Un laberinto regulatorio de más de dos décadas mantiene en vilo a la producción agropecuaria argentina y alimenta conflictos entre productores, gobiernos y vecinos urbanos.
La falta de criterios técnicos homogéneos sobre las aplicaciones de fitosanitarios se traduce en incertidumbre productiva, judicialización y freno a la incorporación de tecnologías.
El vacío legal y sus efectos en la producción
La combinación de ordenanzas municipales, leyes provinciales y fallos judiciales dispares ha dejado el campo sin una guía nacional clara y predecible.
Esa dispersión normativa obliga a productores y aplicadores a convivir con reglas cambiantes que encarecen la toma de decisiones y multiplican los litigios.
Especialistas advierten que la ausencia de una legislación nacional que fije criterios técnicos provoca restricciones arbitrarias en zonas periurbanas y limita la implementación de Buenas Prácticas.
En simulaciones presentadas durante el debate se estimó que, en casos extremos, podrían verse comprometidos hasta un 40 % de la superficie productiva, afectando cultivos y cadenas como carne vacuna, leche, papa, maíz y trigo.
Debate técnico en el Congreso
En un encuentro impulsado por la Fundación Barbechando y el Espacio Legislativo Interpartidario del Agro (ELIA) se buscó aportar datos técnicos al debate público.
Allí la Red de Buenas Prácticas Agropecuarias (Red BPA) presentó un proyecto de ley de Presupuestos mínimos que propone definir zonas sensibles y de amortiguamiento con distancias basadas en criterios técnico-científicos.
El proyecto incorpora responsabilidades a lo largo del proceso productivo, programas de capacitación y profesionalización de aplicadores, fiscalización como eje central y el uso de tecnologías como caja negra y monitoreo remoto.
También propone la figura del veedor para mejorar la trazabilidad y la transparencia en las aplicaciones fitosanitarias.
Los especialistas coincidieron en que avanzar hacia una normativa nacional sustentada en evidencia científica contribuiría a reducir la conflictividad y dar previsibilidad al sector.
Al mismo tiempo advirtieron que la actual tendencia a la judicialización genera sentencias con criterios heterogéneos que, en la práctica, terminan decidiendo cuestiones técnicas sin marco uniforme.
Qué proponen los legisladores y por qué importa
Legisladores presentes subrayaron la necesidad de dar una respuesta a la demanda social mediante información científica que demuestre medidas de cuidado sobre el ambiente y la salud, con foco en la trazabilidad de los productos.
Entre las prioridades mencionaron la capacitación de operadores, la implementación de Buenas Prácticas Agropecuarias (BPAs) y la generación de datos que permitan decisiones basadas en evidencia.
Participaron diputados como Martín Ardohain, Joaquín Benegas Lynch, Alicia Fregonese, Andrés Leone, Nicolás Mayoraz, Javier Sánchez Wrba, Alejandra Torres y Santiago Santurio, junto con equipos de otros legisladores nacionales.
El encuentro formó parte de la agenda del Comité Ejecutivo Agrobioindustrial (CE ABI) para acercar al Congreso información técnica y promover políticas públicas previsibles y consensuadas.
La discusión trasciende al productor y al vecino: impacta en la salud, la seguridad alimentaria, la economía y la comunicación entre sectores, señalaron los participantes.
Un marco nacional de presupuestos mínimos aparece como la alternativa para disminuir la incertidumbre, reducir la judicialización y sostener la producción agroalimentaria con criterios técnicos y previsibles.
