Los terremotos consecutivos provocaron daños generalizados en viviendas, infraestructura pública, centros de salud, escuelas y servicios esenciales en siete estados: La Guaira, Distrito Capital, Miranda, Aragua, Carabobo, Falcón y Yaracuy.
Sin embargo, la zona de mayor devastación es La Guaira, zona costera central, 30 kilómetros al norte de Caracas.
Según datos oficiales al 11 de julio, más de 4000 personas fallecieron, cerca de 17.000 resultaron heridas y 17.900 quedaron sin vivienda. Más de 18.000 personas permanecen en campamentos temporales o alojamientos precarios, enfrentando interrupciones de servicios básicos y pérdida de medios de vida.
Los terremotos intensificaron las necesidades de una población que ya enfrentaba serias dificultades de acceso a servicios esenciales y oportunidades económicas. Los daños en infraestructura crítica han aumentado la presión sobre los sistemas de salud, agua, saneamiento, educación y protección, reduciendo aún más la capacidad de recuperación de los hogares afectados.
De acuerdo con la Evaluación Rápida de Necesidades elaborada por el Equipo Humanitario de País, se confirma un deterioro multisectorial de las condiciones de vida, con requerimientos urgentes en salud, agua segura, seguridad alimentaria, protección, alojamiento y apoyo psicosocial.
En este contexto, el Equipo Humanitario de País presentó una adenda al Plan de Respuesta Humanitaria (PRH) 2026. El documento establece una estrategia de respuesta para los próximos seis meses que busca asistir a 1,3 millones de personas afectadas por los sismos. Para ello se requieren 298 millones de dólares adicionales, lo que eleva el total de fondos solicitados de 632 a 930 millones de dólares y amplía la población objetivo de 5,5 a 6,2 millones de personas. (ANSA).
