Un proyecto de ley ingresado a la Legislatura bonaerense propone crear un régimen penal específico para quienes ingresen sin autorización a establecimientos rurales con el fin de practicar caza furtiva. El objetivo declarado es endurecer las penas y ofrecer herramientas legales para proteger la fauna, la propiedad privada y la seguridad rural.
La iniciativa fue presentada por los diputados Luciano Bugallo y Andrés De Leo, de la Coalición Cívica, y busca responder a reclamos de productores ante la creciente frecuencia de intrusiones. Los impulsores sostienen que la medida atiende una preocupación tanto por el bienestar animal como por la integridad de familias y trabajadores rurales.
El texto propone prohibir expresamente la caza no autorizada en predios privados cuando se empleen armas, perros galgos u otras razas caninas, o cualquier medio destinado a la persecución o acorralamiento de fauna silvestre. También plantea sancionar a quienes organicen, promuevan, financien o faciliten estas actividades, así como el transporte de perros, armas u otros elementos vinculados.
En los fundamentos los diputados señalan que la norma busca “prohibir de manera expresa y definitiva la caza en todo predio privado en la Provincia de Buenos Aires”. El proyecto apunta a crear un régimen sancionatorio específico destinado a proteger la fauna silvestre y reforzar la seguridad rural.
La caza furtiva y la inseguridad rural
Uno de los ejes de la propuesta es la creación de la figura de “contravención grave contra la seguridad rural” para los infractores de la nueva norma. Esta calificación habilita sanciones administrativas más severas y medidas accesorias destinadas a desalentar la organización de cuadrillas.
Las sanciones previstas incluyen multas que van desde 1.000 y 20.000 unidades fijas, la inhabilitación para obtener permisos de caza por 10 años, el decomiso obligatorio de los elementos utilizados y el secuestro preventivo de los vehículos. Además, el texto contempla multas por ingreso no autorizado a campos de entre 5.000 y 30.000 Unidades Fijas, una inhabilitación especial por 15 años y la prohibición permanente para reincidentes.
El proyecto incorpora agravantes que incrementan las penas cuando participan tres o más personas, se usan vehículos o la actividad ocurre de noche. Según el texto, las penas se aumentarían en 50 % ante esas circunstancias, antecedentes o daño a áreas protegidas.
Decomiso de perros y un registro provincial
El destino de los animales decomisados figura como uno de los puntos más desarrollados: los perros deberán someterse a controles veterinarios y podrán ser derivados a refugios o programas provinciales de adopción responsable. Los propietarios solo podrían pedir su devolución si demuestran el compromiso de asegurar los cuidados y no reincidir en la infracción.
La iniciativa prevé además que la reincidencia dentro de un plazo de cinco años duplique las sanciones económicas y que una segunda reincidencia derive en la inhabilitación permanente. También se propone el decomiso definitivo de los elementos utilizados y más herramientas para la intervención administrativa.
Los autores impulsan la creación de un Registro Provincial de Infractores por Caza Furtiva Organizada, donde quedarían inscriptas las personas sancionadas por un período de cinco años. La autoridad de aplicación sería el Ministerio de Seguridad, en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Agrario, los Comandos de Prevención Rural, la Policía Rural y los municipios.
Como respaldo, el proyecto cita el pronunciamiento del Foro de Seguridad Rural Argentino (fOSERA), que advirtió sobre el aumento de episodios y la insuficiencia de las normas actuales para desalentarlos. Los impulsores recuerdan que estas cuadrillas suelen operar de noche y que sus incursiones ponen en riesgo a productores, trabajadores rurales y a la fauna.
La iniciativa abre un debate sobre eficacia y aplicación: expertos y productores coinciden en la necesidad de medidas más severas, pero advierten que sin recursos de fiscalización las penas pueden resultar simbólicas. La discusión legislativa deberá confrontar la urgencia de proteger la seguridad rural con la capacidad institucional para implementar decomisos, controles veterinarios y un registro efectivo.
Para los productores y vecinos rurales, la propuesta representa una señal política y legal frente a un problema que, según denuncias, se ha organizado en cuadrillas. Palabra de Campo seguirá el tratamiento del proyecto y reportará las principales instancias del debate y las decisiones que afecten la seguridad y la gestión de fauna en el territorio bonaerense.
