El Tribunal Oral Federal N°2 de Rosario absolvió esta semana a siete productores, trabajadores rurales e ingenieros agrónomos que habían sido acusados por presunta contaminación y afección a la salud por pulverizaciones en el periurbano de Pergamino. El fallo fue firmado por los jueces Elena Beatriz Dilario, Román Pablo Lanzón y Eduardo Rodrígues Da Cruz y pone punto final a un juicio oral que concentró la atención de productores, ambientalistas y organismos públicos.
La resolución no solo libera a los imputados de responsabilidad penal, sino que abre un debate sobre los límites del ámbito penal frente a conflictos ambientales complejos. La causa tiene antecedentes que se extienden entre 2011 y 2019 y promete convertirse en un precedente para futuros procesos vinculados al uso de fitosanitarios.
Por qué este fallo importa
Los magistrados reconocieron que existieron daños en la salud de algunos vecinos y admitieron la existencia de evidencia científica sobre riesgos asociados a agroquímicos, pero consideraron que no se acreditó el nexo causal exigido para una condena penal individual. La ausencia de pruebas directas entre las aplicaciones atribuidas a los imputados y las enfermedades fue el eje central de la absolución.
Para la defensa, ese margen probatorio revela que la Justicia penal no es la herramienta adecuada para regular la complejidad técnica de las aplicaciones de fitosanitarios. El fallo subraya que las reglas sobre distancias de resguardo y estándares ambientales corresponden al ámbito legislativo y administrativo.
Condena a exfuncionarios y responsabilidades municipales
En contraste con las absoluciones, el tribunal condenó a dos exfuncionarios de la Dirección de Ambiente Rural de Pergamino por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Guillermo Naranjo y Mario Tocalini recibieron penas de dos años de prisión condicional y la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Los jueces señalaron que hubo reiteradas denuncias vecinales que no fueron investigadas debidamente y que esa omisión dificultó la obtención de pruebas durante el proceso. El Tribunal además remitió al Ministerio Público Fiscal de San Nicolás la recomendación de investigar al entonces intendente y a otros funcionarios por su accionar administrativo.
Medidas cautelares vigentes y alcance territorial
El fallo mantiene la medida cautelar dictada en 2019 que prohíbe aplicaciones de fitosanitarios en el periurbano de Pergamino en radios ampliamente restrictivos. La restricción establece 1.095 metros para pulverizaciones terrestres y 3 kilómetros cuando las aplicaciones son aéreas.
Los magistrados explicaron que esa medida debe sostenerse “hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo”, por lo que las limitaciones de facto continúan vigentes mientras avance la discusión técnica y judicial. La decisión cautelar mantiene restricciones prácticas para la actividad agropecuaria cercana a la ciudad.
El debate sobre los estándares científicos
Durante el juicio se discutió intensamente sobre qué parámetros técnicos son válidos para analizar muestras ambientales y si correspondía aplicar normas de la Unión Europea o la normativa argentina. La defensa sostuvo que varios peritajes se basaron en estándares europeos en lugar de los criterios de la Autoridad del Agua de la provincia de Buenos Aires o del Senasa.
En el estrado también se determinó que el producto aplicado en al menos uno de los casos fue cipermetrina, identificado comercialmente como Hortal, un insecticida de venta libre que no requiere receta agronómica. Los peritos informaron además que el agua analizada fue calificada como potable según normas locales, y que no había indicios de daño vegetal característico de herbicidas como el glifosato.
Qué puede cambiar a partir de ahora
El fallo tiende a delimitar el alcance de la responsabilidad penal en situaciones donde conviven evidencia científica parcial y atribuciones administrativas deficientes. La sentencia podría ser citada en causas similares como criterio para exigir mayor precisión probatoria antes de imputar delitos ambientales.
Al mismo tiempo, la resolución reaviva la discusión sobre la necesidad de fortalecer controles municipales, actualizar marcos regulatorios y clarificar protocolos de aplicación en zonas periurbanas. La polémica sobre pulverizaciones en Pergamino muestra que la solución deberá combinar respuestas técnicas, legales y políticas para equilibrar producción agropecuaria y salud pública.
El caso seguirá siendo monitoreado por productores, vecinos y autoridades mientras las restricciones cautelares permanecen vigentes y las investigaciones administrativas avanzan. El antecedente obliga a pensar en nuevas reglas y mejores controles para evitar que episodios similares lleguen nuevamente a la instancia penal.
