La Justicia impone límites a un municipio bonaerense por cobrar tasas viales sin contraprestación comprobada

La Cámara de San Martín confirmó un fallo favorable a productores de Daireaux que cuestionaron el tributo; la resolución ratificó que el Estado es quien debe demostrar que presta el servicio de mantenimiento de la red vial y que los fondos recaudados se destinan a ese fin

La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de San Martín dejó sin efecto el recurso del municipio de Daireaux y confirmó, en varios aspectos, la sentencia que había favorecido a un grupo de productores que cuestionó el cobro de la tasa vial por el mantenimiento de los caminos rurales. La resolución, dictada el 20 de octubre, reafirma la obligación del Estado de acreditar la prestación del servicio y ordena la nulidad total o parcial de los cobros según la situación concreta de cada establecimiento.

El fallo tiene impacto directo sobre la relación tributaria entre municipios y productores en la Provincia de Buenos Aires y puede generar precedentes en demandas similares que ya avanzan en la región. Para los productores, representa un respaldo jurídico clave frente a cobros que consideran desproporcionados o no justificados en términos de inversión efectiva en la red vial.

Qué resolvió la Cámara y por qué importa

La Cámara declaró desierto el recurso de Daireaux por considerar que no reunía los requisitos para revisar la sentencia de primera instancia y, al mismo tiempo, confirmó puntos centrales del fallo previo. Entre esos puntos, se destaca la exigencia de que el municipio demuestre la contraprestación por la que cobra la tasa y la proporcionalidad entre lo recaudado y lo invertido.

El tribunal retomó la doctrina de la Corte Suprema en el fallo “Quilpe”, y aclaró que la carga de probar la prestación del servicio corresponde al Estado y no al productor. Esa distribución probatoria cambia la dinámica de los litigios porque obliga a las administraciones locales a transparentar cómo se aplican los fondos recaudados.

Peritajes que marcaron la diferencia

Dos peritajes fueron centrales en la primera instancia: uno técnico que evaluó el estado de la red vial y otro contable que analizó el destino de los recursos municipales. El informe técnico concluyó que el 96 % de los caminos relevados estaba en estado regular o malo, mientras que la auditoría contable detectó irregularidades en la aplicación de los fondos.

El juez de primera instancia, Pablo Cristian Germain, comparó ingresos y gastos y encontró una desproporción en la relación entre lo recaudado y lo efectivamente invertido en el servicio: **22,95 %** para 2022 y **27,88 %** para 2023 a favor de la razón que cuestiona la tasa. Con esos elementos, ordenó la nulidad total del cobro para una productora sin acceso en condiciones y la reliquidación parcial para otros demandantes.

La Cámara respaldó que la evaluación de la tasa puede y debe hacerse mediante peritajes contables y técnicos, siempre ajustada a la situación particular de cada parcela. Ese criterio evita sentencias de efecto uniforme que no distingan entre caminos en condiciones razonables y accesos intransitables.

Para que la tasa sea constitucionalmente válida, el fallo establece que el servicio debe reunir, como mínimo, “mínimos requisitos de eficacia” que permitan llegar al inmueble y retirar la producción. Esa exigencia abre la puerta a que muchos productores cuestionen cobros cuando el acceso es deficiente o cuando la red no muestra mejoras correlativas con lo recaudado.

El fallo también restringe la posibilidad de que los ingresos por tasas se manejen como caja general disponible para otros gastos municipales. La Cámara reiteró que aceptar la libre disponibilidad de esos recursos desnaturalizaría la finalidad del tributo y perjudicaría a los contribuyentes que aportan esperando una contraprestación específica.

Aunque la resolución confirma aspectos clave, la disputa judicial no está cerrada porque ambas partes presentaron recursos extraordinarios contra la decisión. El municipio busca una revisión completa del fallo mientras los productores objetan la interpretación de pruebas relativas a dos establecimientos que comparten accesos intermedios.

El abogado que patrocina a los productores, Jorge Moroni, afirmó que la sentencia de la Cámara “desestimó todos los argumentos de apelación de la Municipalidad” y que los criterios allí explicitados pueden ser replicables en otras causas dentro de la jurisdicción. En el sector agropecuario interpretan la resolución como un precedente que incentiva la judicialización de reclamos cuando no se aprecia inversión efectiva en caminos.

Para productores y administraciones locales, la lección práctica es clara: la existencia de una ordenanza no basta para sostener el cobro; es preciso demostrar con informes técnicos y contables la prestación y la proporcionalidad del servicio. En términos administrativos, eso obliga a más transparencia y a una trazabilidad del uso de fondos si se quiere evitar contingencias jurídicas y reclamos masivos.

La discusión sobre la legitimidad de la tasa vial en Daireaux conecta con un debate mayor sobre logística rural, producción y costos en el interior bonaerense, donde el estado de caminos incide en la competitividad de la cadena agroalimentaria. En ese marco, la sentencia puede acelerar reclamos similares y forzar a más municipios a justificar técnica y contablemente sus programas de conservación vial.

Si sos productor o vecino de distrito con caminos en mal estado, la resolución sugiere que documentar el acceso y pedir peritajes puede ser una vía eficaz para sostener un reclamo. Compartí tu experiencia y fotografías de los caminos rurales para aportar mayor contexto a este fenómeno judicial y su impacto real en la actividad productiva.

MAS NOTICIAS

Most Popular