Una iniciativa legislativa busca penalizar el vandalismo rural y habilitar al Estado para intervenir desde el primer acto ilícito que pueda derivar en robos, daños o agresiones contra personas, anunciaron fuentes parlamentarias y representantes del sector agropecuario.
El proyecto fue presentado por el diputado Martín Adohai (PRO), presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, y propone incorporar los artículos 150 y 184 bis al Código Penal, además de modificar el artículo 209.
La iniciativa busca transformar conductas hoy tipificadas como faltas o contravenciones en delitos con sanciones penales cuando se atacan cultivos, infraestructura o se pone en riesgo la integridad física de productores y sus familias.
Según los promotores, la medida responde a un vacío legal que limita la respuesta rápida de las fuerzas y deja desprotegida a la producción, la actividad económica rural y la seguridad comunitaria.
En la audiencia de la comisión participaron representantes de las principales entidades del campo, entre ellas la CRA, la SRA, la FAA y otras federaciones provinciales, que delinearon casos concretos y datos sobre el impacto económico y social de los ataques.
El presidente de CRA, César Guatti, aclaró que el debate no se reduce a cifras, sino a “nombres, familias y explotaciones” afectadas por episodios que, señaló, fueron escalando en modalidad y violencia en los últimos años.
Los expositores citaron episodios extremos para ilustrar la urgencia, como el crimen de Rodolfo “Rudy” Weber en marzo de 2020, cuando fue baleado tras ingresar a su chacra en Misiones, y otro femicidio ocurrido este año contra Melchor Baltazar Díaz en Corrientes durante un asalto en una estancia.
Además señalaron ataques masivos a bienes productivos, como la rotura intencional de silobolsas en marzo de 2023 que comprometió unas 10.000 toneladas de trigo, un golpe directo al capital de trabajo y a la continuidad productiva regional.
Qué cambian los artículos propuestos
El artículo 150 bis plantea sancionar con prisión de un mes a un año a quien ingrese sin autorización a un establecimiento rural o sus dependencias contra la voluntad de quien lo habita, salvo que medie una necesidad justificada o se trate de un pedido de auxilio.
La norma también propone que la existencia de cerramientos, vallas, muros, alambrados o señales que indiquen la prohibición de ingreso se presuma como prueba de la voluntad de exclusión del propietario.
Por su parte, el artículo 184 bis establecería penas más severas —de dos a ocho años de prisión— y multas equivalentes a tres a 12 veces el valor del daño cuando se destruyan intencionalmente cultivos, cosechas, ganado, silobolsas, forrajes o infraestructura esencial para la producción agropecuaria.
La redacción apunta a abarcar elementos clave del ciclo productivo como bombas de agua, sistemas de riego, paneles solares y generadores, y a ajustar la sanción a la magnitud del perjuicio.
Además, la modificación del artículo 209 prevé elevar las penas cuando la instigación al delito se realice públicamente, especialmente a través de medios masivos, redes sociales o plataformas digitales, con penas que oscilarían entre dos y seis años si se prueba esa instigación.
Los impulsores justifican ese punto aduciendo que la circulación de mensajes por canales digitales puede amplificar y coordinar ataques, por lo que merece una respuesta penal más contundente.
Desde la CRA insistieron en que el proyecto no busca otorgar privilegios al sector agropecuario ni criminalizar hechos de necesidad o vecinos, sino cubrir un vacío legal que hoy limita la protección efectiva de la producción y la vida en el medio rural.
Adohai también subrayó que la iniciativa excluye expresamente a quien ingresa por una necesidad acreditada o para prestar auxilio, con el objetivo de no perseguir conductas de supervivencia o ayuda legítima.
En cuanto al trámite, los impulsores se mostraron optimistas y dijeron que el proyecto cuenta con firmas de diputados de distintos bloques y quedó en estado parlamentario para avanzar hacia un dictamen de comisión.
Si prospera el tratamiento y la Cámara de Diputados lo aprueba, los promotores buscarán coordinación con el Senado para convertir la iniciativa en ley con celeridad, según fuentes oficiales.
Para el sector agropecuario la aprobación significaría, en palabras de sus representantes, mayor capacidad del Estado para prevenir daños y una herramienta jurídica para desincentivar los ataques que impactan la producción y la seguridad de comunidades rurales.
La discusión ahora pasará por equilibrar la protección de la actividad y la seguridad con las garantías individuales y el principio de proporcionalidad, un debate que seguirá en las próximas semanas en la comisión y en los despachos parlamentarios.
