Una ola de renuncias en el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) ha desatado preocupación en el corazón del sector agropecuario. Más de 15.000 empleados abandonaron sus puestos durante los últimos meses, como resultado de un programa de retiros voluntarios impulsado por la administración de Donald Trump y apoyado por medidas de racionalización presupuestaria. Esta situación ya empieza a generar impactos directos en la sanidad animal, los programas de conservación, la asistencia técnica a productores y la fiscalización de alimentos, pilares esenciales para el agro estadounidense.
Según informó Politico, la cifra representa más del 15% de la fuerza laboral total del USDA. Y lo más alarmante: muchas de estas salidas provienen de áreas sensibles para la producción agropecuaria, como la prevención de enfermedades animales, el control sanitario de alimentos, los servicios de extensión rural y los programas de subsidios agrícolas.
Consecuencias para la sanidad animal, la seguridad alimentaria y el ambiente
Entre las áreas más golpeadas por la salida de personal figura el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS, por sus siglas en inglés), que perdió más de 1.370 empleados. Esta agencia es clave para contener brotes de enfermedades como la gripe aviar, una amenaza recurrente en el sector avícola norteamericano.
Además, el Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria (FSIS), encargado de monitorear la inocuidad de carnes, aves y huevos, registró la salida de 555 inspectores, lo que amenaza con ralentizar el ritmo de control y liberar espacios a potenciales riesgos sanitarios.
El Servicio de Conservación de Recursos Naturales, orientado a la gestión sostenible del agua y el suelo, también se vio fuertemente afectado, con más de 2.400 trabajadores menos. Su labor resulta estratégica para proyectos vinculados a la agricultura regenerativa, la captura de carbono y la adaptación al cambio climático, especialmente en áreas vulnerables como el cinturón del maíz o los estados del sur.
Otra pérdida significativa ocurrió en el Servicio Forestal, con más de 4.000 empleados que dejaron sus cargos. Esta área no solo combate incendios forestales, sino que también lidera planes de reforestación y manejo integral de bosques, clave para la biodiversidad y la mitigación del cambio climático.
Oficinas rurales debilitadas: golpe a la asistencia técnica y financiera
Las consecuencias también se sienten a nivel territorial. La Agencia de Servicios Agrícolas (FSA), encargada de ejecutar programas de asistencia a productores —como créditos blandos, seguros o compensaciones ante desastres naturales— perdió más de 1.100 agentes, muchos de ellos ubicados en oficinas locales en contacto directo con los productores.
Aunque la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, aseguró que no se cerrarán oficinas y que el USDA está en pleno proceso de reclutamiento para cubrir puestos clave (Reuters), el panorama genera escepticismo entre las organizaciones rurales. Temen que los servicios tarden meses en normalizarse, justo cuando la siembra de verano y la gestión de enfermedades ganaderas requieren acompañamiento técnico urgente.
La visión del agro: preocupación, incertidumbre y pedidos de respuestas
Varios referentes del agro estadounidense ya expresaron su inquietud. La American Farm Bureau Federation advirtió que las renuncias podrían poner en jaque programas vitales para los pequeños productores y afectar la competitividad del país en los mercados internacionales. Por su parte, asociaciones ganaderas como la National Cattlemen’s Beef Association manifestaron su preocupación ante posibles retrasos en las inspecciones de faena y el monitoreo de enfermedades zoonóticas.
El impacto no solo es técnico o sanitario. También es emocional: muchos productores ven en los técnicos del USDA no solo funcionarios, sino aliados que los han acompañado durante generaciones. La pérdida de esa experiencia y conocimiento acumulado resulta, en muchos casos, irreemplazable.
El trasfondo político: ajuste y visión libertaria
El programa de retiros incentivados fue presentado por la administración Trump como parte de un plan de “adelgazamiento del Estado federal”, especialmente en agencias con fuerte presencia territorial. Esta estrategia, que comparte puntos de vista con el actual discurso libertario que promueve Elon Musk, apunta a trasladar responsabilidades al sector privado o a los gobiernos estatales, reduciendo el gasto público nacional.
Sin embargo, en sectores como el agro —donde las políticas de riesgo compartido, los seguros públicos y el apoyo técnico tienen décadas de tradición— esta reestructuración se vive como un vaciamiento institucional que puede dejar a miles de productores desprotegidos.
Incertidumbre para el futuro: ¿quién cuidará la seguridad agroalimentaria?
La situación abre interrogantes de fondo. ¿Cómo garantizará Estados Unidos el monitoreo de sus sistemas productivos si pierde a miles de técnicos e inspectores capacitados? ¿Quién velará por la bioseguridad ganadera o el cumplimiento de normativas internacionales en exportaciones si el USDA queda debilitado?
La salida masiva de personal no solo significa menos manos trabajando. También implica la pérdida de conocimiento técnico, de relaciones humanas construidas a lo largo de años, y de una estructura que, aunque burocrática, ha sido clave para sostener la productividad, la sanidad y la sostenibilidad del agro más poderoso del mundo.
Aunque el gobierno asegura que repondrá los recursos perdidos y mantendrá operativas sus agencias, el sector agropecuario observa con recelo cada paso del proceso. La confianza, una vez quebrada, no se recupera fácilmente, y menos aún cuando se trata de alimentos, salud y producción rural.
