* Más de 100 exfiscales, jueces, periodistas y defensores de DDHH han abandonado Guatemala en los últimos años
* Las autoridades no han establecido el móvil del asesinato ni han identificado a quien lo ordenó.
Por Sofia Menchu y Diego Oré
* Exembajadores de EEUU advierten que la violencia es señal de una impunidad cada vez mayor y de un posible retorno a los asesinatos políticos
El fin de semana fue asesinado a tiros en un campo de fútbol, un homicidio que, según exfuncionarios y diplomáticos consultados por Reuters, ha agravado la preocupación por la influencia del crimen organizado en la nación centroamericana.
CIUDAD DE GUATEMALA, 22 oct (Reuters) – El exfiscal anticorrupción guatemalteco Juan Francisco Solórzano Foppa era una de las voces más destacadas del país a la hora de denunciar los presuntos vínculos entre políticos y líderes empresariales con los grupos del crimen organizado, cada vez más poderosos, del país.
“Se trata de una amenaza contra los defensores de los derechos humanos. Se trata de una amenaza contra los activistas por la democracia”, afirmó Frank La Rue, defensor de los derechos humanos, que asistió el lunes al velatorio de Solórzano Foppa, en el que se exhibían retratos del abogado asesinado.
El asesinato de un exfiscal que se expresaba abiertamente y que había desafiado públicamente a poderosos grupos de interés conmocionó al país y reavivó el debate sobre la penetración de las redes criminales en las instituciones del Estado.
Los expertos señalaron que las redes criminales han reforzado su influencia en los últimos años, a medida que se han debilitado los esfuerzos anticorrupción y las instituciones encargadas de combatir la impunidad. Estos temas probablemente ocuparán un lugar central en las elecciones de junio de 2027, cuando Guatemala elija al sucesor del presidente Bernardo Arévalo.
Para muchos guatemaltecos, esto les recordó el asesinato en 1998 del obispo Juan José Gerardi, golpeado hasta la muerte dos días después de presentar un informe que documentaba las atrocidades de la guerra civil del país, y despertó el temor a que la violencia vuelva a utilizarse contra figuras prominentes que critican a grupos poderosos.
Según algunas organizaciones internacionales de derechos humanos, más de 100 antiguos fiscales, jueces, periodistas y defensores de los derechos humanos han abandonado Guatemala en los últimos años, tras denunciar la corrupción o los presuntos vínculos entre las estructuras estatales y las redes criminales.
Las autoridades no han establecido el motivo del asesinato de Solórzano Foppa. Sin embargo, exfuncionarios y diplomáticos señalaron que el caso ha intensificado la preocupación por la capacidad de los grupos criminales para intimidar o silenciar las voces críticas.
“Guatemala no puede volver a ser un país donde defender la democracia cueste la paz, la libertad o la vida”, escribió Arévalo en redes sociales.
Esta semana, tras el asesinato de Solórzano Foppa, un reconocido abogado que también había denunciado la corrupción política afirmó haber recibido amenazas de muerte. El miércoles, Arévalo condenó las amenazas contra el abogado, Edgar Ortiz.
La corrupción ha sido un importante desafío institucional en Guatemala durante décadas. Entre 2007 y 2019, la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), respaldada por la ONU, ayudó a investigar la corrupción y las redes de delincuencia organizada dentro del Estado, incluidos casos que condujeron a la dimisión y posterior enjuiciamiento del entonces presidente Otto Pérez Molina y de su exvicepresidenta, Roxana Baldetti.
“SE HA CRUZADO LA LÍNEA ROJA”
En unos vídeos publicados en Facebook, TikTok e Instagram, y vistos por Reuters, Solórzano Foppa alegó que existían vínculos entre el líder del Barrio 18, Aldo “El Lobo” Ochoa —que cumple penas de prisión que suman más de 1.600 años— y personas cercanas a la dirección del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), encabezado por la ex primera dama Sandra Torres. Reuters no ha podido verificar de forma independiente estas acusaciones.
Desde la salida de la CICIG en 2019, grupos de derechos humanos, fiscales y observadores internacionales han denunciado retrocesos en la lucha contra la corrupción. El presidente Arévalo, que asumió el cargo en 2024 con la promesa de abordar el problema, ha reconocido las dificultades para impulsar reformas y desmantelar las estructuras acusadas de corrupción.
Solorzano Foppa, exdirector de la SAT (Administración Tributaria de Guatemala), también denunció vínculos entre redes criminales, figuras políticas y sectores del sistema judicial, aunque las acusaciones no dieron lugar a procedimientos judiciales.
La UNE declaró a Reuters en un comunicado que “estas denuncias no llegaron a comprobarse y no deben presentarse como hechos acreditados”.
La Fiscalía General no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. El domingo, tras el asesinato, declaró en un comunicado que “y (para) garantizar el debido proceso, el Ministerio Público no divulgará detalles adicionales sobre los elementos recabados ni sobre las líneas específicas de investigación”.
Las autoridades no han identificado quién ordenó el asesinato. La Organización de los Estados Americanos y las Naciones Unidas han pedido una investigación exhaustiva.
Las redes criminales de Guatemala abarcan desde pandillas y narcotraficantes hasta estructuras que involucran a exfuncionarios y miembros de las fuerzas de seguridad. Analistas señalan que algunas han conservado influencia sobre las instituciones estatales, mientras que grupos armados como Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS-13) siguen involucrados en la extorsión y el control territorial.
Un exfuncionario del Gobierno, que no estaba autorizado a hablar públicamente, afirmó que personas con información privilegiada acudían a Solórzano Foppa con datos que no se atrevían a revelar por sí mismas, lo que lo convertía en un canal para las denuncias procedentes de instituciones del Estado. Sus asesinos “no dejaron huella”, señaló el antiguo funcionario, lo que complica la investigación.
“Muchos tenemos ese temor de que se ha cruzado una línea roja”, afirmó Stephen McFarland, exembajador de Estados Unidos en Guatemala entre 2008 y 2011. “De volver al asesinato político para tratar de saldar cuentas y para tratar de proteger las ambiciones y la plata de algunos”.
Entre ellas se encuentran los denominados CIACS, o Aparatos Clandestinos Ilegales de Seguridad, redes vinculadas a antiguas estructuras de seguridad que, según los expertos, conservan influencia política y económica. Guatemala es también un importante corredor de tráfico de drogas hacia Estados Unidos, donde grupos asociados al Cartel de Sinaloa y al Cartel de Jalisco Nueva Generación de México operan a través de redes criminales locales.
(Reporte de Sofía Menchú en Ciudad de Guatemala y Diego Oré en Ciudad de México; Editado por Cassandra Garrison y Aurora Ellis)
