: Menores tiempos de viaje y carga/descarga, impulsando la productividad de los puertos y la capacidad exportadora.

Luis Zubizarreta, presidente de la Cámara de Puertos Privados Comerciales, destacó que “esta mejora no solo beneficiará a los grandes exportadores, sino que también se traducirá en mejores márgenes para los productores agrícolas y precios más competitivos para los consumidores finales”.

Sin embargo, algunos productores pequeños han expresado preocupación por el posible incremento en las tarifas de peaje, lo que podría afectar negativamente su rentabilidad. Esta incertidumbre resalta la necesidad de una supervisión estatal efectiva que garantice la equidad en los costos y la accesibilidad para todos los actores del sector.

Detalles clave del contrato

La concesión incluye obligaciones específicas que deben cumplir los futuros operadores:

1. Duración: 30 años, con posibilidad de prórroga por otros 30.
2. Obras prioritarias: La profundización de 39 pies en el tramo Timbúes-Océano deberá completarse en los primeros cinco años.
3. Inversiones iniciales: Modernización de balizamiento, dragado y señalización para garantizar una navegación segura.
4. Tecnología avanzada: Drones y sistemas satelitales para supervisar la seguridad y prevenir delitos.
5. Monitoreo estatal: Aunque la gestión será privada, el Estado mantendrá un rol de control para verificar el cumplimiento de las obras y el correcto uso de los recursos.

Beneficios y desafíos de la privatización

Beneficios esperados:

• Ahorro para el Estado: Con la concesión, se dejarán de destinar 200 millones de dólares anuales en mantenimiento.
• Competitividad exportadora: Al optimizar los costos logísticos, Argentina podrá posicionarse mejor en los mercados internacionales, especialmente en momentos de alta demanda de granos y alimentos.
• Impulso a la infraestructura: Las inversiones privadas dinamizarán la economía local y regional.

Desafíos por resolver:

• Impacto ambiental: Las obras de dragado y ampliación podrían alterar los ecosistemas del río Paraná, afectando su biodiversidad.
• Dependencia privada: Con un contrato tan extenso, la capacidad del Estado para intervenir ante problemas será limitada.
• Equidad tarifaria: Garantizar que los pequeños productores no sean perjudicados por tarifas excesivas será clave para el éxito del proyecto.

Por otra parte, algunos críticos señalan que el contrato podría favorecer a empresas extranjeras, como las interesadas de China, Bélgica y Holanda, lo que incrementa la necesidad de transparencia en el proceso de licitación.

Privatizar: una medida de alto impacto

La privatización de la Hidrovía Paraná-Paraguay es un paso trascendental para la economía argentina, con el potencial de transformar la logística agroexportadora y optimizar el uso de recursos. Sin embargo, su implementación exitosa dependerá de un delicado equilibrio entre los intereses privados, el monitoreo estatal y la sostenibilidad ambiental.

En un país donde las exportaciones son la columna vertebral de la economía, garantizar que este proyecto cumpla sus promesas será esencial para impulsar la competitividad y asegurar un desarrollo equitativo.